apenas ha comenzado el año y son ya diez las mujeres víctimas de asesinatos machistas. No consta que hubiera interpuesta denuncia previa, lo que demuestra la falta de confianza en los servicios públicos de las mujeres maltratadas, algo que no debería extrañar ante el despiste generalizado que provocan los discursos de una extrema derecha envalentonada, dispuesta a barrer todo lo que huela a igualdad y dignidad. A cualquier gobierno medianamente responsable se le debería caer la cara de vergüenza por retirar ayudas a proyectos de erradicación de la violencia machista, como denunciaron ayer miles de personas en Sevilla, tras los asesinatos de mujeres en Lugo y Granada. Coincide todo ello con los resultados de un riguroso estudio realizado en Catalunya que concluye que un mayor estatus de ellas, bien por no depender económicamente de sus parejas o por estar más formadas, aumenta las probabilidades de que sean víctimas de hombres que no soportan verse superados. Para llegar a esta conclusión se ha estudiado a todos los condenados en Catalunya por violencia de género entre 2010 y 2014, lo que supone un historial delictivo de 7.000 agresores. El problema aumenta cuando estos borregos llegan a las instituciones, como para que ellas confíen luego en los servicios públicos.
