Y la ley del ‘solo sí es sí’, sin tocar

– Se ha cumplido ya un mes desde que la parte socialista del Gobierno español aparentara que había llegado al non plus ultra y anunciara su intención de reformar la ley del solo sí es sí para tapar el brutal agujero que estaba rebajando a manta condenas de violadores y pederastas. Y este es el minuto en que ni siquiera cabe decir que estamos donde estábamos, porque si entonces el marcador hablaba de un centenar largo de agresores sexuales beneficiados por la pifia que llevaba de serie la norma, hoy el siniestro tanteador registra 721 rebajas de pena y 74 excarcelaciones de vellón. No es un dato por elevación sacado de la sobaquera de algún malvado heraldo del heteropatriarcado. Es el que ha validado el Consejo General del Poder Judicial a partir de los correspondientes informes de los diferentes tribunales que han dictado las sentencias revisadas. Estamos hablando, mucho ojo, del 90% de las instancias judiciales de varios niveles –Audiencias provinciales, Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y hasta Tribunal Supremo– del Estado.

Lo niegan todo

– Pese a lo apabullante de las cifras y lo fácilmente de acreditar su veracidad, el inmenso insulto es que la ministra de Igualdad, la secretaria de Estado de lo mismo y la (nominalmente) delegada del Gobierno contra la violencia de género –que, para más inri, es jueza– porfían que esos números son una invención y se ciscan en la puñetera calavera de quienes los difunden. En flagrante contradicción, añaden inmediatamente la manida cantinela: todas esas decisiones las han tomado jueces fascistas y machistas que deberían ser depurados y/o reeducados. ¿En serio? ¿Del 90% de los órganos que imparten Justicia? ¿Miembros de asociaciones progresistas, conservadoras y entreveradas o no alineados con ninguna?

¿Y las víctimas?

– Suma y sigue en gravedad negacionista y totalitario talante censor, Montero, Rodríguez Pam y Victoria Rosell nos instan a los periodistas a no hacernos ecos de las rebajas y excarcelaciones “para no crear alarma social”. Un paso más allá de desparpajo, falta de empatía o, directamente, inhumanidad, Rosell se permitió cuestionar la ética de poner ante las víctimas un micrófono para que expresaran su desazón y su impotencia. Si todo esto ocurriera en un contexto mínimamente racional, ninguna de las tres personas arriba citadas seguirían en su puesto. Pero resulta que hay un bien mayor, muy por encima de la brutal injusticia hacia las víctimas, que es mantener la coalición de gobierno. O sea, el poder. Es decir, los cargos. Lo demás, ya tal. l