Editorial

Modernizar o no el Estado

15.06.2022 | 00:54

La mayoría de PSOE, PP y Vox en el Congreso se ampara en un escueto informe de los letrados de la Cámara sin razonamiento jurídico para no acotar la inviolabilidad del rey a su esfera pública

No parecía haber espacio a un cambio de actitud de los partidos mayoritarios en el Estado, PSOE y PP o de la ultraderecha de Vox en relación al necesario control judicial de las actuaciones privadas del jefe del Estado, como en cualquier democracia moderna. La iniciativa parlamentaria del PNV que instaba a matizar, mediante una ley de desarrollo, el Título II de la Constitución, que consagra la inviolabilidad del rey, buscaba un mecanismo de control de la actividad personal del máximo representante del Estado eludiendo la reforma del texto del 78, hasta la fecha imposible. Una breve nota de los letrados de la Cámara sin el menor análisis jurídico sirve al PSOE para eludir la incomodidad de adoptar la misma postura no razonada de la derecha. Pero el fondo del problema sigue estando en la dificultad que representa para quienes afirman su vocación de progresistas tocar los grandes tabúes del Estado: el proceso que decantó hacia la monarquía constitucional el modelo republicano violentado por los mismos que determinaron la jefatura del Estado para la dinastía Borbón y el reconocimiento de la diversidad nacional del Estado. El informe en el que se amparan en esta ocasión no es más que una nota al pie que simplifica desde una interpretación restrictiva cualquier desarrollo de la Constitución. Aplicado ese criterio a cualquiera de los aspectos legales desarrollados con posterioridad a su aprobación, los habría hecho imposibles. El mero hecho de que el texto no clarifique la dicotomía personal e institucional de la figura del jefe del Estado entra en contradicción con un Estado de Derecho moderno. El blindaje del monarca es contrario al principio que consagra la propia Constitución de que la soberanía reside en el pueblo español y no en el rey, como de hecho se explicitaba hasta el siglo XIX. Curiosamente, ese anacronismo que desmerece el propio concepto jurídico de soberanía nacional –al consagrar una flagrante excepción al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley– se utiliza en sentido restrictivo a la hora de afrontar la realidad plurinacional de las diversas comunidades sociopolíticas y culturales, negándolas como naciones periféricas. Una realidad que la derecha quiere liquidar, como acredita el intento de Ciudadanos y Vox de eliminar la diferenciación constitucional entre nacionalidades y regiones, frustrado por el Senado. l

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