a revelación hecha ayer por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de que los teléfonos móviles del presidente, Pedro Sánchez, y la titular de Defensa, Margarita Robles, han sufrido “intrusiones” tras haber sido infectados con el sistema Pegasus confirma la existencia de severos fallos en la seguridad del Estado, un alto nivel de descontrol en los organismos dedicados a prevenir, proteger y atajar estos ataques y añade aún mayor gravedad al escándalo del espionaje masivo. Lo poco que explicó ayer Bolaños produce perplejidad, honda preocupación y alarma. Que el propio jefe del Gobierno de un país y la ministra de una de las áreas más comprometidas y con mayor información sensible como es la de Defensa hayan sido espiados en sus comunicaciones y les hayan podido sustraer miles de datos de sus móviles, sin que pueda descartarse que otros miembros del Ejecutivo estén en una situación similar, es inasumible en un Estado serio, moderno, democrático y de derecho. Todas las hipótesis sobre la autoría de este grave ataque están abiertas. La inconcreta alusión a que han sido “intrusiones externas”, “ajenas a los organismos oficiales” y realizadas sin autorización judicial parece descartar al CNI, aunque no a posibles elementos incontrolados de las fuerzas de seguridad o de los propios servicios de inteligencia. No es sencillo calibrar qué puede tener mayor gravedad, si que el espionaje al Gobierno fuese obra del denominado Estado profundo o que proceda de un país extranjero o de alguna multinacional. La coincidencia de estas revelaciones con el acorralamiento que está sufriendo el Gobierno, y en especial la ministra Robles, a cuenta del Catalangate ha generado escepticismo cuando no incredulidad tanto en el independentismo como en el PP. Sería inaudito que el Ejecutivo recurriese a este juego sucio de tapar un escándalo con otro. En cualquier caso, el espionaje a Sánchez, Robles y los soberanistas constata la necesidad de investigar y depurar responsabilidades caiga quien caiga y, también, la obligación imperiosa de extremar los sistemas de control de las fuerzas de seguridad y del CNI tanto por parte del Gobierno y de la Justicia como, sobre todo, del Parlamento, privado hasta ahora de su legítimo derecho como representación de la soberanía popular a ejercer su labor de fiscalización, mediante la urgente creación de una comisión de investigación en el Congreso.
