l Pleno del Congreso cerró ayer, de facto, el periplo de la renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC) con el nombramiento de cuatro de sus nuevos miembros pero lo hizo en falso. En primer lugar, porque el proceso no estará completo hasta que los partidos del Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- y el primero de la oposición -Partido Popular- acuerden a su vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), único mecanismo que puede desbloquear el nombramiento de otros cuatro miembros del Alto Tribunal: dos a elección del CGPJ, entre ellos su presidente, y dos a criterio exclusivo del Gobierno. La negativa del PP a acordar la actualización del órgano de Gobierno de los jueces redunda en la manipulación de la representatividad del mismo. Pablo Casado sabe que desbloquear los nombramientos que dependen del Ejecutivo de Sánchez equivale a perder la mayoría de sensibilidad conservadora que dejó establecida cuando el PP perdió el gobierno. En segundo lugar, el modo en que se resolvió el acuerdo, solo pone en evidencia el daño que la gestión interesada de su composición sigue haciendo a la institución. Que hasta once diputados del Congreso rompan la disciplina de voto y que varias fuerzas parlamentarias -todo el soberanismo vasco, catalán y gallego, además de los no invitados al convite del acuerdo, Vox y Ciudadanos- rechacen, con su ausencia en la votación, participar en la teatralización debe hacer pensar a quienes la han instrumentado. Pensar en que un acuerdo que pretende, supuestamente, preservar al poder judicial del vapuleo constante al que se ve sometido por las actuaciones politizadas de sus altos representantes no puede reproducir el error de ser un mero reparto de afines en el que prima la identificación partidista y nítidamente ideologizada de los electos en general y de los afines al PP, Arnaldo y Espejel especialmente. Toda la fanfarria ejecutada por los de Casado ante las instituciones europeas disfrazada de protección de la independencia judicial, queda desmentida por su actitud diaria en la política estatal. El espectáculo lamentable que se proyecta extramuros desacredita cualquier pretensión de dar lecciones a las fuerzas minoritarias sobre una prioridad de salvaguardar la independencia judicial que se ha revelado inexistente.
