Editorial

Parche que evita pero no zanja el conflicto

06.06.2021 | 00:31

La resolución de medidas anticovid del Gobierno español publicada en el BOE parece dar marcha atrás al eludir el cierre del interior de los bares y dejar las medidas a una ambigua interpretación

La plasmación ayer en el BOE de la orden sobre las restricciones frente al covid-19 a aplicar en todas las comunidades autónomas en la desescalada solventa mediante una artificiosa ambigüedad lo que a todas luces es una marcha atrás del Gobierno español en la intención de imponer determinadas actuaciones sobre territorios que, como Euskadi, tienen plenas competencias para decidirlas, adoptarlas y aplicarlas. Lo que en realidad ha hecho el Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias ha sido, por una parte, obviar una de las medidas más polémicas sobre todo en la CAV, como era el cierre del interior de los establecimientos hosteleros, cuestión que no aparece en la resolución final publicada en el BOE. Por otra parte, establece que las restricciones "pueden adaptarse y contextualizarse a cada comunidad autónoma y territorio, según la evolución de la situación epidemiológica", lo que deja una vía muy abierta a la interpretación. Sobre todo, teniendo en cuenta la flagrante contradicción que, en una posible interpretación de lo estipulado, puede suponer que comunidades fuera de los niveles de riesgo estén, sin embargo, obligadas a un aforo limitado al 50% en la hostelería, mientras que otras con mayor incidencia de covid puedan "adaptar" las medidas en función de su evolución. Eso sí, todo ello bajo la expresa "obligación" a "todas las comunidades" para adoptar las medidas. La resolución de Darias parece más bien un parche improvisado para eludir el absurdo choque institucional con Euskadi y otras comunidades que tienen su propia hoja de ruta y que rechazaron la imposición de estas medidas en la Conferencia Interterritorial, cuyo sistema de funcionamiento de adoptar "recomendaciones" y siempre "por consenso" contradice en espíritu y letra las intenciones de imponer restricciones invadiendo, además, las competencias propias. Un parche que no zanja el recurrente conflicto competencial. La sensación que queda después de este pulso es que la determinación del Gobierno de Iñigo Urkullu en su negativa a aplicar medidas que no fueran las establecidas por el LABI ha doblado el brazo a otro de los continuos tics recentralizadores e impositivos del Ejecutivo de Sánchez, que in extremis –y a expensas de maniobras interpretativas nunca descartables– ha buscado una vía de salida. Sería de esperar que fuera la última vez que lo intenta.

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