ás de diez años después del anuncio del fin del terrorismo por parte de ETA y transcurridos ya cuatro años desde la disolución de la organización y la entrega de sus armas, la convivencia democrática, entendida desde su prisma ético, continúa siendo una asignatura pendiente en Euskadi, a pesar de los indudables avances desarrollados en los últimos tiempos en la sociedad vasca. Hechos y situaciones recientes como los reiterados ataques a sedes de formaciones políticas por parte de las juventudes de la izquierda aber-tzale Ernai -acciones apoyadas, justificadas, excusadas o banalizadas por el propio partido al que pertenecen-, acusadas por la Er-tzaintza de un posible delito de odio, los recibimientos -denominados ongietorris- a presos de ETA que salen de la cárcel o algunas reacciones a la asunción por parte del Gobierno Vasco de la competencia de Prisiones o al reconocimiento de las víctimas de la violencia del Estado, muestran que aún es necesario dar pasos en pos de una convivencia sólida y plena y una memoria crítica lo más compartida posible. De ahí la pertinencia del nuevo Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad Udaberri 2024 que prepara el Ejecutivo vasco y que prevé aprobar en septiembre tras un periodo de contraste social e institucional. Los antecedentes históricos respecto a las distintas iniciativas de fomento de la convivencia en nuestro país son ambivalentes. Por un lado, han sido varios los foros que han buscado -en general, desde la honestidad- puntos en común desde la diversidad y el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. Por otro, sin embargo, no se ha logrado pasar de determinados éxitos a nivel local, que, siendo importantes, precisan de un mayor impulso y desarrollo a todo el país. El insólito e inesperado -pero muy prometedor- consenso alcanzado en diciembre en el Consejo Vasco de Participación de Víctimas entre el Gobierno, Eudel y colectivos de víctimas como la AVT y Covite logró establecer unas bases éticas y democráticas sobre las que asentar esta convivencia, fijadas en la injusticia de todas las violencias. Es ese suelo compartido, sin exclusiones pero exigente en los principios que lo inspiran, el que debe animar todos los aspectos de este Plan Udaberri 2024, tanto en el ámbito de la convivencia como en los de derechos humanos y de diversidad en los que se basa una sociedad democrática.