a obstinada cerrazón adoptada por el presidente español, Pedro Sánchez, de hacer decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo pese a las múltiples evidencias planteadas y argumentadas por los expertos que, a la luz de los datos epidemiológicos en el Estado, desaconsejan prescindir de las medidas restrictivas bajo su cobertura jurídica va a obligar a las comunidades autónomas a actuar a contrarreloj para garantizar en la medida de lo posible la salud de sus ciudadanos. A solo cinco días de que la alarma deje de estar en vigor y si tras las elecciones de hoy en Madrid Sánchez sigue empecinado en no reconsiderar su posición -al fin y al cabo, la decisión del líder socialista tiene un carácter estrictamente político-, y no ofrece tampoco una alternativa válida y viable con garantías ante los tribunales, el lehendakari ha decidido una vez más tomar la iniciativa y aprobará antes del viernes un decreto con vocación de cubrir ese vacío legal. A ello obligan tanto la situación de la pandemia en Euskadi como la táctica cortoplacista del Gobierno español. Aunque la CAV comienza a dar señales de un cambio de tendencia en cuanto a la incidencia del covid-19, sería irresponsable prescindir de las medidas que han ayudado a contener al virus. La lenta bajada de los indicadores no va a mitigar el fuerte impacto que el pico de contagios está teniendo y aún va a tener sobre la presión hospitalaria -en especial, en las UCI- al menos durante dos semanas más. Estos datos muestran que aún es demasiado pronto para levantar algunas restricciones, como el toque de queda o las limitaciones de movilidad o de horarios, que resultan eficaces para frenar los contagios pero que sin la cobertura del estado de alarma quedan -como se ha comprobado estos meses- al albur de la interpretación de los jueces. Sin embargo, las constantes peticiones realizadas por Iñigo Urkullu a Pedro Sánchez desde hace ya varios días parecen haber caído en saco roto. Euskadi no puede quedar inerme frente al virus y necesita herramientas eficaces. El nuevo decreto -que deberá estar jurídicamente muy bien fundamentado en virtud de las competencias propias de la CAV- mantendrá restricciones como la de la movilidad entre cuatro y seis semanas más, un tiempo que se antoja imprescindible para estabilizar la situación y proteger la salud pública, obligación de cualquier gobernante responsable.