solo unos días del inicio de agosto, catalogado como mes no hábil en el Congreso de los Diputados, y de las vacaciones de Pedro Sánchez y sus ministros, también a punto de finalizar el mes de julio, en cuya primera semana la vicepresidenta Carmen Calvo se comprometió a convocar la Comisión Mixta de Concierto Económico para acordar los márgenes de déficit y deuda con que el Gobierno Vasco podría contar para elaborar sus presupuestos; la inobservancia por el Ejecutivo PSOE-Podemos de los compromisos adquiridos presenta ya características de amenaza a las propias reglas que marcan la relación entre Euskadi y el Estado. Una relación que, en virtud del propio Concierto y de los preceptos del denominado bloque de constitucionalidad, distingue a las dos comunidades de régimen foral -la CAV y Navarra- por su especificidad fiscal y la bilateralidad a la hora de determinar concordancias, discrepancias y vínculos con las políticas económicas diseñadas desde el Gobierno estatal. Tanto es así que la propia denominación de “régimen común” para el resto de comunidades define esa singularidad foral que, sin embargo, Sánchez parece pretender ahormar dentro de sus disposiciones generales a través de la ignorancia de las reglas del juego y una política de hechos consumados. La no efectividad de los acuerdos de investidura y parlamentarios y, peor si cabe, el incumplimiento de las leyes que rigen en la relación Euskadi-Estado pertenecen a la primera. La convocatoria este próximo viernes de la conferencia de presidentes autonómicos en el monasterio de Yuso, en la localidad riojana de San Millán de la Cogolla, con el análisis del reparto del fondo de recuperación europeo de 140.000 millones de euros, 72.700 en transferencias directas no reembolsables, es parte de la segunda. Y que las franquicias vascas de los partidos coaligados en el Gobierno español sitúen su énfasis precisamente en la participación del lehendakari Urkullu en dicha conferencia, que ni es obligación explícita ni forma parte de la tradición de los hechos, mientras no exigen al presidente Sánchez un escrupuloso respeto a las leyes que, derivadas de los derechos históricos forales, rigen la bilateralidad entre Euskadi y el Estado, retrata tanto el orden de sus prioridades entre las necesidades de la sociedad vasca y su obediencia política a la estructura estatal como el nivel del compromiso con el autogobierno de Euskadi.