a oferta y la demanda son parámetros del mercado que costó muchos años de desarrollo del pensamiento humano y posicionamiento ético desterrar del ámbito de los derechos. El de la salud es ahora mismo el que más conscientemente demandan tener satisfecho por razones obvias. La crisis sanitaria provocada por un coronavirus no tiene precedente. No por su mortalidad, que comparativamente es superior a otras enfermedades cronificadas pero sensiblemente menor que otros brotes virulentos más concentrados geográficamente pero más letales en sus efectos. La globalización del sentimiento de amenaza es un fenómeno cuya dimensión en estos momentos nadie pudo prever pero que constituye una prueba severa de que los modelos de protección social y sanitaria de todo el mundo reciben una exigencia de respuesta superior a cualquier otro momento precedente; bien porque se carecía de ellos, bien porque las expectativas sobre su capacidad de respuesta eran menores. En pleno siglo XXI, la demanda de una solución a la amenaza del COVID-19 es elevadísima, tanto en su vertiente de tratamiento como en la de vacunación, descartado el coste humano de la protección “de rebaño” y el fracaso evidente de quienes han apostado por ella (Reino Unido, Suecia, Estados Unidos...). Esta demanda conlleva el riesgo de quedar al albur de la autorregulación del mercado. Ahí, los recursos productivos son fundamentales en cuanto a capacidad de responder a la demanda, pero también lo son la disponibilidad de patentes que permitan acceder a tratamiento o a vacuna. Una dejación en estos aspectos tanto en el ámbito interno como, sobre todo, en el internacional, derivará inevitablemente en ciudadanos de primera y de segunda cuyo derecho a la salud vendrá determinado por circunstancias geográficas y económicas. Efectivamente, más o menos como ahora. El paso dado por la administración estadounidense de acaparar toda la producción de Remdesivir -el primer fármaco aprobado para combatir el coronavirus- es una señal de alarma. A EEUU los 500.000 tratamientos adquiridos -la producción del fármaco hasta final de septiembre- le permitiría tratar a un 20% de sus infectados tras la decisión de obviar los riesgos adoptada por la misma Administración que simula ahora una acción resolutiva. Cuando llegue la vacuna no puede estar sometida a la especulación económica ni política.