a nueva resolución del Gobierno español de endurecer aún más las medidas adoptadas hace quince días en el estado de alarma y que supone una mayor limitación de movimientos que implica la paralización de toda actividad económica “no esencial” es una decisión inédita, extraordinaria, delicada y arriesgada. No cabe duda de que los datos diarios sobre la incidencia de la pandemia de coronavirus en el conjunto del Estado son angustiosos y preocupantes. Aunque ayer mismo el coordinador de emergencias del Ejecutivo, Fernando Simón, se esforzó en trasladar el mensaje de que se está llegando al pico de la curva de la pandemia, lo cierto es que el número de muertos -832 en las últimas 24 horas, con un total de 5.690- y de contagiados detectados -más de 72.000- son estremecedores. Ello ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a contradecirse a sí mismo y prohibir a partir de mañana y hasta el 9 de abril todas las actividades que no se consideren imprescindibles. En primer lugar, cabe destacar que, una vez más, la decisión ha sido tomada de manera unilateral, algo impropio de un Estado autonómico y descentralizado. El propio Simón reconoció ayer que algunas zonas del Estado han podido superar ya el pico de la pandemia. En otras, parece haber existido un inusual aumento de la mortandad en los últimos días. Todo ello indicaría que la incidencia y, sobre todo, la forma en que se ha enfrentado la enfermedad es muy distinta en cada comunidad autónoma. También la estructura económica y empresarial. Y en Euskadi, la paralización de la industria puede tener unos efectos demoledores de cara al futuro, lo que sin duda repercutirá en la velocidad y fortaleza de la recuperación tras la crisis y, por supuesto, en el empleo. Por todo ello, resulta cuando menos sorprendente y no suficientemente explicada ni concretada la parálisis decretada por el Gobierno Sánchez, que hasta ahora se afanaba en argumentar que era innecesaria. Si es cierto lo que apuntaba ayer el PNV, esta medida estaba descartada por el propio Ejecutivo el día anterior (viernes) y fue trasladada a los agentes sociales apenas unos minutos antes del anuncio del presidente español. Sánchez tiene la obligación moral y política de despejar las cada vez más lógicas dudas de que esté actuando en este grave asunto a golpe de improvisación.