Editorial

Sentencia según San Mateo

La sentencia del ‘caso De Miguel’ rechaza cualquier vínculo partidario pese a que se ha tratado de convertir el procedimiento, excedido en el tiempo y su consideración delictiva, en un juicio político

18.12.2019 | 11:22

El primer apunte a la sentencia que la Audiencia Provincial de Álava dio a conocer ayer con la condena de quince de los 26 acusados -doce a penas de cárcel y tres a inhabilitación- en el denominado caso De Miguel por asociación ilícita, cohecho, malversación y tráfico de influencias entre otros delitos es que está sujeta a recurso ante el Supremo, por lo tanto no es firme, y llega tras un procedimiento ya dilatado en exceso que retrotrae hasta Séneca: "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía". No en vano, durante los diez años transcurridos desde que Ainhoa Alberdi presentó la denuncia, todo el caso, la investigación de la Fiscalía y las filtraciones de la misma han venido siendo utilizados políticamente en constatable y curiosa coincidencia con disputas electorales, tratando de convertirlo en un juicio, siquiera mediático, contra el PNV, lo que aún pretenden determinadas fuerzas políticas que no han sacado aún la viga de su ojo (San Mateo 7, 1-5) y pretenden hurgar en la paja del ajeno. Rechazado esto por la propia sentencia, en la que la magistrada Elena Cabero especifica que la red societaria tenía un carácter "individual" y ajeno a estructuras partidarias, se precisa en todo caso la máxima rotundidad ante actitudes reprobables y absolutamente opuestas a lo que se exige de quienes tienen la responsabilidad de representar a la sociedad y trabajar en su beneficio. Que el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, así lo manifestaran en público nada más darse a conocer la sentencia y además pidieran disculpas a los ciudadanos por no haberlas podido evitar, da continuidad a la novedosa y rotunda diferencia respecto a otros casos y partidos que hace una década supuso la inmediata reacción de los jeltzales en la exigencia de responsabilidades internas a los entonces acusados. No cabe olvidar que las condenas se establecen en la sentencia en virtud de delitos que solo pueden cometerse desde cargos públicos a los que se llega por la confianza que el partido traslada en respuesta a la que a su vez recibe de los ciudadanos. Y que, por tanto, quienes los alcanzan y desempeñan con el objetivo del beneficio personal defraudan al partido que les ha designado y a la institución a la que representan, convertidos como toda la sociedad en víctimas de sus manejos.