frente a la política irresponsable en relación al medio ambiente que el Gobierno de Sánchez, a cuya cabeza se encuentra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha realizado provocando un efecto muy negativo en el sector del automóvil, el Gobierno Vasco ha demostrado una vez más que la sensatez y la prudencia es un valor muy importante a tener en cuenta en los tiempos en que vivimos. Por eso desde el Ejecutivo de Urkullu se propugna que el proceso para incrementar las medidas de protección del hábitat y la lucha contra el cambio climático deben hacerse de manera ordenada para evitar que se generen daños colaterales innecesarios en la industria que, en el caso de Euskadi, supone casi el 25% de su PIB.
La necesidad de hacer compatible la transición ecológica con el respaldo a sectores que puede verse amenazados en este proceso es lo que ha provocado que el Gobierno Vasco haya puesto en marcha un nuevo Plan Renove, tras el éxito que tuvo la edición del año pasado, con el objetivo de retirar de las carreteras a los coches de más de diez años de antigüedad y que son los que más contaminan, con un presupuesto inicial de cinco millones de euros.
Frente a discursos grandilocuentes como los de "el diésel tiene los días contados" o los anuncios de prohibir la circulación de los coches de combustión para el año 2040 y de aumentar los impuestos al gasoil para equiparar su precio al de la gasolina, cuya autoría lleva la firma de Teresa Ribera, el Gobierno Vasco ha tomado la iniciativa de llevar a cabo una transición ecológica ordenada con el triple objetivo de apoyar a los consumidores, a la industria del automóvil y al medio ambiente. Una demostración palpable de las grandes ventajas que genera el autogobierno en los ciudadanos vascos cuando se actúa desde la determinación y conocimiento de la realidad.
Curiosamente, esa forma tan frívola de hacer política ha sido premiada con el nombramiento de la ministra Ribera como vicepresidenta cuarta del reciente gabinete de Pedro Sánchez. Una designación que no parece que sea del agrado de las empresas ligadas al sector del automóvil, desde las acerías, los fabricantes de componentes hasta las petroleras, tal y como quedó de manifiesto recientemente, en un acto celebrado en Vitoria-Gasteiz. Las durísimas críticas que se lanzaron contra la ministra Ribera por esos anuncios realizados en la pasada legislatura y la falta de política industrial que ha demostrado hasta ahora el Gobierno de Madrid fueron la demostración más palpable de la gran preocupación e inquietud que existe en el sector del automóvil.
Mientras, el Gobierno español permanece en el laberinto de su inacción y sin dar respuesta al sector de la automoción, que es clave en la industria del Estado y que está viendo cómo sus ventas están descendiendo debido, por un lado, a la incertidumbre que tienen los consumidores a la hora de comprar un coche de combustión o no, y por el otro, por los altos precios que todavía tienen los eléctricos que no hacen atractiva su compra a lo que hay que añadir la falta de infraestructuras necesarias para su utilización. En 2019 las ventas de vehículos nuevos en el Estado cayeron un 4,8% respecto al año anterior, aunque en Gipuzkoa el descenso fue más moderado, con una bajada del 1,81%, la primera desde hace siete años.
El nuevo Plan Renove del Gobierno Vasco, aunque en sí mismo es una buena noticia, sin embargo se queda corto en su presupuesto y debería duplicar en cinco millones de euros más las ayudas a los conductores para el objetivo que persigue que es achatarrar y retirar de las carreteras los vehículos de más de diez años y, con ello, renovar el parque de automóviles de Euskadi. Sobre todo cuando había más recursos económicos en las partidas destinadas al fomento del ahorro energético.
La rebaja de las ayudas a la adquisición de vehículos de gasolina o diésel, que en 2019 fueron de 2.000 euros frente a los a 1.000 actuales, y que el año pasado significaron el 62% del total de las subvenciones concedidas, puede aminorar de alguna manera la necesaria renovación del parque de coches, a pesar de que desde el Gobierno Vasco se afirma que ese recorte tiene como objetivo duplicar el número de beneficiarios, pasando desde los 2.500 del año pasado a los 5.000 que prevén para esta edición.
Sea como fuere, lo cierto es que la venta de coches de segunda mano o de ocasión supuso el año pasado el doble de la de vehículos nuevos. En concreto, el 51% de las ventas correspondieron a coches de más de diez años de antigüedad, un dato revelador que pone de relieve el gran reparo que tienen los consumidores a la hora de adquirir un coche nuevo ante la situación de incertidumbre que han generado los mensajes alarmistas y demonizadores del diésel que lanzó en julio de 2018 la ahora vicepresidenta Teresa Ribera.
Asimismo, esta nueva edición del Plan Renove podría favorecer mucho más el aumento de los coches sostenibles si a los compradores de vehículos eléctricos o híbridos enchufables se les exigiera la entrega del coche que disponen para su achatarramiento, como ocurre en el caso de los conductores que elijan automóviles de combustión tanto diésel como gasolina. En general, la intención del comprador de un coche eléctrico, que todavía tiene un precio caro, es contar con un vehículo adicional, al tener ya otro automóvil que por regla general superará los diez años de vida. En definitiva, una buena medida que se queda corta en su presupuesto y que, salvo algunas cuestiones, ha contado con el consenso del sector de los concesionarios de automóviles de Euskadi. l
