l final, el Estado de Derecho -hagamos derroche innecesario de mayúsculas- era esto. Ante los mismos hechos, varios tribunales superiorísimos toman decisiones no ya diferentes sino diametralmente opuestas. Es como si dos equipos médicos de élite diagnosticaran un catarro o un cáncer a la vista de síntomas idénticos y recetaran en consecuencia: unas juanolas o quimioterapia agresiva. Sería algo de todo punto inadmisible que conllevaría un severo castigo a los galenos que hubieran metido la pata.

En el caso de los dictámenes de sus ilustrísimas e intocables señorías, sin embargo, te tienes que comer la matraca de rigor: eso es lo bonito del hecho jurídico, que no hay una única interpretación. Lo pistonudo es que te lo dicen como si no fuera un escándalo de proporciones cósmicas que según qué tipos y/o tipas con birrete te hayan caído del cielo, tienes barra libre para hacer lo que te salga de entre las ingles -caso de la CAV- o debes acogerte a ciertas normas lógicas cuando todavía la pandemia no se ha ido, incluso aunque exhibas cifras sanitarias muy razonables como en Valencia o Baleares.

El remate es tener la absoluta certeza (porque el individuo que la ha dictado ni siquiera disimula) de que la resolución no se ha tomado atendiendo a la legalidad vigente sino a pulsiones puramente personales.