Tras suu enmienda en el Senado lanzando un torpedo a la línea de flotación del desarrollo del autogobierno vasco, el PP vasco ha secundado cual mera franquicia del PP estatal de Pablo Casado una tesis política que parece olvidar que el autogobierno ha sido una herramienta clave para el desarrollo y la prosperidad del País Vasco anclada en el respeto a la legalidad y a los procedimientos establecidos. El comportamiento político del PP queda anclado en la ocurrente idea de que estamos ante una “interpretación nacionalista de las transferencias” (afirmación frente a la cual cabe invitarles a que comprueben cuál ha sido el posicionamiento del resto de fuerzas políticas vascas , todas sin excepción salvo ellos, ante al tenor de la enmienda aprobada en el Senado). Su inédita reclamación de incumplimiento directo de una ley orgánica busca sin rubor alguno la provocación, a riesgo de sacrificar en el altar de la notoriedad las bases de la convivencia democrática.
La exposición y defensa de la Moción afirma sin base jurídica alguna que las competencias vascas pendientes son poco menos que un regalo, que divide España y que sienta la desigualdad entre españoles. Por si fuera poco, su líder Pablo Casado se permite erigirse en intérprete supremo y auténtico de la Constitución, al proponer castigar competencialmente a las Comunidades Autónomas “desleales” (sic), desplazando así de un plumazo al Tribunal Constitucional y convirtiendo sus directos designios políticos en factor delimitador de los buenos y los malos españoles.
No hay que caer en su calculada provocación; hay que tratar de hacer pedagogía social con argumentos frente a sus exabruptos y ocurrencias. El mensaje constructivo frente a esta beligerancia dialéctica que muestra en realidad la endeblez de sus argumentos debería hacer especial hincapié en la necesidad de profundizar en la mejora de nuestro Autogobierno, para poder así contar con las debidas garantías de que la capacidad normativa de las instituciones vascas no se verá limitada por la aprobación de leyes básicas que en la práctica han venido minando la capacidad real para desarrollar políticas públicas integrales y proteger normativamente su núcleo troncal, ante la evidencia de que los árbitros que dirimen los litigios (tribunales) no son imparciales.
Para evitar caer en la tentación de contestar con el corazón y no con la cabeza a los ataques frontales a nuestro autogobierno lanzados desde este brote de rancio españolismo sectario y bronco merece la pena atender a los pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional (TC), que permiten mostrar las debilidades y la ausencia de todo fundamento en los constantes y reiterados ataques a nuestro autogobierno.
Frente a los tópicos que limitan y encorsetan el debate dentro de los habituales “lugares comunes” de discusión política, como el recurso a los conceptos de “agravio”, “privilegio”, “construcción artificiosa” y demás “regalos” dialécticos dirigidos contra nuestras instituciones cabe recordar ésta asentada orientación del TC:
El propio TC ha reconocido que el concepto de “Derechos históricos” es una cuestión que trasciende de mera legalidad ordinaria y que existe un nivel expreso de protección constitucional de la singularidad vasca. Frente a infundados ataques, es claro que tenemos base competencial para conservar, modificar y desarrollar de forma actualizada nuestro autogobierno. Éste es nuestro reto de futuro frente a provocaciones dialécticas sin fundamento.
