Las pensiones y el IPC

De momento, todos los partidos (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, PdeCAT, PNV y ERC) coinciden como norma general, que la revalorización de las pensiones debe estar referenciada a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) con el fin de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Partiendo de esa premisa hay otras formaciones como el PP, Ciudadanos y PDeCAT que plantean la incorporación de otros indicadores en el cálculo que garanticen el poder adquisitivo de los pensionistas en función de la coyuntura económica como pueden ser la evolución del PIB y de los salarios.

La utilización del IPC como referencia para actualizar cada año las pensiones tiene como ventaja que es uno de los indicadores económicos más objetivos e incorpora un elemento que es importante como es el de ofrecer una seguridad. Pero ello no quiere decir que sea el mejor porque se puede dar el caso de que los otros parámetros que se ponen de referencia tengan un comportamiento mejor que el tradicional por efecto de las coyunturas económicas.

A día de hoy, mientras el IPC se sitúa en un 2,1% por efecto del alza de los precios registrado el pasado mes de mayo, como consecuencia del encarecimiento del petróleo, muy lejos del 1,6% previsto para el final de 2018, sin embargo, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español se mantendrá en el 2,7%, mientras que los salarios, según las conversaciones que están manteniendo la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, pueden registrar una subida marco del 2% más un punto dependiendo de la situación de los sectores y de las empresas.

Curiosamente, esa importante subida del 2,1% del IPC registrada en mayo ha hecho que, sin aprobarse aún los Presupuestos del Estado, los pensionistas hayan perdido poder adquisitivo ya que el incremento previsto en las cuentas del Estado para este año es del 1,6%, lo que significa una diferencia negativa de medio punto. Habrá que esperar a ver la evolución de ese índice en los próximos meses. De hecho, el Banco de España está advirtiendo ya de la existencia de un creciente riesgo de una elevada inflación por el encarecimiento del petróleo.

Precisamente, la aplicación de esos indicadores correctores distintos al IPC que garanticen el poder adquisitivo de los pensionistas no tienen por qué tener un componente negativo como respuesta a ciclos económicos adversos, sino que pueden tener una función de contrapeso y de corrección importante de comportamientos no previstos en el seno de la mesa de diálogo social, en donde participan empresarios y sindicatos y que debe servir de referencia al Gobierno.

El problema está en que los sindicatos no quieren ni siquiera plantearse esa posibilidad, por lo que supondría adquirir una responsabilidad en la que no están dispuestos por razones históricas y culturales. Pero el dilema está en buscar nuevas fórmulas que eviten la congelación de las pensiones que decretó el año 2010 el PSOE, cuando José Luis Rodríguez Zapatero estaba en La Moncloa, o el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que implantó el PP del expresidente Mariano Rajoy, que ha determinado incrementos del 0,25% anual de las pensiones desde el año 2014.

La coincidencia de todos los partidos a favor de actualizar las pensiones en base al IPC, que se observó en la reunión del pasado martes de la comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, ha puesto en evidencia la dejación que el PP ha hecho de sus posiciones al abandonar el IRP -que era un parámetro no ligado a los precios sino a la suficiencia financiera del sistema de pensiones-, para volver a abrazar el IPC como elemento referencial para la actualización de las pensiones.

Una gran parte del origen de esta caída de Saulo que ha protagonizado el PP está en la gran presión que el PNV -en donde el diputado por Gipuzkoa y miembro de la Comisión del Pacto de Toledo, Iñigo Barandiaran, tuvo un papel muy importante-, ejerció al partido de Rajoy al condicionar su apoyo a los presupuestos del Estado con la inclusión de partidas económicas destinadas a subir las pensiones de acuerdo al IPC de los años 2018 y 2019, estimado para este ejercicio en un 1,6%. Hay que recordar que semanas antes del acuerdo con el PNV, Rajoy se negaba en redondo a subir las pensiones y afeaba al resto de las formaciones políticas por defender esta reivindicación, al entender que se trataba de una instrumentalización política.

Este cambio obedece de manera importante a la estrategia que está desarrollando el PSOE de tumbar toda la arquitectura normativa desarrollada por el PP en los años que ha estado en el poder, sobre todo en asuntos sociales y de libertades públicas. En este sentido, el PSOE persigue por razones de estrategia política aparecer ante la opinión pública como el partido que ha hecho desaparecer el nefasto 0,25% y ha recuperado el IPC como garantía de normalidad en el mantenimiento del poder económico de los pensionistas.

Sin embargo, en este escenario hay una mancha negra que se llama Octavio Granado, al que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, acaba de nombrar secretario de Estado de la Seguridad Social. Un cargo que repite, ya que lo ocupó durante los años 2004 y 2011, con gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que el ministerio cambió tres veces de titular con Jesús Caldera, Celestino Corbacho y Valeriano Gómez. Siete años de gobierno socialista en los que se produjeron las reformas estructurales más importantes hasta entonces llevadas a cabo en el sistema público de pensiones.

Con Granado como secretario de Estado de Seguridad Social, se congelaron las pensiones en 2011 y se retrasó de forma paulatina la edad legal de jubilación, de los 65 a los 67 años. El periodo exigido de cotización para cobrar la pensión, en función de los años cotizados, pasó desde los 35 a los 37 ó 38 años y seis meses. También hay que recordar que con Granado el periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión pasó de los 15 a los 25 años.

Con este escenario, en el que tanto el PP y el PSOE han modulado de manera importante sus posiciones iniciales, la posibilidad de un acuerdo en el seno de la comisión del Pacto de Toledo puede parecer más cercana. Un acuerdo que debe servir de recomendación para su aplicación por parte de empresarios y sindicatos en la mesa de diálogo social que luego tendrá base de texto legal por iniciativa del Gobierno. Es urgente que se establezca cuanto antes una solución estable en el tiempo a la actualización de las pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo y se garantice la suficiencia del sistema que parte de un problema estructural derivado de unas cotizaciones muy bajas como consecuencia de unos salarios también bajos. Debe ser prioritario porque es una parte importante del estado de bienestar.