Aunque pueda parecer algo novedoso, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar la guerra comercial a la Unión Europea, México y Canadá, aumentando en un 25% y en un 10% los aranceles del acero y aluminio, respectivamente, no supone ningún salto cualitativo importante en el nivel de proteccionismo que muchos países llevan realizando en la defensa de sus intereses económicos.

La diferencia de Trump es que dice en alto lo que Estados Unidos y otros países, varios de ellos europeos, llevan haciendo a la chita callando y de manera sutil desde hace mucho tiempo.

A pesar de que las medidas de Trump van a afectar de manera importante al sector del acero y aluminio que se fabrica en Euskadi, hay otras empresas como CAF para quien el nacionalismo económico que preconiza el magnate norteamericano no va a tener efectos porque esa circunstancia ya la ha sufrido con anterioridad, hasta el punto de abrir una planta de producción en la ciudad de Elmira (EEUU) para acometer este mercado.

En este país, el 70% de los componentes de la fabricación tiene que ser estadounidense, siempre y cuando el proyecto se financie con fondos federales.

En Francia, es imposible que CAF pueda ganar un concurso por el proteccionismo histórico que practica el Gobierno galo que incluso ha rozado la figura de ayudas de Estado dando trabajo a una factoría de Alstom que iba a cerrar. Ahora esa situación se agravará mucho más con la fusión de la compañía francesa con la alemana Siemens que ha dado como resultante una empresa que es cuatro o cinco veces superior en tamaño a la guipuzcoana.

Hace tan solo año y medio, CAF fue víctima del dedazo del entonces presidente de Francia, François Hollande, que decidió que la SNCF (la empresa pública francesa que gestiona los ferrocarriles) eliminara a la compañía guipuzcoana de un megaconcurso para el suministro de 271 trenes regionales (cercanías) y una posible ampliación de otras 100 unidades más, por un valor de 3.000 millones de euro.

La excusa fue que CAF no tenía capacidad técnica para realizar ese proyecto en la planta que tiene en la localidad gala de Bagnéres de Bigorre, a pesar de ser la oferta más competitiva en precio, ?200 millones de euros menos que las presentadas por la francesa Alstom y la canadiense Bombardier?, y cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas.

Para ello, el Gobierno galo encargó un informe técnico cuyas conclusiones sobre la carencia de capacidad técnica o productiva suficiente de CAF para afrontar el proyecto eran las que querían tener los promotores para justificar el dedazo. La conclusión es que el consorcio franco canadiense se quedó solo para presentar su oferta, ya que la alemana Siemens se había retirado con anterioridad.

Ningún país de la UE alzó la voz para denunciar semejante ejemplo de nacionalismo económico que puso en evidencia la conculcación de las más mínimas normas del comercio internacional y las reglas de la competitividad entre empresas europeas.

No era la primera vez que el consorcio Alstom-Bombardier le birlaba con malas artes un contrato a CAF. En 2010, el Gobierno de Quebec, con el respaldo del parlamento de la región, aprobó una ley especial para proporcionar cobertura legal a la adjudicación sin ninguna licitación pública previa de un contrato para la construcción de 500 coches del metro de Montreal por valor de 925 millones de euros. Y ello, a pesar de que CAF se comprometía a respetar las exigencias del país de comprar el 60% de los componentes a suministradores canadienses y abrir una planta en Quebec con 300 puestos de trabajo.

El asunto tuvo su trascendencia política con el envío de una carta de protesta del entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, denunciando la situación.

A pesar de estos contratiempos y la competencia desleal que practican todos los países en la defensa de sus intereses económicos, incluidos los europeos, CAF sigue creciendo hasta el punto de superar el año pasado un nuevo récord en su cartera de pedidos al alcanzar la cifra de 6.265 millones de euros, tal y como manifestó ayer su presidente, Andrés Arizkorreta, en la junta general que la compañía celebró en Beasain.

CAF cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto de 43 millones de euros, lo que supone un 14% más que el año anterior y un ebitda de 180 millones, lo que supone un incremento del 33%.

Más de la mitad de los nuevos contratos se ha concentrado en países europeos, lo que evidencia la fortaleza que CAF tiene en el continente y que consolida una estrategia que inició hace varios años. Precisamente, a finales de este verano va a poner en marcha una nueva planta productiva en la ciudad de Newport (Gales) en el Reino Unido.

Pero al margen de los datos económicos y del balance de actividad, Andrés Arizkorreta se refirió ayer en su discurso a los retos que CAF se plantea en el horizonte del año 2020 en el ámbito de las personas dentro de la organización de la empresa y gestión del talento.

“Impulsar la comunicación, transformar las relaciones laborales, avanzar en la participación, adecuar el modelo organizativo de las Recursos Humanos e integrar la prevención de riesgos en la cultura de la empresa” son líneas de actuación que persiguen alcanzar una mayor eficiencia organizativa para contribuir a la consecución de los retos estratégicos de la empresa guipuzcoana.

A pesar de que CAF cuenta con una plantilla de 8.800 personas, de las que 4.000 se encuentran en Gipuzkoa, lo que le hace ser la empresa más grande del territorio, dentro del sector ferroviario mundial sus dimensiones se reducen de manera vertiginosa cuando la comparación se hace con la china CRRC, que es 25 veces mayor, o con la resultante de la fusión entre Siemens y Alstom, cuyo tamaño se multiplica por cinco.

Siendo CAF una empresa pequeña en ese escenario, sin embargo esa dimensión le permite poder ser más competitiva por los valores diferentes que tiene como el hecho de ser una compañía participada por los trabajadores, que poseen el 25% de su capital, lo que significa que los empleados están alineados con la filosofía de la compañía, y que algo menos del 40% del capital está en manos vascas, lo que supone tener la capacidad de control y un blindaje frente a intentos de compra hostiles y, en consecuencia, garantizar su arraigo en Gipuzkoa.

Arizkorreta, al margen de su filosofía de “hablar poco y hacer mucho” es un hombre que ha sudado la camiseta de CAF desde los años 90, cuando era una empresa en crisis por la marcha de sus pequeños accionistas y sometida a regulaciones de empleo durante cuatro años.

Junto con el expresidente José María Baztarrika, Arizkorreta y otros directivos consiguieron que las tres cajas vascas se hicieran con el 29% del capital y los trabajadores con un 18%, a través de la Cartera Social, una sociedad instrumental inédita hasta entonces en las empresas vascas. Un instrumento que contó con el apoyo de los cuatro sindicatos y que en su tiempo sirvió para evitar la entrada de algún competidor extranjero y garantizar su arraigo en el país.

Precisamente, CAF es el mejor ejemplo de que el modelo de participación de los trabajadores en las empresas funciona, garantiza su desarrollo y anclaje en su entorno y no es algo novedoso e inventado hace unos pocos años.

Una prueba de ello es la entusiasta participación de un grupo de trabajadores de la planta de Sidenor de Azkoitia para recibir el premio a la Nueva Cultura de Empresa que cada año concede la patronal Adegi con motivo del Día de la Empresa, para premiar la participación de los empleados en la empresa en lo que se refiere a la gestión y resultados. De momento, la propiedad no se toca.

Hace unos años hubiera sido impensable que un grupo de trabajadores asistiera a un acto organizado por una patronal con la presencia de un gran número de empresarios y directivos de compañías. Se hubiera entendido como algo contra natura.

Hoy, sin embargo, esa presencia no sorprende y llama la atención, lo que significa que las cosas han cambiado de una manera importante en el seno de las empresas.

Ese tiempo de cambio que vivimos, quizás motivado por el optimismo que muestran los indicadores económicos a la hora de dibujar un crecimiento sostenido al menos en el corto plazo, hace que en el nuevo consejo rector de Adegi, formado tras la elección como presidente de Eduardo Junkera en la asamblea celebrada el pasado miércoles, haya entrado por primera vez y como miembro de un órgano de gobierno de una patronal una empresa cooperativa como es Ampo, a través de su director general, Pablo Mendizabal.

Otro signo de los nuevos tiempos es también la presencia en ese consejo rector de sectores empresariales hasta ahora no representados, a pesar de su importancia, como es el del mundo de la cultura y edición euskaldun, a través de Elkar o del fútbol, con la Sociedad Deportiva Eibar, por medio de su presidenta, Amaia Gorostiza. Es el signo de los nuevos tiempos. l