los centros tecnológicos, al menos, Tecnalia y los siete de la alianza IK4, de los que tres se integran dentro de la Corporación Mondragon, están defendiendo a ultranza su independencia y autonomía, que residen en sus estatutos y en las decisiones de sus patronatos, frente al deseo intervencionista que el Gobierno Vasco pretende realizar con estas entidades con la creación de un Consorcio Científico-Tecnológico Vasco desde el argumento de aumentar la eficiencia en la transmisión de tecnología a las empresas y adquirir mayor relieve internacional.
Las reuniones que durante esta semana y la próxima están manteniendo los presidentes y los directores generales de estos centros tecnológicos con los responsables del área de Tecnología del departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras para ratificar de viva voz los documentos que con anterioridad han remitido al Gobierno Vasco, están poniendo en evidencia el rechazo que tiene el proyecto no ya por el carácter obligatorio de pertenencia que posee, bajo la amenaza de no seguir percibiendo recursos públicos, sino también por las muchas lagunas en su funcionamiento e idoneidad que presenta.
En estas reuniones los centros tecnológicos están poniendo de relieve sus objeciones al proyecto del consorcio presentado por el Gobierno Vasco, al tiempo que están haciendo propuestas que van desde establecer como alternativa un sistema de coordinación entre estas entidades desde el respeto a la autonomía y el tamaño de cada uno de ellos, al compromiso del Gobierno Vasco de aumentar del 25% actual al 30% la financiación no competitiva, es decir las ayudas y subvenciones que reciben desde el sector público.
En esa defensa a ultranza de su independencia y la autonomía destaca la oposición frontal a que el consorcio que pretende el Gobierno Vasco decida sobre la especialización en la investigación que deben desarrollar los centros tecnológicos, así como los mercados que deben abordar y las inversiones que deben realizar. También la creación de una marca nueva que englobe a todos los centros concita rechazo, sobre todo por parte de aquellos que ya la tienen consolidada.
Esta es una cuestión que incide de manera directa sobre las empresas clientes de esos centros tecnológicos porque, según el esquema del Gobierno Vasco, ya no podrán decidir con qué entidad quieren trabajar en función de la confianza establecida y el conocimiento mutuo como lo han hecho hasta ahora. Este es un asunto clave porque afecta a la confidencialidad con la que se trabaja en el mundo de la investigación aplicada y el desarrollo de nuevos proyectos para las empresas.
De la misma manera la discrepancia es total en la toma de decisiones de ese consorcio, sobre todo cuando se parte de que el control de los órganos de gobernanza está en manos del sector público, -50% Gobierno Vasco y 10% entre las tres diputaciones-, mientras que el otro 40% está repartido entre los 16 centros tecnológicos concernidos con un 2,5% cada uno.
La posibilidad de que alguno de los centros tecnológicos en los que el Gobierno Vasco tiene un gran control se inclinase por sus posiciones provocaría de manera indefectible la toma de acuerdos y decisiones en su favor y ahondaría aún más en la diferencia de la relación de fuerzas entre el sector público y esas entidades. De la misma forma, también se plantea que las decisiones importantes se adopten por mayoría cualificada y no por mayoría simple.
No parece procedente que todos los centros tecnológicos tengan el mismo voto cada uno de ellos, sin tener en cuenta otros elementos como son su tamaño y dimensión. En este sentido, Tecnalia por su dimensión, ya que supone aproximadamente el 35% de la red de centros tecnológicos vascos y cuenta con una plantilla de 1.400 personas, no puede tener el mismo nivel de representatividad en los órganos de gobernanza que otros centros de mucho menor tamaño.
Y frente a toda esta batería de discrepancias, algunas de ellas de fondo y con gran peso, la pregunta que hacen los centros tecnológicos al Gobierno Vasco es saber qué es lo que va a pasar con las ayudas y subvenciones que por parte del sector público reciben en el caso de que alguno de ellos decida no adherirse al consorcio. Todavía no hay respuesta.
La cuestión es muy importante porque esas ayudas -que proceden del programa Emaitek que en 2017 repartió entre los centros tecnológicos un total de 56,9 millones de euros-, no solo supone disponer de unos recursos importantes en la cuenta de resultados, sino que su percepción significa también la participación en programas europeos y, en consecuencia, obtener también una importante financiación por ese lado.
El proyecto del Consorcio Científico-Tecnológico Vasco que ha elaborado el departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras se está convirtiendo en una de las pocas iniciativas del Gobierno Vasco que ha contado hasta ahora con un mayor rechazo no solo entre los agentes concernidos, en este caso los centros tecnológicos, sino también de aquellas empresas muy vinculadas a la investigación y que realizan grandes inversiones en I+D.
La falta de búsqueda de consenso y colaboración entre todos los agentes implicados en la cadena de valor en la I+D para tratar de encontrar un modelo más inclusivo ha sido una de las grandes deficiencias de este proyecto que, desde su presentación a finales del pasado año, ha tenido más que ver con la imposición que con conocer con anterioridad la opinión de los afectados.
No solo el rechazo está en la mayoría de los centros tecnológicos, sino también en personalidades, alguna de ellas con una gran proyección internacional, vinculadas al mundo de la investigación y la ciencia, así como grupos empresariales como puede ser el caso de la Corporación Mondragon.
Su presidente, Iñigo Ucin, ha sido claro al mostrar, en unas recientes declaraciones, el malestar que en el grupo cooperativo ha provocado este estilo de actuar: “El Consorcio Tecnológico es una buena idea. Si se hace con consenso será positivo. Sin consenso, será negativo y restará. Dependerá de la letra pequeña y su aplicación. Es esencial mantener la independencia de los centros”.
De momento, solo se sabe que Azti, que centra su actividad en la investigación marina y alimentaria, está dispuesto a sumarse al consorcio desde el minuto uno cuando el pasado mes de diciembre acordó su adhesión prácticamente coincidiendo con la presentación escueta de la iniciativa, ya que su posterior desarrollo no fue conocida hasta el mes de febrero. En la misma línea podría encontrarse Neiker, un centro de investigación agraria adscrito al departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.
Falta por saber la posición que en este sentido tienen los centros Vicomtech y Cidetec que abandonaron la alianza IK4 a finales del año pasado, casi al mismo tiempo que la presentación del proyecto por parte del Gobierno Vasco.
El hecho de que estos dos centros, ubicados en el parque científico y tecnológico de Miramón de Donostia, vayan a ser visitados el próximo martes por el grupo ALDE, -que agrupa a los parlamentarios liberales y demócratas de la Cámara Europea y de la que la jeltzale Izaskun Bilbao es vicepresidenta- con motivo de la reunión anual fuera de Bruselas que van a celebrar en Donostia, a la que también acudirá la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, puede servir de pista.
Curiosamente en esta visita, que forma parte de la agenda de los parlamentarios europeos, no se ha incluido a Tecnalia, -que es la gran referencia de la red de centros tecnológicos vascos, al contar con una plantilla de 1.400 personas y una facturación de 102 millones de euros-, cuando su sede se ubica en el mismo Parque Tecnológico de Miramon y a muy escasos metros de distancia en el caso de uno de ellos, por mucho que su investigación se centre en el almacenamiento de energía y nanomedicina. Todo un síntoma.
