Un nuevo modelo vasco de empresa

Salvo en muy contadas ocasiones, todos los partidos del arco parlamentario vasco nunca habían alcanzado tal grado de consenso, por lo que hay que felicitar el trabajo que en este sentido ha realizado Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea (ALE) a la hora de impulsar este nuevo modelo inclusivo-participativo vasco de empresa que ha concitado el interés y el apoyo de los cinco grupos parlamentarios a la hora de presentar conjuntamente una Proposición no de Ley que insta al Gobierno Vasco a desarrollar un plan estratégico para su promoción y desarrollo. Sin duda, es un hecho histórico.

Esta iniciativa parlamentaria -que en dos meses puede someterse a debate en un pleno del Parlamento Vasco y que con el apoyo que tiene será aprobada con toda seguridad-, supone un cambio radical en las relaciones internas en el ámbito de la empresa que conocemos y una adaptación sustancial a las nuevas formas de entender los proyectos empresariales donde la fuerza del trabajo en su componente físico y de supeditación a la máquina ha dado paso ya a la gestión del conocimiento y la innovación que pivotan de manera exclusiva en las personas.

Este es el gran cambio que propone el Nuevo Modelo Vasco de Empresa basado en un planteamiento humanista que centra a la persona como eje de la actividad empresarial desde planteamientos de igualdad y dignidad, partiendo del desarrollo de un empleo de calidad, una gestión compartida y un mayor equilibrio del reparto de la riqueza en la sociedad.

A pesar de que estos principios que buscan una sociedad más igualitaria y estable puedan parecer novedosos a día de hoy -después de ver las consecuencias negativas que nos ha dejado la crisis económica al ahondar más en la desigualdad social-, sin embargo no son recientes. Forman parte de los valores que aplicó el Padre Arizmendiarrieta para poner en marcha en 1956 la cooperativa Ulgor SCI, que fue el germen del movimiento cooperativo que ha dado lugar al primer grupo industrial vasco y uno de los primeros del Estado, así como el único referente mundial en empresas de economía social de este tipo.

La presentación de esta Proposición no de Ley tiene su origen en el trabajo que durante cerca de dos años han desarrollado los miembros de Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea (ALE) en presentaciones de este proyecto con agentes institucionales y políticos, empresariales, sindicales, sociales y universitarios dentro de su misión de difundir los valores cooperativos y realizar actividades que propicien la reflexión sobre nuevas fórmulas socioempresariales basadas en los principios que inspiraron al fundador del movimiento Mondragon.

Este Nuevo Modelo Vasco de Empresa no tiene nada que ver, desde un plano filosófico y conceptual, con la Nueva Cultura de Empresa que desde hace alrededor de cuatro años está desarrollando la patronal Adegi, ya que, sin entrar en consideraciones de cuáles fueron las causas de origen de esta iniciativa, la participación de los trabajadores en la empresa se queda incompleta, al plantear la intervención de los empleados en la gestión y en los resultados, sin abordar también un elemento esencial del modelo participativo como es la entrada en el capital o la propiedad de la compañía.

Precisamente, teniendo en cuenta las reticencias que puede haber entre los empresarios hacia este nuevo modelo de empresa, los cinco grupos parlamentarios que suscriben la Proposición no de Ley presentada el pasado 12 de abril a la mesa de la Cámara de Gasteiz recuerdan el compromiso de los máximos dirigentes de la empresa con esta innovación organizativa, ya que “la cultura para el cambio de modelo se transmite con el ejemplo en el día a día de esos responsables mediante una conducta coherente con los valores que predican”.

Los impulsores de esta novedosa iniciativa parlamentaria impulsada por ALE destacan cuatro ejes de actuación en los que se basa el modelo inclusivo-participativo vasco de empresa. En primer lugar, la cultura de cooperación, corresponsabilidad y preocupación por las personas frente al paradigma de la confrontación como actitud básica que ha existido hasta ahora en el mundo de la empresa. Ello significa practicar la transparencia informativa, planes de formación de los trabajadores que permita involucrarse en un proyecto compartido, retribuciones que no generen desigualdad y ayuden a la cohesión social, así como la promoción interna, la igualdad de oportunidades de la mujer y favorecer la conciliación familiar.

La segunda característica que destacan los partidos políticos es la participación de los trabajadores en la gestión y/o en los resultados y/o en la propiedad frente a la separación radical entre el capital y el trabajo. En este sentido, se deben implantar sistemas de gestión participativos, incorporar a representantes de los trabajadores en los órganos de decisión y control de la empresa, hacer posible el acceso colectivo a la propiedad de la empresa directamente o a través de una sociedad intermedia, donde los trabajadores que deseen participar hagan su aportación económica y apoyar la contribución de los trabajadores con un porcentaje de los resultados para su reinversión en la compañía.

El tercer eje de actuación se centra en la prioridad de la sostenibilidad del proyecto colectivo sobre los intereses de los grupos de interés con lo que se trata de fomentar estrategias de crecimiento sostenible frente a las de rentabilidad a corto plazo, destinar el 50% de los beneficios anuales a fondos propios así como un porcentaje sobre ventas superior a la media del sector a actividades de I+D.

Por último, el cuarto elemento que caracteriza a este modelo participativo se centra en tener en cuenta las necesidades de la comunidad en la que se asienta frente a la separación radical de actividad empresarial y responsabilidad social. En este sentido, no solo se exige el cumplimiento de la legislación laboral, medioambiental y fiscal, sino también destinar un porcentaje de los beneficios a actividades de responsabilidad social escuchando las aportaciones del comité de empresa.

En este terreno cabe destacar la importancia que tiene la participación de los trabajadores en las empresas como elemento clave para garantizar la continuidad de las empresas viables y favorecer el apuntalamiento de las empresas al territorio. Es el mejor antídoto para evitar la deslocalización de empresas o el desplazamiento de los centros de decisión como últimamente estamos viendo en este país.

Aunque deben ser los empresarios y los trabajadores los que deben llegar a un acuerdo para la implantación de este nuevo modelo de empresa, sin embargo, el hecho de que el Gobierno Vasco tenga que elaborar un plan estratégico para su implantación, tal y como se pide en la Proposición no de Ley, es de una gran importancia a la hora de su promoción y desarrollo. Para ello se tendrá que elaborar una ley que perfeccione la actual normativa y se adapte a los requerimientos de reparto del poder y de los resultados en función de los criterios específicos que establezcan los trabajadores.

La cuestión fiscal es importante en este aspecto a la hora de impulsar la participación de los trabajadores en las empresas y, en este sentido, todos los grupos parlamentarios piden a las haciendas forales que las aportaciones de los trabajadores al capital de las compañías tengan las mismas deducciones que las que realizan a las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).

En Gipuzkoa, quizás por la influencia social que ha tenido el movimiento cooperativo de Mondragon, la participación de los trabajadores en las empresas ha tenido más desarrollo que en los otros dos territorios vascos por lo que la Diputación Foral, en una actuación pionera en la CAV, mejoró en diciembre de 2016 y con carácter retroactivo al uno de enero de ese año, una norma foral que contempla deducciones del IRPF, dentro del Plan de Reactivación Económica.

Aunque los datos no son muy significativos, debido a que muchos contribuyentes no pudieron planificar la inversión para poder aprovecharse de las nuevas condiciones fiscales, sin embargo en ese año -que son los último datos que se tienen a la espera de conocer en junio los correspondientes a 2017-, un total de 138 personas accedieron al capital de 36 empresas guipuzcoanas. El global de las deducciones alcanzó los 132.403 euros para una inversión total de 2.006.725 euros.

Un año antes, en 2015, el número de empresas que optó por el nuevo modelo solo llegó a 19, lo que pone de relieve que el cambio normativo llevado a cabo por la Hacienda Foral de Gipuzkoa ha calado en el tejido productivo y que un número mayor de compañías se están acogiendo a esta innovación organizativa empresarial. Una muestra de la necesaria adaptación que están experimentando las empresas a los nuevos tiempos.