Es de manual. El anuncio del consejero delegado de Ibermática, Juan Ignacio Sanz, de que el fondo de capital riesgo ProA Capital, que detenta el 55% de la compañía vasca de servicios informáticos y consultoría tecnológica, tiene intención de vender su participación en 2019, tras permanecer cinco años como principal accionista, no ha causado ninguna sorpresa porque entra dentro del periodo de tiempo que utilizan estos fondos para sacar las mejores plusvalías a las inversiones realizadas.
Es un escenario que ya se sabía cuando en diciembre de 2013, ProA Capital compró el 55% de Ibermática a Kutxabank, que continúa como accionista en la compañía con un 15%, Sabadell, Caixabank y Caja3 por 32 millones de euros. Una cantidad que no se correspondía con el volumen de una compañía que era uno de los líderes del sector de las TIC en el Estado, que encima estaba fuertemente capitalizada, internacionalizada y con una plantilla cercana a las 3.000 personas.
Una operación que fue impulsada en aquel tiempo por su principal accionista, Kutxabank, bajo la presidencia de Mario Fernández, dentro de una política de desinversiones del banco de las cajas de ahorro vascas que afectaron a compañías estratégicas importantes en Euskadi como, por ejemplo, Euskaltel. La operadora telefónica vasca tuvo que salir a Bolsa para deshacerse de dos fondos de capital riesgo que habían entrado en su capital para que la compañía pudiera seguir bajo control vasco.
El futuro escenario de Ibermática, a pesar de que no va a ser igual que el que se registró en Euskaltel, puede ser incierto por las consecuencias que puede tener su venta a compradores extranjeros en lo que se refiere al centro de decisión de la empresa donostiarra.
ProA Capital parece que ya ha puesto a la venta Ibermática y para ello ya ha empezado a preparar el papel de regalo para hacerla más atractiva a aquellos futuros compradores que según su consejero delegado, Juan Ignacio Sanz, pueden ser firmas extranjeras interesadas en abrir mercado en el Estado y Europa.
En concreto, los más interesados en entrar en Ibermática pueden ser grandes grupos de India, como Mahindra o Infosys, que quieren desembarcar en el mercado estatal de servicios informáticos, o compañías americanas, que podrían utilizar la compañía donostiarra como palanca para saltar a Europa.
Si se confirman estas hipótesis avanzadas por Sanz, Ibermática será la próxima compañía vasca en caer en manos extranjeras con todo lo que ello puede suponer para su futuro. Una cuestión que obviamente preocupa a los trabajadores de esta compañía donostiarra de servicios de tecnología de la información y que provoca cierta incertidumbre.
Sobre todo si se toma como referencia la situación en la que se encuentra Siemens Gamesa y la toma de control desmedida por parte de los alemanes, que no solo afectó al valor de la compañía, que bajó a la mitad de su valor bursátil en tan solo seis meses, sino que ha provocado la reacción de su principal socio minoritario, Iberdrola, por no cumplir el plan de gobierno corporativo acordado en la venta de la compañía. Una situación que preocupa no ya en lo que se refiere al mantenimiento de la sede en Zamudio, que parece estable después de la confrontación existente en la última junta de accionistas, sino al parque de 770 proveedores vascos, donde Siemens Gamesa compra por valor de 420 millones de euros y que están expectantes a las duras exigencias de ajuste en precios que van a plantear los alemanes como consecuencia de reducir en 2.000 millones sus costes en tres años.
La futura venta de Ibermática pone también de relieve la situación en la que se pueden encontrar un gran número de empresas vascas bien posicionadas en sus mercados, saneadas financieramente y rentables que están participadas por fondos de capital riesgo que en un plazo de unos años van a abandonarlas tras generar las plusvalías pertinentes.
A bote pronto, en Gipuzkoa se pueden contabilizar siete u ocho empresas en esta situación sin que exista ningún instrumento como un fondo de inversión propio impulsado desde la colaboración entre el sector público y el privado que pueda tomar esas participaciones y entrar en el capital de esas compañías para asegurar el control de los centros de decisión y su arraigo en el entorno donde están ubicadas.
Por otra parte, la reunión que el pasado lunes mantuvieron responsables del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras con los directivos de doce centros tecnológicos y cuatro CIC para avanzar en la creación del Consorcio Científico-Tecnológico Vasco no supuso ningún cambio, salvo en las formas, en lo que ya se había avanzado desde principios de año. “Se han suavizado las formas, pero el fondo no ha cambiado y sigue siendo el mismo”, destaca el responsable de un centro tecnológico.
La creación de este Consorcio bajo el argumento de aumentar la eficiencia en la transmisión de la tecnología a las empresas y adquirir mayor relieve internacional sigue sin convencer a los centros tecnológicos por el fuerte peso político e intervencionista que tiene y por el carácter obligatorio de pertenencia que posee, si los agentes del sector quieren seguir percibiendo recursos públicos (financiación no competitiva) y que suponen el 20-25% de su facturación.
La cuestión no es baladí porque disponer de estas ayudas, ?que proceden del programa Emaitek y que el año pasado repartió entre los diferentes centros tecnológicos vascos un total de 56,9 millones de euros?, no solo supone una inyección económica importante, sino que también facilita de manera directa la participación en programas europeos de donde proceden también importantes recursos económicos. En este apartado también hay que contar con las ayudas y subvenciones públicas que reciben las empresas para financiar sus proyectos de I+D que desarrollan en los centros tecnológicos vascos.
Sea como fuere el Consorcio Científico-Tecnológico Vasco sigue sin gustar a los centros tecnológicos vascos, a pesar de que la posición por parte del Gobierno Vasco se haya podido edulcorar respecto a la mantenido en los primeros compases de este proceso, porque significa la pérdida de soberanía y autonomía a favor de una entidad en la que el control de su asamblea general está en manos del sector público, ?50% Gobierno Vasco y 10% entre las tres diputaciones?, mientras que el otro 40% estará repartido entre los 16 centros concernidos con un 2,5% cada uno de ellos. En este terreno, el peso de Tecnalia sobre el resto va a provocar la necesidad de reforzar alianzas ya establecidas en otros centros tecnológicos con el fin de ganar peso a la hora de defender sus intereses.
Hasta tal punto esta propuesta del Gobierno Vasco no concita el interés y el entusiasmo de los centros tecnológico que ya se oyen voces que proponen soluciones como la fusión de todos los centros tecnológicos en vez de avanzar en situaciones intermedias como puede ser la del Consorcio, que no convencen. Los Fraunhofer puede ser un buen ejemplo para ello. La diferencia es que cuentan con un 60% de financiación pública directa procedente del gobierno central y los lander, mientras que en el caso de sus homólogos vascos ese porcentaje desciende al 20-25%.
Basta leer los capítulos dedicados a los fines y funciones del Consorcio que figuran en sus estatutos para ver hasta qué punto la actividad de los centros tecnológicos vascos va a estar dirigida por esta nueva entidad mediante la creación de Unidades Científico-Tecnológicas, que “estarán formados por agentes consorciados en función de su especialización” o Unidades de Mercado que “coordinarán los grupos de trabajo por sectores de aplicación del conocimiento generado respondiendo a las potenciales demandas empresariales”. Veremos si de aquí a un mes, que es el plazo que los centros tecnológicos tienen para presentar sus sugerencias a este proyecto, se produce algún cambio de fondo. Nunca es tarde. l
