La situación de las relaciones laborales en este país dista mucho de ser normal, no porque sea mala o no alcance unos parámetros mínimamente aceptables en un escenario de contraposición de intereses entre empresarios y trabajadores, sino simplemente porque no existen. Prueba de ello es la ausencia de negociación colectiva que está dejando a miles de trabajadores vascos bajo el paraguas de marcos de regulación laboral estatales que nada tienen que ver con la realidad de este país donde son culpables no solo los empresarios, sino también y, en gran medida, los sindicatos.
Los datos del Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL) son bien elocuentes. En 2017, y por primera vez en la historia, los convenios estatales daban más cobertura a los trabajadores vascos que los que se pactaron en Euskadi. Un total de 49.384 trabajadores se acogieron a convenios firmados fuera de la CAV, con todo lo que ello supone de aplicación de una realidad diferente, mientras que 46.403 están vinculados a acuerdos firmados aquí.
Esta realidad no ha cambiado mucho durante este año, ya que a juzgar por las últimas estadísticas del CRL, correspondientes a los dos primeros meses de 2018, se registraron un total de once convenios sectoriales de ámbito estatal que afectaron a 19.443 trabajadores vascos, mientras que durante ese periodo solo se negociaron dos convenios en la CAV que dan cobertura a 5.000 empleados. En este momento, hay en los tres territorios de la CAV un total de 782 convenios con vigencia prorrogada o pendientes de renovar de los que 182 corresponden a Gipuzkoa, en concreto 164 en el ámbito de la empresa y 18 en el sectorial.
Que más del 80% de los trabajadores de Gipuzkoa estén a día de hoy sin tener el convenio renovado, cuando tenemos un crecimiento del PIB del 3%, un aumento de la producción industrial del 5,8% y el paro se reduce mes tras mes, sin que ello haya supuesto una dinamización de la negociación colectiva sectorial, dice mucho de la situación en la que se encuentran los sindicatos a los que hay que achacar, principalmente, la responsabilidad del abandono de la negociación colectiva como agentes sociales que son y por el papel que representan en la defensa de los intereses de los trabajadores.
De los grandes convenios que existen en Gipuzkoa solo se ha firmado el de Artes Gráficas y se está negociando el de Hoteles y Alojamientos, con amenaza de huelga. Están pendientes el de la Construcción, con un problema de representatividad entre las asociaciones patronales presentes, Metal, Oficinas y Despachos y Comercios de Metal, entre otros. El convenio del Comercio de Textil, a pesar de estar firmado, ha sido impugnado por Adegi a pesar de no participar en su negociación.
Hay que partir de la base de que la ausencia de un marco de relaciones laborales propio y estable y la falta de negociación colectiva desvertebra a una sociedad y ahonda en las situaciones de desigualdad y de brecha salarial que en este momento existen como consecuencia de la crisis económica. No hay más que mirar al norte de Europa y a los países escandinavos para conocer la importancia que, a la hora de la cohesión de la sociedad, tienen unas relaciones laborales bien estructuradas y con unas reglas de juego establecidas en donde lo primordial es el interés social.
Algo que, por desgracia, aquí no ha ocurrido porque los sindicatos, bajo la excusa de la existencia de una crisis económica, no han hecho movimientos para mantener activa la negociación colectiva en un contexto de aumento de los empleos precarios con unos salarios mínimos y unas condiciones laborales cada vez más reducidas.
Ahora que estamos en vísperas de elecciones sindicales vamos a conocer un dinamismo en la negociación colectiva con la intención de recuperar aquellas condiciones laborales que no se han actualizado y se han perdido durante todos estos años por la ausencia de relaciones laborales. Es muy difícil, como ocurre en el caso guipuzcoano, que en una mesa negociadora de un convenio sectorial que no se ha reunido en los últimos diez años, la parte social pueda recuperar aquello que se ha perdido por el camino; y que podía haberse adecuado, a pesar de las malas circunstancias económicas del momento, de haber estado activa la negociación.
Aunque bien es verdad que aquellas cuestiones como la ultraactividad de los convenios o el descuelgue de la patronal en su cumplimiento que recoge la Reforma Laboral de 2013 puedan recuperarse en los convenios sectoriales por la presión que las grandes empresas, -que ya tienen firmados sus pactos particulares-, van a hacer para evitar conflictos sobre cuestiones que ya tienen resueltas.
Después de esta situación de abandono de la negociación colectiva durante estos años vamos a asistir en los próximos meses a un repunte de conflictividad en las relaciones laborales motivada, entre otras cuestiones, por la presión que van a tener los sindicatos de aquellos trabajadores que han entrado en los últimos años en el mercado laboral con empleos precarios y que ven que el crecimiento económico no está teniendo reflejo en sus nóminas. Los sindicatos ya no van a poder mirar para otro lado, si quieren seguir teniendo representatividad, ante las brechas salariales que existen en las empresas y la aplicación de los convenios estatales.
El anuncio de huelga en el sector hotelero de Gipuzkoa para los días 23, 24 y 25 de mayo, -fechas en las que se celebra en Donostia la reunión del comité ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT)-, es un buen ejemplo de ello. Es un conflicto fácil de controlar por estar muy localizado en un número muy reducido de empresas y con mucha proyección mediática tanto a nivel local como en el exterior. Basta recordar la huelga que los trabajadores del Hotel María Cristina realizaron en pleno Zinemaldia en el año 2003. Para los próximos meses no se descarta la existencia de conflictos en otros sectores que hace cuatro o cinco años provocaron una gran tensión entre los agentes sociales y las instituciones.
Y en medio de este escenario está el problema de la representatividad de las asociaciones empresariales para formar parte de las mesas negociadoras de los convenios colectivos que, si no se resuelve de manera rápida y satisfactoria para las partes, puede provocar que en Gipuzkoa, donde existen Adegi y Garen, no se puedan firmar convenios por la falta de acreditación de las patronales. Ante esta situación se puede dar la paradoja de que ante la ausencia de legitimidad de las patronales territoriales sea la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la firmante de los convenios en Gipuzkoa, ya que la ley le otorga legitimidad para ello.
El problema de la acreditación de la representatividad de las patronales para formar parte de una mesa negociadora se ha producido en Gipuzkoa por el nacimiento hace unos años de Garen, una asociación que aúna a los pequeños empresarios, y que ha mostrado su intención de participar en todas las negociaciones colectivas en las que hasta ahora los intereses de los patronos eran defendidos mayoritariamente por Adegi. La falta de un procedimiento de reconocimiento de la representatividad, que en el caso de los sindicatos se mide por los delegados elegidos en las elecciones sindicales, por parte de las patronales está provocando situaciones de conflicto. Hasta ahora solo bastaba el reconocimiento mutuo para que una patronal se pudiera sentar en una mesa negociadora.
Esta situación de conflicto ha originado el retraso de la composición de la mesa negociadora del sector de la construcción, que mañana tratará de constituirse por tercera vez y que ha provocado la salida de tres pequeñas asociaciones sectoriales por falta de representatividad, o la impugnación por parte de Adegi de la firma del convenio del Comercio de Textil de Gipuzkoa, a pesar de haber renunciado a su presencia en las negociaciones al reconocer que no tenía legitimación social.
En este contexto, también hay que hacer mención a la posición que está adoptando el Gobierno Vasco al montar plataformas como la Mesa de Diálogo Social con la ausencia de sindicatos como ELA y LAB y firmar acuerdos de eficacia limitada con sindicatos que en conjunto no tienen una representatividad suficiente en Euskadi y que no ayudan a establecer un buen clima en las relaciones laborales en este país, a pesar del enfrentamiento existente entre el Ejecutivo de Urkullu y el sindicato mayoritario. El hecho de que la cartera de Trabajo y Justicia esté en manos del PSOE, más proclive a planteamientos sindicales no abertzales, no parece que pueda ayudar mucho en este sentido.