El auge del proteccionismo

Todo ello unido a planteamientos políticos populistas que pueden tener su origen en posiciones de izquierdismo radical o de nacionalismo trasnochado que están generando un cóctel explosivo que muestra las tendencias centrifugas en cada Estado de la UE y que amenazan la construcción europea y, por ende, provocan una proyección negativa y una baja credibilidad en el mundo.

Más allá de lo comprensible que puede resultar la situación en la que se encuentra la región de Valonia con los graves problemas de desindustrialización que tiene, lo que no puede ser es que una zona que cuenta con el 1% de la población de la UE pueda bloquear un tratado que afecta a 508 millones de personas, No parece proporcionada ni lógica este tipo de situaciones, por lo que respetando las singularidades constitucionales de cada Estado, lo que está claro es que hay que ir a una armonización en la toma de decisiones que afecten al conjunto de la UE porque el mismo derecho tienen Euskadi o el lander alemán de Baviera -por citar dos regiones europeas eminentemente industriales-, a expresar su opinión sobre estos acuerdos comerciales al verse directamente concernidas.

Con todos los respetos por los valones, lo que está claro es que lo que no se puede aceptar es que su frustración por la falta de respuesta a un continuo declive industrial que se inició a finales del siglo XX con el cierre de las grandes plantas siderúrgicas, que hicieron de esta región el verdadero polo de desarrollo industrial de Bélgica, y que sigue, a día de hoy, con el cierre de fábricas y la huida de las inversiones se haga extensible al resto de los europeos. El último caso ha sido este verano con el cierre de la planta que el fabricante de maquinaría de obras públicas Caterpillar tenía en Valonia y que ha dejado en la calle a 2.000 trabajadores a los que hay que sumar otros 1.000 en el año 2008. Arcelor-Mittal también se desprendió de 1.300 trabajadores en 2013 en un proceso que parece no tener fin.

Y mientras va camino de convertirse en algo parecido al Detroit de la UE, Valonia es incapaz de invertir la tendencia o de reinventarse a base de apostar por otro tipo de industrias y sectores, a pesar de que todavía es sede de importantes empresas farmacéuticas y fábricas de armamento, mientras que las regiones vecinas como Flandes han sabido dar la vuelta a la situación y mantienen una actividad económica importante. Precisamente, el interés de Valonia en la producción y exportación de armamento y la necesidad de actuar con flexibilidad en este comercio hizo que el Gobierno federal de Bélgica transfiriera a las regiones las competencias sobre comercio internacional. Ahora vemos las consecuencias de esa decisión.

La crisis de Valonia es muy parecida a la que sufrió Euskadi en los años 80 con el cierre de acerías y la reconversión del sector siderúrgico en paralelo con la clausura de los grandes astilleros en la ría de Bilbao, salvo con la diferencia de que en esa situación tan dramática los vascos supimos salir airosamente con una reordenación del tejido económico dando prioridad a la entrada de nuevos sectores productivos, cuyas empresas son hoy líderes mundiales, desde un planteamiento de diversificación y apuesta por la I+D.

Y a esta situación hay que añadir la responsabilidad de un partido socialista que domina la región desde 1970 y que ahora se está encontrando con una gran oposición por parte del izquierdista Partido del Trabajo que, según los últimos sondeos triplicaría su porcentaje de votos hasta situarse con tercera fuerza valona, con un discurso populista apoyado en los efectos negativos de la recesión económica vivida en Bélgica.

Esto hace que la oposición de Valonia al acuerdo negociado entre la Comisión Europea y Canadá, que quedó desbloqueado el pasado jueves, se centraba en cuestiones que se podían haber resuelto con anterioridad a poco que hubiera habido voluntad política como que el texto no contaba con las suficientes garantías en ámbitos como la agricultura o el medio ambiente. A las que hay que añadir las dudas sobre el Tribunal de Arbitraje Independiente que los valones interpretan más favorable a los intereses de las multinacionales en los conflictos entre éstas y los gobiernos y que ha quedado, de momento, fuera de aplicación a la espera de la opinión del Tribunal de Justicia de la UE.

El proteccionismo o el nacionalismo económico de los Estados en la defensa de los intereses de sus empresas y, por ende, de su tejido productivo también se está produciendo en este momento en el seno de la UE de una manera sibilina a través de la puesta en marcha de nuevas normas de homologación que tienen como objeto impedir que una compañía de otro país, aunque sea europeo, pueda introducirse en su mercado y vender sus productos.

Esto es lo que está haciendo en la actualidad Alemania con una empresa vasca respondiendo a los intereses de sus compañías de su sector, alguna de ellas grandes multinacionales, que temen su entrada en el mercado germano por la gran calidad tecnológica e innovadora que aportan sus productos. El hecho de que haber ganado importantes concursos públicos en países europeos en competencia directa con empresas alemanas ha hecho que el país liderado por Ángela Merkel se blinde ante esta presencia vasca. Una cuestión que está pendiente de que se pueda resolverse en las próximas semanas en el seno de la CE.

Es un caso más de las reglas de juego que existen en el mundo, en donde los países protegen a sus empresas, bien a través de nuevas normas de homologación de productos, o mediante la obligación a las compañías extranjeras de producir en el país un porcentaje importante de sus fabricados, para proteger a sus empresas y preservar el empleo.

El caso más paradigmático -que se conozca hasta ahora de una empresa vasca que sufrió el nacionalismo económico de un país para evitar su entrada en beneficio de una empresa local-, lo protagonizó, curiosamente, Canadá en el año 2010 al adjudicar “a dedo” al consorcio formado por la canadiense Bombardier y la francesa Alstom un contrato para la fabricación de 500 coches para el Metro de Montreal por 925 millones de euros, en perjuicio de la oferta de CAF que era más beneficiosa, aproximadamente, la mitad del importe adjudicado.

En contra de los acuerdos y prácticas que rigen el comercio internacional -algo que parece que no será posible con la entrada en vigor del CETA-, el Gobierno de Québec, con el respaldo del parlamento de la región, que aprobó una ley especial para tal ocasión con el fin de proporcionar la debida cobertura legal, adjudicó la concesión del contrato al consorcio Bombardier-Alstom sin ninguna licitación pública previa. Y ello, a pesar de que CAF se comprometía a respetar las exigencias del país al comprar el 60% de los materiales del contrato a suministradores canadienses y abrir una planta en Quebec con 300 puestos de trabajo. La cuestión tuvo su trascendencia política con el envío de una carta de protesta del entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al primer ministro de Québec expresando su protesta por la decisión.

Seis años después de esta rancia demostración de nacionalismo económico llevada a cabo por el Gobierno de Québec, Bombardier se va a deshacer entre este año y el próximo de 7.000 puestos de trabajo en sus divisiones ferroviaria y aeronáutica tanto en Europa como en Canadá, mientras que CAF, no ha hecho ningún ajuste de plantilla en estos años.

No solo eso, sino que, según datos que acaba de dar a conocer, cerró el tercer trimestre de este año con una facturación de 962.552 miles de euros, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la recuperación de la actividad industrial en ese periodo y unas mayores ventas en el área de servicios y señalización. La cartera de pedidos de CAF a día de hoy alcanza los 6.654 millones de euros, lo que supone un nuevo récord en la historia de esta compañía guipuzcoana e icono de la empresa vasca. Es el más claro exponente de que las reglas de mercado son inexorables frente a los deseos y actuaciones defensivas que ponen en práctica distintos gobiernos para proteger a sus empresas.