in dubio, pro reo. El latinajo es un principio jurídico que advierte a los jueces del pronunciamiento en favor del acusado siempre que existan dudas sobre la aplicación de la ley. Papel mojado para un sistema jurídico como el español, que acostumbra a aplicar la ley a golpe de impulso político. La Junta Electoral de Gipuzkoa, como es sabido, ha decidido que Arnaldo Otegi no podrá presentarse a las elecciones autonómicas vascas ni a ninguna otra hasta 2021, porque se encuentra inhabilitado tras la sentencia que le condenó por el caso Bateragune. Ha basado la Junta Electoral -quizá no le ha quedado otra- su decisión en el informe remitido por la Audiencia Nacional -ese auténtico nido de la serpiente- que, como no podía ser de otra forma, personifica en Arnaldo Otegi el compendio perverso del “todo es ETA” acuñado durante el aznarato en los más infames cenáculos de la caverna política y mediática.
La argumentación jurídica para impedir la candidatura de Otegi es, cuando menos, dudosa. Lo mismo que la Audiencia Nacional insiste en impedir su candidatura, el debate jurídico podría determinar que puede ejercer ese derecho. Otegi cumplió día a día, sin los beneficios penitenciarios de otros presos, una condena sumamente injusta, impuesta por realizar actividades políticas en favor del fin de la violencia de ETA, como pudo comprobarse.
Para empezar, además de la pena de prisión de 6 años y 6 meses, la sentencia le impuso una inhabilitación de 10 años, pero sin que se especificara en concreto el empleo o cargo al que se refería, algo que exige el Código Penal. “En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación”, dice el Código. Además, la pena de inhabilitación especial se extinguió en el momento en que Otegi cumplió la totalidad de su pena privativa de libertad, el 1 de marzo de 2016. Se trata de una pena accesoria y, como tal, su suerte la marca la principal. Más aún, la inhabilitación se refiere a “cargos públicos” y lo que ahora se pretende es impedirle presentarse como “candidato”, es decir, ser elegible, lo que no es un cargo público.
No es esta columna un espacio adecuado para desarrollar en extenso precisiones jurídicas, pero con sólo asomarnos como lo hemos hecho a las diversas interpretaciones de la sentencia, puede comprobarse que se trata de un caso dudoso. Pues mira, a tomar viento el concepto garantista in dubio pro reo, que jamás se ha respetado por la justicia española en la historia del conflicto vasco.
Desde que se barajó la posibilidad de que Arnaldo Otegi, cumplida su condena, pudiera ser glorificado por los suyos como un nuevo Mandela y se le situara como candidato a lehendakari, los poderes del Estado apercibieron al sector más duro, a los que rentabilizaron el terrorismo de ETA y el dolor de las víctimas para su beneficio electoral, para salir al paso de esa alarmante candidatura. PP, UPyD, Ciudadanos y colectivos recalcitrantes de víctimas hicieron correr la voz: “Es profundamente inmoral que una persona que ha sido condenada por pertenencia a banda armada, que ha militado en una banda criminal que tanto daño ha hecho a nuestro pueblo, pretenda representar. democráticamente” a los ciudadanos de Euskadi. Es una indignidad, una burla y una humillación a las víctimas del terrorismo”, se rasga así las vestiduras Alfonso Alonso, condenadas por perjuicio a las arcas municipales de Gasteiz por el caso San Antonio. El candidato del PP e inverosímil ministro, se limita a enarbolar escandalizado la ciertamente pesada mochila con la que carga el líder abertzale, lastre que por sí mismo ya le perjudica de salida sin necesidad de machacar sobre ello.
Ese y no otro, la venganza, justicia penal del enemigo, es el argumento barajado desde el primer momento por quienes quieren impedir la candidatura de Otegi, empeñados en no contribuir a la normalización de este país, en pervertir el debate político, en condicionar las voluntades de determinados sectores de votantes. Se niegan a contribuir a la superación del conflicto y a la construcción definitiva de la paz, alimentando a los sectores más refractarios a la normalización.
Está comprobado que, en su obsesión por volver al fango, dispuestos a rentabilizar hasta el estrujamiento un pasado de violencia e ignominia, les da lo mismo facilitarles la campaña a los mismos que dicen aborrecer. El caso es sacar pecho del Ebro para abajo presumiendo de ser los más intolerantes contra el terrorismo y los máximos valedores de las víctimas. Y no como otros. Ellos, los guardianes de la ley, de su ley. Ellos, los íntegros, los que huelen a distancia el rastro del terrorista y andan a la caza. Pero no quieren oler a sus corruptos electos y por elegir, ni echaron mano de su ley contra los Mario Onaindia, Edu Uriarte, Kepa Aulestia, Jon Juaristi, Mikel Azurmendi y demás polimilis que camparon con honor y gloria por la vida pública sin que nadie mirase por el retrovisor de sus pasados. Pero, claro, Arnaldo es otra cosa.
