cualquiera que se dé una vuelta por las zonas en las que estaban o aún están ubicadas las herriko tabernak -habitualmente en los cascos antiguos de nuestros pueblos y ciudades- podrá apreciar pancartas, pasquines o pintadas denunciando su próxima expropiación. Excepto en la rebaja en las penas de los principales condenados, el Tribunal Supremo no ha modificado la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se decretaba el decomiso de 107 de esos locales.

Así, en su literalidad, la incautación por parte del Estado de más de un centenar de establecimientos parece un disparate inimaginable para cualquier sector comercial. Para entenderlo hay que retroceder trece años, al tiempo en que todo era ETA y el Estado arrasaba con todo sin reparar en gastos ni en costes. En ese contexto se abrió uno de esos procesos-río por el que se encausaba a decenas de personas, abarcando la condena a enseres, máquinas y locales. Otra insensatez injusta, que formó parte del pasado y que ahora solo contribuye a dificultar la consolidación de la paz y la convivencia.

Su propio anacronismo desmesurado convierte esta sentencia en una tarea operativa compleja y conflictiva, porque no va a resultar nada sencillo el cierre y decomiso de 107 establecimientos públicos a los que a diario acuden muchos ciudadanos que de ninguna manera lo van a comprender ni admitir. La desaparición imperativa de ese centenar sobrado de locales, se supone, provocará un importante trastorno a los clientes que los frecuentan.

Cuesta mucho imaginar que el modesto negocio que suponen las herrikos hubiera destinado sus supuestos beneficios a financiar a ETA, cuando bastante tienen con su supervivencia. Acabando con las moscas a cañonazos, el Estado ha optado más por la justicia penal del enemigo que por los argumentos jurídicos y el sentido común.

Dicho esto, a la izquierda abertzale no le faltan argumentos abundantes y potentes para generar una respuesta social, política e institucional contundente. Sin embargo, esta reacción no se está produciendo o, al menos, no se está percibiendo ni siquiera dentro del universo social directamente afectado por este despropósito judicial. Más aún, las tímidas respuestas que se perciben son muy limitadas y aisladas, lo que pone de manifiesto la precariedad y la debilidad desde las que se está respondiendo a este avasallamiento de la Justicia española.

Caben distintas interpretaciones de esta falta de respuesta. Tal vez la imagen social de las herrikos como espacios endogámicos, guetizados, sin proyección real fuera de los márgenes de la izquierda abertzale más militante. También probablemente la percepción de que en este momento dentro de los problemas generales que la sociedad padece no se considere ese cierre y expropiación como algo grave. Quizá, y sería comprensible, que después de tantas batallas se perciban síntomas internos de agotamiento militante. En análisis más político que anímico, queda la sensación de que la izquierda abertzale no es capaz de calificar como injusticia un asesinato como el de Joxe Mari Korta, pero espera -quizá en vano- que la sociedad les acompañe para denunciar la injusticia contra las herrikos.

Seguramente algo hay de todo ello. Pero creo que esta desafección social y política tras la sentencia del Supremo merece un análisis profundo por parte de los directamente afectados, ya que podemos estar ante el síntoma de un problema de fondo. Pudiera ser que la agenda de temas que propone la izquierda abertzale cada vez atraiga menos, o que la gestión de su pasado esté cortocircuitando el acceso a su propio futuro. Cabe pensar también que la propia evolución política de la izquierda abertzale haya llevado consigo la desmotivación por estas causas, lo que implicaría la necesidad de centrarse de una vez por todas en la agenda nueva para el futuro.

Esta evidente desafección social por implicarse contra el avasallamiento judicial aplicado a los locales que frecuentan y en los que conviven, debería hacerles reflexionar sobre si seguir haciendo y diciendo lo mismo y con las mismas formas y formatos, no está resultando un serio problema para su proyecto.

En una política de futuro y para la sociedad vasca actual se necesitan algo más que pancartas, carteles, manifestaciones y declaraciones airadas del portavoz de turno. Falta enfrentar de una vez por todas las asignaturas pendientes del pasado y un proyecto constructivo y realista para el futuro.

La sentencia de las herrikos y su decomiso es un atropello, un anacronismo, un castigo arbitrario, una venganza impresentable. En todo esto, la mayoría de la sociedad vasca podría estar de acuerdo. Lo preocupante es que esa mayoría no parece estar dispuesta a rebelarse por ello. Ni siquiera a inmutarse.