En un momento en el que la atención política y mediática está centrada en las consecuencias de las elecciones, casi parece anacrónico dedicarle especial atención a esa Conferencia por la Paz en el País Vasco que se va a celebrar el 11 de junio en París. No puede negarse que la mayoría de la sociedad vasca ha dejado de prestar atención a este tipo de iniciativas, quizá porque la ausencia total de violencia política proporciona una sensación generalizada de paz definitiva. No obstante, el hecho incontestable de que ETA sigue viva, sus armas aún sin controlar y sus presos en las cárceles mientras el Gobierno del PP permanece impasible, evidencia que sigue siendo necesario el apoyo a cuantos proyectos vayan encaminados a la solución absoluta de un conflicto aún vivo.

Bajo el título de Conferencie humanitaire por la paix au Pays Basque, va a celebrarse en París, nada menos que en la sede de la Asamblea Nacional, un nuevo intento de hacer realidad las conclusiones de la Conferencia Internacional de Aiete del 17 de octubre de 2011. Patrocinan el acto la Ligue des Droits de l’Homme, el Grupo Internacional de Contacto, el movimiento de Iparralde Bake Bidea, la alemana Fuondation Berghof, la organización británica Conciliation Resources y el Foro Social de Hegoalde. Por extensa, voy a obviar la lista de ponentes y participantes; pero hay que felicitar a los organizadores por haber comprometido a personalidades de tanta calidad en el evento, que tratará como temas principales de su programa la génesis y estado actual del proceso de paz en el País Vasco, la reconciliación y convivencia, la función de las víctimas en el proceso y la situación y el papel de los presos.

La presencia de Robert Manrique, quien fuera presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, y la de Axun Lasa, hermana de José Antonio Lasa, harán que se visualice la apuesta de la Conferencia por el reconocimiento, reparación y memoria de todas las víctimas. Hay que destacar la pluralidad de los intervinientes, entre los que figuran personas de gran prestigio en solución de conflictos y representantes de los principales partidos franceses, que firmarán conjuntamente una Declaración como conclusión.

Debe destacarse que tan amplia y plural representación se ha debido al trabajo de electos de Iparralde, que ya el pasado mes de octubre presentaron un acuerdo en el que venían trabajando durante dos años con la ayuda del Grupo Internacional de Contacto y de Lokarri. Es importante reflexionar cómo esto ha sido posible en Francia, mientras aquí todo son obstáculos, dificultades y hasta prohibiciones. Una razón podría verse en el grado muy inferior de sufrimiento y de conflicto sociopolítico, que en el Estado francés no está tan cargado de un pasado de enfrentamientos y violencia. Como dice un representante de la derecha gala, “ellos no han tenido que estar mirando debajo del coche”.

En cualquier caso, es importante constatar que esta preocupación y el interés en intervenir en el proceso se inicia cuando el Gobierno español solicita euroorden de detención contra Aurore Martin, portavoz de Batasuna, partido legal en Francia. Ello provocó una fuerte reacción en defensa de los derechos humanos en la que participan todos los partidos, que consideraron la orden española como un ataque directo a las libertades democráticas tan asentadas en el republicanismo francés.

Este impulso de colaboración se intensificó con la Conferencia de Aiete y el final de la violencia decidido por ETA. Todos vieron ese momento como una gran oportunidad, y aquella pluralidad de electos de Iparralde creyó que tanto España como Francia iban a implicarse en el proceso de paz. No ha sido así en sus gobiernos, porque es indudable que para la opinión pública francesa ETA ha dejado de ser un problema y se ha centrado en el terrorismo islamista. Una opinión pública la francesa, que no entiende cómo el Gobierno español se niega a facilitar el desarme , con lo que ello implica de inquietud en la sociedad gala en cuyo territorio se supone que están aún sus arsenales.

Es evidente que la solidez de los lazos diplomáticos y la historia de colaboración antiterrorista hacen difícil cualquier cambio a corto plazo, pero los organizadores de la Conferencia no se resignan y quieren testar las posibilidades de salir del inmovilismo. En cualquier caso, resulta reconfortante que se mantenga vivo el interés por cerrar este capítulo doloroso, desgarrador, de nuestra historia reciente y que en ello se impliquen personas e instituciones de ámbitos ajenos a este pueblo. Ojalá el eco directo del evento llegue a oídos de lo que quede de ETA, que quizá acompañe el esfuerzo de los participantes con un comunicado reiterando su disposición total al desarme. Y que esa voluntad sea correspondida con una inteligente respuesta del Gobierno español, aunque habrá que esperar a que el actual sea desalojado.