Desde muy pronto, tras la restauración -más o menos- de las libertades democráticas, los sucesivos ejecutivos españoles han pretendido controlar al poder judicial. Hasta donde han podido, todos han ido acomodando las decisiones del poder legislativo al dominio de las más altas instancias judiciales, nombrando directamente al Fiscal General e indirectamente al Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. La sumisión del poder judicial español a los gobiernos y el procedimiento afín a sus impulsos políticos han venido siendo escandalosos, pero ninguno ha sido más descarado que el presidido por Mariano Rajoy. No le basta con imponer acatamiento; pretende hacer del poder judicial su cortijo, tensando de tal manera esta soga que llega a un punto en que comienzan a aparecer jueces insumisos o, con menos arrestos, críticos. Para que no falte de nada, ahora se les dimite el Fiscal General, Eduardo Torres-Dulce, abochornado ante tanta intromisión.

Jueces expedientados y hasta apartados de la profesión, instructores de sumarios delicados sustituidos, coacciones, sanciones, premios, las presiones de este Gobierno han obligado al poder judicial español a tragarse el bochorno de verse enmendado clamorosamente por los tribunales europeos. Y eso es lo que nuevamente pretende Mariano Rajoy, empeñado en que los jueces españoles incumplan la normativa penitenciaria europea que hace computable el tiempo de condena cumplido en otro país de la Unión Europea. Pues no. Rajoy quiere que los jueces hagan cumplir sus condenas por partida doble a los presos vinculados con ETA.

Y como esta normativa no se acata, han sido los propios penados agraviados quienes han recurrido el incumplimiento denunciando que ni jueces, ni fiscales, ni Gobierno habían acatado la orden europea. El PP, con información privilegiada, trampeó esa orden colando a base de rodillo una disposición adicional en la reciente ley 7/2014 que entró en vigor precisamente el pasado 3 de diciembre, según la cual esa norma europea no sería tenida en cuenta en las condenas dictadas con anterioridad al 15 de agosto de 2010. Por la cara y por pura arbitrariedad, con la vista puesta en los históricos de ETA que cumplen condena en Francia, para evitar que su puesta obligada en libertad originase problemas con sus colectivos de víctimas y la extrema derecha política y mediática, lo que supondría un riesgo para sus intereses electorales.

El desacato que esta postura supone hacia la normativa europea llevó el estupor a las salas de la Audiencia Nacional, de forma que unas la respetaron y otras no, en un penoso ejemplo de arbitrariedad en la desobediencia negándosele la aplicación de la norma a presos como Kepa Pikabea, notorio representante de la vía Nanclares que ha manifestado pública y reiteradamente su rechazo a ETA y reconocido el daño causado.

Agitando el espantajo de la alarma social, algunos jueces se plantan, otros reculan, los presos recurren y el Gobierno español decide lavarse las manos derivando la patata caliente al Tribunal Supremo, convenientemente aleccionado y presionado. El Supremo se lo ha tomado con calma, sin tener claro qué es lo que entiende el Gobierno por “una postura firme e inmediata”, que fue la directriz impartida por los ministros de Interior y Justicia. Es la gota que desborda el vaso de la sumisión y no parece que la mayoría del alto Tribunal esté dispuesta a otro varapalo de Estrasburgo. Por eso, para ganar tiempo y esperar que otras noticias disimulen el bochorno, decidieron volver a reunirse el 13 de enero y, cosa insólita, la mayoría de esa sala del Tribunal Supremo se ha atrevido a soltarle una coz al Gobierno denunciando las injerencias en este asunto.

Bienvenida esta protesta de los jueces, que ya era hora. Pero mientras el Gobierno se come el turrón con ese sobresalto, mientras quizá se entabla una lucha sorda en la magistratura, medio centenar de presos vascos a los que ya debía haberse aplicado la normativa europea se traga un mes más de privación de la libertad que les correspondía.

Por supuesto, ni el Gobierno español ni los jueces y fiscales que le son sumisos tienen ni idea de lo que supone la cárcel en la vida de esos presos ilegalmente encarcelados. No tienen ni idea de lo que supone soportar cómo se le pisotea a uno el derecho a la libertad, a la familia, a la propia vida. Bueno, quizá sí se hagan una idea, pero el daño infligido a los supuestos etarras les trae sin cuidado.

Esta insensibilidad, además, está basada en la ambición, en la hipocresía de quienes tienen el poder de presionar a los jueces para que no interfieran en sus intereses partidistas. Aquí tenemos muy claro cómo se manipula la alarma social deliberadamente provocada cuando interesa asegurar los votos de sus colectivos afines. Tenemos muy claro cómo se ha mangoneado a la justicia por puro impulso político.