un valiente artículo de la exsubdirectora del servicio jurídico de la Agencia Tributaria ha puesto de manifiesto la arbitraria e indigna forma de actuación del ministro Cristóbal Montoro, poco preocupado, al parecer, por mantener el prestigio de una institución y de unos funcionarios de alto nivel, responsabilidad y profesionalidad. Como indicaba sin tapujos Elisa de la Nuez, autora de tal denuncia pública en un ejemplo de dignidad personal y funcionarial, el funcionamiento de la Agencia Estatal Tributaria está cada vez más politizado.

En este contexto, cesan sin motivación alguna a los nombrados por libre designación. No hay por qué justificar ningún cese (tampoco ningún nombramiento) y reina la arbitrariedad más absoluta confundida muy interesadamente con la discrecionalidad. Eso explica que, acudiendo en defensa del ministro Montoro, la actual cúpula directiva de la Agencia Estatal Tributaria, pese a sostener que se puede cesar a quien quiera, como se quiera, por lo que se quiera y cuando se quiera, se califique de forma eufemística tales ceses fulminantes como meras "reorganizaciones".

El caso Cemex representa el paradigma de este actuar sectario y arbitrario, inadmisible en un Estado de Derecho y cuestionable desde la vertiente de la ética pública y privada. Toda la historia revela una degeneración en el funcionamiento de la institución que es muy preocupante: se destituye fulminantemente a una inspectora por actuar como lo hubiera hecho cualquier inspector de Hacienda. Se trata de la jefa adjunta de la Oficina Técnica de Dependencia de Control Tributario de la Delegación de Grandes Contribuyentes cuyo jefe, Ignacio Ucelay, ha dimitido a su vez por considerar improcedente el cese de su subordinada.

Con independencia de si las liquidaciones tributarias y las eventuales sanciones que se aprobaron en el caso Cemex fueran o no pertinentes, lo cierto es que al resolver un recurso contra la liquidación tributaria inicial, y cuando el reclamante (en este caso Cemex) no aporta alegaciones, justificaciones o elementos de prueba distintas de las ya esgrimidas antes, lo que hace siempre la Inspección es confirmar la liquidación tributaria, tal y como en este caso hizo la inspectora destituida. Al inspeccionado (Cemex) le queda abierta el recurso económico-administrativo y posteriormente la vía judicial. ¿Cómo justificar el cese de una funcionaria que ha obrado correctamente? El ministro Montoro, máximo responsable de la Agencia Tributaria, ha fundamentado y defendido expresamente ése y otros ceses en la cúpula destituida "porque eran todos socialistas".

Las reacciones de los colectivos profesionales afectados (inspectores de Hacienda y técnicos de Hacienda) han venido caracterizadas hasta ahora por la prudencia y la responsabilidad, pero este escándalo no puede quedar sin reproche social y político. Gobernar un país desde un gobierno no puede equipararse a la gestión de un cortijo.

No tienen desperdicio las afirmaciones de la mano derecha del ministro en la Agencia Tributaria, su director general, Santiago Menéndez, quien ha afirmado sin rubor alguno que para recaudar más nada como una amnistía fiscal, además de recordar a los inspectores que no se obsesionen con los grandes contribuyentes. Se ve que es mejor, o por lo menos más cómodo, inspeccionar a los pequeños, que no dan guerra y pagan sin rechistar. Esta afirmación es penosa, y se olvida en su orgía de poder absoluto que todo funcionario a quien debe lealtad es a la institución, no a un partido político y a sus consignas, y que el objetivo de la Agencia y de sus funcionarios adscritos es recaudar los impuestos, defender los intereses de la Hacienda pública y, sobre todo, aplicar las leyes fiscales vigentes, respetando los principios constitucionales de igualdad, generalidad, capacidad económica y no confiscatoriedad de los tributos. La regeneración de la política no es posible sin una previa regeneración institucional, y este penoso ejemplo de chulesca prepotencia política por parte del ministro Montoro mina más aun la confianza de los ciudadanos en el sistema. Solo el ejemplo de dignidad que representa la secuencia de dimisiones materializadas por parte de altos cargos de la propia Agencia, como la del director de inspección, a modo de respuesta frente a este triste episodio de arbitrariedad aporta una lección de responsabilidad y ejemplaridad frente a la desviación de poder perpetrada desde el Gobierno.