Nueva legislatura vasca: ámbitos para el consenso (II)

En política tan importante como alcanzar acuerdos y consensos es saber cómo gestionar el desacuerdo, cómo diseñar una estrategia que permita avanzar pese a puntuales discrepancias pero sin bloqueos. Una propuesta de acuerdo basada en pilares claves para nuestro futuro tales como un plan de choque para afrontar la crisis económica y la pérdida de empleos, la paz y la normalización política, la estabilidad de todas las instituciones vascas, el desarrollo de políticas sectoriales al servicio de la sociedad vasca con mayor desarrollo y bienestar de la justicia social, y la necesidad de ahondar en una nueva cultura política que restablezca puentes de diálogo y de empatía, superando la política de bloques, no ha de caer en saco roto durante esta legislatura.

Es una obviedad, pero también conviene recordarlo, que no es posible negociar ni llegar a acuerdos si una de las partes se encierra en sí misma. Frente a esta visión excluyente y maniquea de la política, ahora, más que nunca, hace falta liderazgo, visión como conductor con luces largas, capacidad de prospección para gobernar el futuro y manejar con acierto el complejo panorama presente, y equipos dirigentes que crean de verdad en los consensos con el diferente. Nuestro país lo necesita. Completando la reflexión de hace unos días, propongo completar el marco de trabajo en cuatro nuevos ámbitos:

Debemos abrir un debate serio y fundado en torno al porqué de la persistencia de un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional. La asunción en exclusiva del conocimiento de ciertos tipos de delitos a favor de este tribunal se contrapone al principio, constitucionalmente establecido, del derecho de toda persona al juez legal predeterminado por la ley. Dicho de otro modo: con su creación se respetó la legalidad "formal" (porque se diseñó una ley para dar cobertura a esta excepcionalidad) pero se vulneró la legalidad "sustantiva" o material, al mantener la exclusividad en el conocimiento de delitos (como el terrorismo) que obligan al juez mejor situado para su conocimiento (por razón del lugar de acaecimiento del hecho) a inhibirse a favor de la Audiencia Nacional.

Hay que superar en esta legislatura la anquilosada y ya muchas veces ineficiente y obsoleta regulación civil foral para desarrollarla, modernizarla y adaptarla a nuestros tiempos. Es un reto de nuestro autogobierno, que puede resultar además útil en los tiempos de crisis que estamos soportando, y nos permite conocer cómo nuestro sistema legal se basaba en un concepto social de la propiedad, en un respeto a los pactos equitativos, y en el deseo de que los acuerdos, la autonomía de la voluntad de las partes, fuese la regla fundamental o básica de la regulación de las relaciones sociales.

Ojalá se entienda así, desprovisto de la tensión que en este país trae aparejada cualquier politización de las instituciones. Y desde fuera dejen de atacar un sistema que no esconde privilegio alguno, sino que es piedra angular del autogobierno, anclado en algo más que la mera tradición, la mera suma de años: es la esencia de nuestros derechos históricos, de nuestra peculiar e inveterada (ni mejor ni peor que la de otros, simplemente la nuestra) forma de ordenación de nuestra vida en sociedad.

Normalización supone abandonar desde el Estado la vía penal para llevar adelante juicios políticos, normalización supone no estigmatizar social ni políticamente por razón de las ideas, supone competir por el apoyo social en igualdad de condiciones, y asumir que amenazar, amedrentar y por supuesto matar al diferente es sencillamente una barbaridad injustificable. Normalización es desterrar el uso de la violencia como instrumento de acción política. Ojalá lleguemos a buen puerto, centremos nuestras energías vitales en sacar adelante a nuestro país, y despoliticemos una sociedad y un entramado institucional demasiado encorsetado por las disputas políticas.

Cuando en aras de la seguridad se vulneran derechos fundamentales, se está otorgando a los terroristas una primera victoria. Es inadmisible hablar de tolerancia "cero" para ciertas vulneraciones de derechos y mirar para otro lado ante flagrantes ejemplos de violaciones de otros derechos fundamentales. Y solo si nos rebelamos contra unas y otras vulneraciones legitimaremos la reivindicación de la paz, la superación de "trincheras mentales" que permiten a unos y a otros contemplar con diferente nivel de aceptación moral las violaciones de derechos fundamentales, según de donde provengan. La vida, la integridad física y moral, la dignidad, la ausencia de violencia no admiten gradación en función de la víctima o del agresor.

¿No resulta inadmisible mantener en prisión meses y años sin juicio a militantes de la izquierda abertzale, personas contra las que no hay sino conjeturas probatorias basadas en hipótesis construidas política y policialmente para desactivar políticamente a un sector de nuestra sociedad?

¿No resulta injustificable extender el grado de pertenencia a banda armada a militancias exclusivamente políticas? ¿No es vergonzoso que reivindicar un trato justo, sin agravios y con los mismos derechos a todos los encarcelados suene a connivencia en lugar de a una lógica democrática de exigencia de igualdad de trato?

Debemos encontrar, también en este ámbito penitenciario, un nuevo y potente consenso para lograr cambiar esta vengativa e injusta política.