sorprende el silencio y la falta de reacción que el caso Mendia, esto es la denuncia impulsada por la consejera de Justicia por supuestas irregularidades en la contratación de proyectos informáticos en los años 2000 y 2009 colocando bajo sospecha la honorabilidad de personas físicas y afectando de manera directa a la imagen corporativa y, lo que es peor, a la actividad de negocio de empresas de reputado prestigio, ha tenido en el Gobierno Vasco, cuando mañana se cumple una semana de la decisión del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, de archivar las actuaciones judiciales iniciadas a instancias del Ejecutivo presidido por Patxi López.
La cuestión no es baladí porque el carpetazo del fiscal Calparsoro a una investigación que ha durado seis meses sobre un supuesto fraude de servicios informáticos en el departamento de Justicia en la pasada legislatura por valor de 23 millones de euros tuvo su origen en un acuerdo del consejo de gobierno, presidido por el lehendakari Patxi López, y del que también son responsables colegiados todos los miembros del Gobierno Vasco.
Y a mayor ahondamiento, la proponente del acuerdo, Idoia Mendia, como consejera de Justicia, aprovechó su condición de portavoz del ejecutivo para, en la solemnidad de una rueda de prensa oficial para comunicar los acuerdos del consejo de gobierno, poner en marcha el ventilador de las sospechas contra su antecesor, dos cargos públicos y una empresa que ha visto sufrir sus efectos en su negocio.
Ya sé que el archivo del fiscal Calparsoro ha supuesto todo un jarro de agua fría al Gobierno López, mucho más cuando, por la soledad en la que se halla está abocado a adelantar las elecciones, y que en Ajuria Enea existe un gran malestar por su decisión, a pesar de todas las presiones, habidas y por haber, que ha tenido que soportar para que se iniciará el procedimiento judicial. En este caso parece que la independencia entre los poderes públicos ha funcionado. Todo un dato a tener en cuenta.
Si nos atenemos a eso, que a algunos se les llena la boca, del respeto al Estado de Derecho, la realidad es que ha quedado evidenciada la inconsistencia de unas supuestas acusaciones que dieron pie al inicio de una actuación judicial por parte de todo un Gobierno, auspiciada ni más ni menos que por su Departamento de Justicia, que se supone de esto algo debe saber, y llevada a efecto por la viceconsejera, María Victoria Cinto, que durante muchos años ha sido presidenta de la Audiencia Provincial de Donostia. Increíble.
Tamaño despropósito de algunos que se supone que son profesionales y no saben distinguir lo que es un error de uso administrativo de una prevaricación con todo lo que ello supone de alarma social y crear sospechas, al margen que por el medio haya intencionalidad política y una creencia de que los instrumentos de la Justicia iban a funcionar en determinada dirección, no tiene otra respuesta más que la dimisión no solo por razones políticas, sino porque tanto la consejera Idoia Mendia como la viceconsejera María Victoria Cinto han demostrado su incapacidad técnica para ocupar los cargos que ostentan. Que yo sepa no forma parte de la norma que un fiscal archive un proceso instruido a instancias de un Gobierno por no apreciar hechos constitutivos de delito. Ni en la Venezuela de Chávez se da este ejemplo de surrealismo político.
Lo que es peor de este asunto es que en el propio Gobierno Vasco, López entre ellos, y en el mismo PSE, sabían en que terreno fangoso había entrado la consejera Idoia Mendia, en su lucha justiciera contra el PNV al poner en marcha un ventilador, tres años después de llegar al gobierno, sabiendo desde un principio que el aparato estaba roto. Por eso, no es de recibo el silencio que está teniendo el Gobierno Vasco en el caso Mendia, lo que demuestra que no saben cómo encarar esta difícil situación, que en un Estado democrático y en Europa, donde parece que estamos a pesar del señor Draghi, tiene muy pocas salidas. Y eso, a pesar de estar a dos o tres meses de las elecciones (si hay adelanto).
Otra cuestión importante y, no por ello, más urgente en la actual situación de crisis, es quién va a reparar el daño que en la imagen y en el negocio se ha hecho a la empresa que ha aparecido como sospechosa de unas supuestas irregularidades que el fiscal Calparsoro no ha podido probar. Nadie puede calcular el efecto que ha tenido en sus actividades la actuación de la señora Mendia porque no hay ningún elemento que pueda medir los efectos, pero lo que sí es cierto, tal y como lo han reconocido desde Ibermática, que dos contratos a punto de firmar por valor de varios millones de euros se perdieron quince días después de que anunciara públicamente las actuaciones. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Gobierno Vasco, del lehendakari López y de la consejera Mendia, en los efectos que su decisión va a tener en la cuenta de resultados de este ejercicio?
Por eso, a pesar de estar en agosto y en vacaciones, los silencios en un Gobierno nunca son buenos porque, en contra de lo que dice el refrán, no significa que se reconozca la realidad, sino simplemente demuestran inoperancia e incapacidad. Justo lo contrario a los tiempos de recesión y rescate que vivimos.
