Centralismo Autoritario y negación de Derechos Históricos
bajo el señuelo de la crisis se esconde una poderosa vis atractiva, una fuerza histórica proveniente de la inercia del pasado que inclina a muchos dirigentes del PP y del propio Gobierno de Rajoy a pensar en un regreso al Estado centralizado, tal y como propuso, sin tapujos ni medias tintas, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. La razón de fondo es que se concibió un modelo autonómico sin otro objetivo que el de acallar las demandas de mayor autogobierno de las nacionalidades históricas (Euskadi y Catalunya, junto a Navarra, Galicia y a lo sumo Aragón), y esa generalización del techo competencial y de todo el proceso autonómico propició la configuración de diecisiete entes autonómicos (más otras dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en total diecinueve estructuras atomizadas) en buena medida artificiales.
Estos entes autonómicos, así creados, adquirieron, respondiendo a una estrategia política perfectamente calculada, una armonización competencial (el conocido como café para todos) y una arquitectura institucional y administrativa mimética, idéntica unas a otras, gestándose así un modelo territorial demasiado redistributivo cuyo objetivo, no declarado pero real, era relativizar el alcance competencial de tales nacionalidades históricas de forma que su hecho diferencial quedase difuminado o fagocitado dentro de ese disperso mapa o magma autonómico.
Cabe recordar que la tan sacralizada y venerada por muchos Constitución española no mencionaba ni menciona el número ni la denominación de tales Comunidades Autónomas, y mantiene un ambiguo e impreciso Título VIII sobre distribución competencial entre el Estado y las autonomías modificado de facto a través de leyes orgánicas que han reinterpretado su tenor literal en beneficio de las competencias estatales. El uso y abuso de la denominada "legislación básica" es un claro exponente de todo ello.
No es de extrañar esta retórica neocentralizadora que asalta los discursos de tecnócratas de la política que identifican Estado y nación española como un todo, como una sola entidad, que conciben el pluralismo como un problema y no como riqueza, que añoran una visión jacobina del Estado y que disfrazan su centralismo autoritario bajo grandilocuentes vocablos técnicos propios de la jerga contable y de la utilización racional de los recursos económicos.
Para ellos el Estado es como una entidad societaria con filiales a las que cabe moldear, ningunear o simplemente apartar del "negocio" cuando no interesa en la estrategia empresarial.
Puede y debe debatirse sobre cómo racionalizar los costes de estructura, sobre cómo coordinar acertadamente todo el ensamblaje autonómico, pero hay quienes apuestan, de paso, por avanzar hacia una uniformización del modelo, centralizando mayores competencias en manos del Gobierno central bajo el señuelo de la optimización de recursos. Esta nueva tecnocracia política, aparentemente desideologizada, encubre en realidad un sentimiento de desapego hacia lo que consideran un mero apaño descentralizador que no ha traído más que problemas.
Cada vez que esta cuestión se suscita vuelven las voces que consideran la "excepción" vasca como un agravio para el resto de autonomías, un privilegio sin fundamento. Frente a quienes siguen considerando nuestra capacidad y nuestra exigencia de mayor autogobierno como meras reminiscencias históricas carentes de toda base y patrimonializadas por un nacionalismo político supuestamente (a sus ojos) voraz, egoísta e insolidario cabe recordar que la igualdad de derechos y obligaciones de "todos los españoles" en cualquier punto del "territorio nacional" no puede ser entendida como rigurosa uniformidad del ordenamiento jurídico.
El principio de igualdad sustancial no puede confundirse con la absoluta uniformidad. No existe una homogeneidad absoluta de los derechos de los ciudadanos en todo el "territorio nacional".
No cabe hablar de una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento jurídico a nivel estatal, de la que resulte que en cualquier parte del territorio nacional se hayan de tener los mismos derechos y obligaciones. Así lo ha declarado el propio Tribunal Constitucional.
Bajo el señuelo de la unidad de mercado no pueden jibarizar o menguar nuestro sistema competencial. Ese comportamiento del gobierno central es desleal, injusto e ilegal, por muchas justificaciones técnicas que pretendan dar.