Paraísos fiscales y crisis: la hipocresía institucionalizada
Economía sumergida, paraísos fiscales, deslocalizaciones fraudulentas o insolidaridad fiscal son conceptos que se repiten ante el eco social de descontento e indignación que provoca esta dura crisis. ¿Qué hace Europa para optimizar los controles ante el fraude?; ¿por qué no se comunitariza esta competencia de control?; ¿por qué no se controla el flujo de capitales con el mismo ardor guerrero con el que se persigue a los inmigrantes?; ¿por qué no se pone coto al enorme colchón de fraude y evasión que en el interior de la propia Europa se consolida y aumenta?; ¿cómo concienciar a los ciudadanos sobre su cuota alícuota de esfuerzo y de responsabilidad para salir de la crisis si asistimos perplejos a la sucesión de escándalos de corrupción, nepotismo y evasión de capitales? ¿Cómo poner en marcha mecanismos eficazmente preventivos para evitar que en un futuro se produzca una crisis de tal dimensión como la que ahora nos sacude?
Demasiados interrogantes sin clara respuesta. Merece la pena reflexionar sobre algunas casi obscenas manifestaciones de este fraude que nos hunde un poco más a todos en el fango de la insolidaridad y de la autarquía, del sálvese quien pueda en lugar de la necesaria mutualización de los riesgos y de las pérdidas que genera esta situación de zozobra económica y financiera.
Vivimos en el contexto de lo que la economista italiana Loretta Napoleoni ha calificado como economia canaglia: lo que domina el planeta es la economía canalla, una fuerza incontrolable en manos de nuevas generaciones de hombres de negocios, empresarios y financieros sin escrúpulos. Como ejemplo, basta la muestra de los numerosos analistas internacionales que afirman, sin inmutarse, que los paraísos fiscales son "pilares esenciales de la mundialización económica", al tener una influencia considerable en las estrategias de inversión de las multinacionales y en la división internacional del trabajo. Y admiten, sin rubor alguno, que su supresión representaría un peligro para la estabilidad financiera internacional. ¡Inadmisible gesto de pedagogía social en medio de recortes sociales brutales!
Como un primer modo corrector de injusticias los ciudadanos miramos hacia esos paraísos fiscales. Y quedamos perplejos porque siendo posible intervenir, ya que la información existe, no se actúa con la contundencia punitiva que sería deseable. Este momento histórico podía haber sido la oportunidad de la UE para rediseñar su papel a nivel mundial, pero el exceso de voces, las distintas políticas internas y exteriores de los países miembros han reducido su efectividad, y de hecho se ha convertido en un gran paraíso fiscal a causa de la Patriot Act aprobada en 2001 por el Congreso estadounidense, que introdujo el control y la severidad para con los flujos de dinero que llegan a los Estados Unidos. De esta manera, el blanqueo de dinero se ha trasladado al viejo continente gracias a la falta de una normativa homogénea y exhaustiva contra el blanqueo y los paraísos fiscales.
Lo que más desconcierta e indigna a los ciudadanos europeos es la pasividad de sus autoridades políticas ante estos paraísos bien identificados y que minan directamente los pilares del modelo social europeo. Liechtenstein, en el corazón geográfico de la UE, aporta cifras elocuentes: 35.000 habitantes, 70.000 fundaciones, 110.000 millones de euros depositados en cuentas bancarias cuyo titular es imposible conocer. Suiza, Luxemburgo, Malta o Chipre, estos tres últimos miembros de pleno derecho de la UE, mantienen legislaciones que de facto les convierte en paraísos fiscales dentro de la propia UE. El secreto bancario es la principal fuente de prosperidad de los establecimientos financieros de tales estados, porque el dinero procedente del blanqueo, de la corrupción, de los diversos tráficos y, sobre todo, de la evasión fiscal ha podido fructificar allí con casi total impunidad.
Estos paraísos fiscales ocupan un lugar destacado en el centro de nuestra economía: en la Unión Europea, el fraude fiscal representa de media entre el 2 y el 2,5% del PIB. Una política de lucha eficaz contra los paraísos fiscales conlleva adoptar un plan de acción a largo plazo, basado en una articulación jurídica de políticas europeas y nacionales, para minimizar las repercusiones económicas y financieras. Será necesario pasar por encima de la soberanía de los Estados culpables, para lo cual es necesario un impulso político actualmente inexistente.