Parecería una ironía comparar la justicia yankee con la española, pues en algunos aspectos son idénticas. La noticia: Después de medio siglo del asesinato de Malcolm X, dos de los tres condenados son declarados inocentes del crimen por una jueza de Nueva York. Reconoce que ha habido errores judiciales y ocultación de pruebas por parte del FBI y agentes encubiertos. Un documental de Netflix ha impulsado el giro judicial. Se amplía el contexto para mostrar lo injusta y torpe que es la calaña a la que pertenecen los jueces y los fiscales en EEUU, pues las evidencias de que se cometía una injusticia eran abrumadoras y los abogados de los condenados presentaron innumerables recursos demostrando su inocencia y la actuación mafiosa del FBI, aportando pruebas falsas para evitar su descrédito. Los cuerpos policiales son muy celosos con el principio maquiavélico de “sostenella e no enmendalla”. No constituye una sorpresa, pues parece que la corrupción profesional va implícita en su ADN como condición para ingresar en los cuerpos policiales en todos los países. Ahora los condenados son excarcelados sin reproche alguno para los jueces y fiscales, que se limitan a recibir con naturalidad los parabienes de una ciudadanía amorfa que considera que la función de la policía es reprimir y la de los jueces y fiscales darles cobertura legal, sin considerar la legitimidad de las pruebas ni el afán de venganza corporativa. En España la judicatura y los cuerpos policiales pueden aportar gran experiencia al respecto, pues el CGPJ, máximo órgano de representación de la judicatura, lleva actuando con mandato caducado tres años. Además, diversas sentencias del Supremo han sido revocadas por los tribunales europeos por interpretaciones forzadas de las leyes. La tortura a detenidos vascos en los cuarteles que quedan evidenciadas ante los tribunales europeos no son investigadas por el gobierno, que en muchos casos indulta a los autores o dejan que los delitos prescriban.
