Quisiera huir del bucle de conflictividad que rodea todo lo relativo a nuestra lengua propia, el euskera. Y el punto de partida podría ser tratar de responder de forma consensuada a diversos interrogantes clave para superar la polémica generada por la serie de decisiones judiciales sobrevenidas: ¿cómo lograr potenciar la cooperación o la colaboración lingüística en torno al euskera entre el sector público y la sociedad?; ¿cómo superar el objetivo de “normalización lingüística”, tal y como se intitula la ley del euskera de 1982; ¿cómo lograr abrir una nueva etapa que proyecte su operatividad sobre una renovada realidad social multicultural y plurilingüe, tan distinta a la de hace ya cuarenta y un años?
Cabría seguir preguntándose cómo debemos gobernar esa complejidad sobrevenida de la sociedad en esta dimensión lingüística, qué supone ser lengua “propia” además de lengua “oficial”, aclarar si existe una verdadera paridad entre ellas o en realidad se articula una relación de jerarquía que se impone en favor del castellano frente a las denominadas lenguas cooficiales, analizar cómo cabría promover con éxito y desde el Derecho un nuevo estatus competencial para nuestra lengua propia, el euskera, y concluir analizando en qué medida la igualdad que se proclama entre las lenguas cooficiales es real o el término tan sólo se reduce a una igualdad formal.
Son muchas preguntas y cuestiones abiertas, sin duda, y que permiten poner encima de la mesa los elementos claves o troncales del debate; tal vez cabría culminar ese elenco de interrogantes introductorios con una afirmación conclusiva que a la vez debiera operar como premisa inexcusable para proyectar el desarrollo del euskera y de una política lingüística eficaz hacia el futuro: la premisa tuitiva de los derechos individuales ha de pasar por consolidar la garantía de opción lingüística efectiva de la ciudadanía tanto en el plano privado como público-administrativo, como inexcusable equilibrio entre las lenguas cooficiales.
La garantía de ese derecho de opción de lengua no tiene por qué condicionar la política; la cooficialidad o doble oficialidad no impide avanzar e incluso privilegiar la potenciación del uso de la lengua propia. Sin embargo, la jurisprudencia del TC ha encorsetado en buena medida esta posibilidad de desarrollo de una propia política lingüística que, sin vulnerar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, impulse o trate de impulsar la lengua propia en los planos público y privado.
En efecto, el intento de dotar al euskera de un estatus legal que garantice su crecimiento orgánico se ha visto afectado por una especie de silente mutación constitucional, porque las lagunas existentes en el sistema han dado lugar a una reinterpretación de los términos del artículo 3 de la Constitución en un sentido restrictivo.
Frente a quienes pretenden ejercer el darwinismo lingüístico abandonando al euskera a su suerte, como si de un fenómeno natural se tratara, hay que apostar de forma sincera por la diversidad y por el fomento del uso del euskera y de su prestigio social como lengua propia.
En una sociedad con dos lenguas oficiales no sólo es posible sino que es necesario, es estrictamente democrático y respetuoso con la voluntad de la ciudadanía, proceder a la regulación y a la normativización del uso de ambas lenguas oficiales en el espacio público, tanto en las administraciones públicas como en espacios en los que existe una relación comercial, mercantil o de consumo.
Ésa es la clave y ése es el nutriente principal del consenso como motor de todo el necesario proceso de consolidación y modernización, de asunción social del prestigio de una lengua como el euskera. Hace falta generosidad y sentido de la realidad. Representa sin duda un déficit importante que una parte de nuestra sociedad (parte del mundo erdaldun) viva de espaldas hacia el mundo del euskera, con un desconocimiento absoluto sobre su existencia, su creación y sus inquietudes.
Si el euskera es de todos, no sólo de una parte de la sociedad vasca, y si su solución descansa en caminar hacia una sociedad cada vez más bilingüe hay que asumir sin equívocos ni complejos que la promoción del uso y del prestigio del euskera es una tarea de todos, vasco hablantes y no vasco hablantes, de todos, sin exclusión. Si asumimos que es una tarea de todos y que forma parte del corazón, la columna vertebral de nuestra sociedad (porque afecta a sentimientos identitarios), es evidente que el desarrollo de una política lingüística que potencia el uso y el prestigio social del euskera debe ser objeto del mayor consenso social, cultural y político posible en una sociedad tan diversa como la nuestra. l
