¿Cómo superar el objetivo de “normalización lingüística”, tal y como se intitula la ley del euskera de 1982, y lograr abrir así una nueva etapa que proyecte su operatividad sobre una renovada realidad social multicultural y plurilingüe, tan distinta a la de hace 41 años?
Entramos en una semana decisiva (el martes 19 confluyen ambos hitos) para el estatus de nuestra lengua, el euskera, en dos dimensiones políticas de gran trascendencia. Por un lado, estamos a la espera de la decisión que a nivel Europeo adopte el Consejo de la Unión que se celebrará pasado mañana, martes 19, acerca de la solicitud formulada por el Gobierno español para que el euskera, el catalán y el gallego se incorporen al elenco de las actuales 24 lenguas oficiales en el seno de la Unión Europea.
Su inclusión sería mucho más que simbólica y representaría un verdadero hito histórico. No será fácil, porque la aprobación de la decisión requiere unanimidad de los veintisiete Estados para modificar el vigente reglamento europeo que regula esta cuestión. Confiemos en que prime la profundización en los principios de oficialidad, de democracia y de pluralismo lingüístico, porque la existencia del hecho multilingüe es una de las características definitorias de Europa y ha de serlo también de su modelo de articulación política, en constante evolución.
El artículo 167 del Tratado de Lisboa establece claramente que “la Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros dentro del respeto de su diversidad nacional y regional” y, por tanto, anima a que se actúe no solo con el fin de preservar y salvaguardar la riqueza del patrimonio lingüístico de la Unión como parte de esta diversidad, sino también con el fin de dar un paso adelante en la consolidación y la promoción de este patrimonio junto a las políticas de los Estados miembros.
En un contexto de reorientación del régimen del uso lingüístico de las instituciones de la Unión Europea, cabría encauzar esta troncal cuestión a través de una doble línea de actuación: la reducción del número de lenguas de trabajo y la garantía de ámbitos de uso oficial respecto de las lenguas declaradas oficiales en los Estados miembros.
El segundo gran hito para nuestro euskera también se sitúa en el martes 19: de forma previa a la futura aprobación de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Mesa de este Cámara ha aprobado esta semana una resolución en virtud de la cual el euskera, junto al catalán y el gallego, van a poder ser utilizados ya en el pleno del propio martes 19 de septiembre. El PP, que dispone de cuatro de los nueve miembros que componen la Mesa frente a los cinco de la mayoría progresista formada por el PSOE y Sumar, se ha opuesto alegando que la modificación propuesta es “precipitada” y que no es “aceptable” jurídicamente.
La realidad es que si, como parece previsible, se mantendrá el apoyo de todas las fuerzas políticas que han validado la misma, el uso de las lenguas cooficiales estará ya implantado para el debate de investidura del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, fijado para los días 26 y 27 de septiembre.
Juan Ignacio Perez aportó sensatez y sólida argumentación frente a quienes ven en este acuerdo un “escándalo”. A su juicio, el escándalo es, precisamente, que para mucha gente, eso sea un escándalo y ha esgrimido sólidos argumentos, centrados en el respeto que merecen los hablantes de esas lenguas hasta ahora vetadas en el Congreso. Si no se tiene en consideración su opción lingüística se les trata, de hecho, como ciudadanos de segunda categoría; esbozó asimismo el argumento anclado en el estatus y prestigio social de la lengua (que tiene gran valor simbólico), y por último, desarrolló razones de índole política que podrán gustar más o menos pero son igualmente respetables.
¿Estamos ante una “concesión”, fruto de la negociación de la investidura de Sánchez? ¿La razón de este avance en diversidad y reconocimiento de valor de la pluralidad lingüística proviene de la convicción en pro de una convivencia más armónica o surge de la necesidad? Tristemente este debate se superpone al más importante: no cabe sostener que, como el uso exclusivo (y excluyente, hasta ahora) del castellano es cómodo, práctico (porque todos lo conocen) y barato, hay que mantener inalteradas las cosas. Este pobre y vacuo argumentario no se sostiene. La lengua materna es parte del ser de cada persona, no debe marginarse su uso en la sede de la soberanía popular.
