Con pretendida solemnidad pero resultado ampuloso, Alberto Núñez Feijóo presentó el lunes en Cádiz su plan de calidad institucional; o sea, las primeras medidas que pondría en marcha en ese ámbito si llegara a La Moncloa. Entre todas las demás, se ha llevado los mayores titulares la propuesta de que gobierne la lista más votada. Para empezar, en los ayuntamientos. Dicen que posteriormente podría extenderse el cambio a las comunidades autónomas y al Gobierno central. A lo mejor, tal vez, según, quién sabe.
La modificación del régimen electoral puede ser incluso deseable si viene detallada, amén de desmenuzada desde el punto de vista jurídico. También si es presentada allá donde corresponde y cuando corresponde. Sin concretar aspectos importantísimos de la reforma propuesta, por ejemplo si se plantean elecciones a doble vuelta, se está ofreciendo un brindis al sol. Tal vez algo peor: una inmensa estupidez, además de un peligroso ataque a la dinámica parlamentaria y representativa. En realidad, a nadie se le oculta que todo se debe a la incomodidad que le produce al PP la imperiosa necesidad que tiene ahora de arreglarse con Vox, aún más a partir de mayo. Se trata de ir preparando un estrafalario relato que consistirá en echarle la culpa al resto si se ven obligados a gobernar con los de Abascal.
De momento, la endeblez de la ocurrencia se está demostrando en el hecho de que muchos representantes institucionales populares no saben qué responder cuando se les pregunta al respecto, o incluso rehúsan aseverar si están de acuerdo con el plan. Si propuestas como esta, que en otro contexto tendría un recorrido interesante, son planteadas con este nivel de frivolidad e inconsistencia, no debe extrañar a sus impulsores que la gente se las tome con desdén. Desde el mismo acto de presentación han reducido a la nada lo que no deja de ser un debate necesario.
