Son niñas, no esposas: un compromiso que también interpela a Europa

En el Día Mundial de los Derechos Humanos, Haurralde Fundazioa, junto a organizaciones socias de Centroamérica, Caribe, Mozambique y Afganistán, lanza una campaña de recomendaciones políticas frente a una de las vulneraciones más flagrantes de derechos: el matrimonio infantil, precoz y forzado.

Aunque solemos asociar esta realidad a “otros países”, la práctica nos interpela también desde Europa y, en concreto, desde Euskadi. Como recuerda el Instituto Europeo de Igualdad de Género, todo matrimonio de una persona menor de 18 años debe presumirse forzado, porque niñas y niños no pueden prestar un consentimiento libre e informado. Es decir, el matrimonio infantil es siempre una forma de matrimonio forzado.

Un problema global que se agrava en contextos de crisis

América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde el matrimonio infantil no ha disminuido en los últimos 25 años y presenta la segunda tasa más alta de embarazo adolescente a nivel global. En 2023, solo en Colombia se registraron 4.128 niñas de entre 10 y 14 años embarazadas. Mozambique, país con el que Haurralde mantiene una larga trayectoria de cooperación, se sitúa entre los Estados con las tasas más altas de embarazo adolescente en África: alrededor de 180 nacimientos por cada 1.000 chicas de 15 a 19 años. La razón de mortalidad materna sigue siendo elevada, con 127 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Cuando el embarazo se produce en niñas de 10 a 14 años –y en casos extremos incluso en niñas de 9 años– el riesgo de muerte materna y de complicaciones graves se dispara: sus cuerpos infantiles, con pelvis y órganos reproductivos aún en desarrollo, favorecen partos obstruidos, hemorragias, infecciones y fístulas obstétricas.

Si miramos hacia Oriente Medio y Asia Central, encontramos realidades igualmente extremas. En países como Irán se han impulsado reformas legales que permiten el matrimonio de niñas desde los nueve años. En Afganistán, desde 2021 el cierre de escuelas para niñas, el desmantelamiento de sus derechos y la pobreza extrema han disparado los matrimonios forzados. 

El costo humano del matrimonio infantil

El impacto en la vida de las niñas, sus familias y comunidades debe leerse en clave de salud, pobreza y violencia. Las uniones tempranas se asocian también con tasas más altas de depresión, ansiedad y estrés postraumático. El aislamiento, la sobrecarga de cuidados y la violencia por parte de la pareja se producen en un momento vital en el que, en condiciones de igualdad, estas niñas deberían estar construyendo su futuro, no sosteniendo un hogar a costa de su salud y su libertad.

El ciclo educativo suele cortarse de forma abrupta: no concluyen la escolarización básica, quedan excluidas de la formación profesional y del empleo digno. Y el matrimonio temprano no afecta a todas por igual: las niñas indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes y aquellas que viven en pobreza extrema enfrentan una probabilidad mucho mayor de ser empujadas a estas uniones, en contextos donde racismo, clasismo y patriarcado se entrelazan para limitar sus opciones de vida.

Un marco jurídico robusto que también obliga a Europa

Como directora de Haurralde Fundazioa y tras años de trabajo en estos territorios, sostengo que el fenómeno del matrimonio infantil, precoz y forzado debe leerse dentro de un marco normativo internacional ya muy claro y robusto. La Convención sobre los Derechos del Niño, La CEDAW y su Recomendación General 31. 

La Agenda 2030 refuerza ese consenso a través de los Objetivos de Desarrollo. 

En el espacio europeo, la Convención de Estambul marca un punto de inflexión: el artículo 37 obliga a tipificar como delito el hecho de forzar a una persona –adulta o niña– a contraer matrimonio, así como el de trasladarla a otro Estado con ese propósito. 

Europa, España y nuestra Comunidad Vasca no están exentas de esta problemática. 

La cercanía social y política del problema obliga igualmente a actuar bajo el principio de debida diligencia. Sin embargo, Euskadi carece todavía de un protocolo integral para detectar, prevenir y actuar ante matrimonios concertados o forzados, especialmente en contextos migratorios. Es urgente dotarnos de herramientas que permitan: coordinar servicios sociales, educación, salud, justicia, policía y organizaciones feministas; garantizar rutas seguras para las jóvenes que deciden romper estas uniones; y ofrecer medidas de protección social y de regularización administrativa cuando la residencia depende del vínculo conyugal. 

Desde Gipuzkoa, Haurralde Fundazioa trabaja junto a los ayuntamientos de Donostia e Irun, y con la Diputación Foral, para impulsar acciones de cooperación que fortalecen organizaciones feministas y comunitarias en países donde el matrimonio infantil sigue siendo estructural. Estas alianzas permiten actuar en terreno en educación, salud sexual y reproductiva, empoderamiento económico de mujeres y transformación de normas sociales, al tiempo que alimentan procesos de sensibilización y prevención en el ámbito local.

Contamos con instrumentos jurídicos y políticos válidos. El desafío es convertirlos en políticas públicas concretas, que unan la cooperación internacional y la acción local, y que sitúen en el centro la voz y la vida de las niñas y mujeres, aquí y allá. Porque son niñas, no esposas. Y porque sus derechos no admiten fronteras.