Todos tenemos en mente, principalmente los donostiarras, el incendio que asoló la ciudad de San Sebastián tras su toma por los aliados anglo-portugueses a los ocupantes franceses a finales del año 1813. Fueron 7 días y 7 noches de un pavoroso incendio, consentido por los propios mandos libertadores al que sobrevivieron exclusivamente 35 casas que se situaban en la falda del Monte Urgull, hoy calle 31 de agosto, fecha en la que “se conmemora” tan funesto siniestro. A partir de ahí la reconstrucción de la ciudad fue el objetivo prioritario para las autoridades civiles, los acaudalados, los mayorazgos y la población civil. Su inicio además de tardío resultó muy dificultoso. En el libro “Historia de la reconstrucción de San Sebastián” su autor, Dn Miguel Artola Gallego, hace un impresionante trabajo de máximo rigor acerca del proceso de reconstrucción recogiendo toda la documentación oficial a que da lugar. En el capítulo 6, nos da cuenta de lo que representó en el inicio de la reconstrucción, la falta absoluta de lugares habitacionales, de comercio e industria, señalando que fue tal la subida del precio de los alquileres, que se hizo necesario la fijación de una tasa con el fin de evitar la explotación de los inquilinos por parte de los dueños de las casas y barracas. “Hay casas se decía en una representación al Consejo de Castilla, en que se pedía la sujeción de las rentas a una tasa marcada por los peritos, que antes redituaban de 4 a 5.000 reales y en la actualidad producen más de 28.000 reales. Almacenes que antes daban de renta solos 900 reales y hoy rinden 12.000 reales. Barracas, cuyo coste no excede de 20.000 reales y por sus alquileres cobran más de un 33 %. Esta misma o mayor desproporción se observa en las restantes casas, sus almacenes y tiendas”.

A primeros de abril de 1815, el Consejo de Castilla, (Órgano de gobierno de la Regencia), emitió una Real Orden que señalaba que previa audiencia instructiva de los dueños, no pudiesen éstos exigir de los inquilinos más cantidad que la que regulasen los inteligentes y en setiembre, apoyándose en la anterior Real Orden, el Ayuntamiento nombró una comisión compuesta de tres individuos para que informasen acerca de las rentas pagadas por las casas, habitaciones, almacenes, barracas y tiendas con la intención de poner coto a las cantidades abusivas que se cobraban en concepto de renta. Los propietarios que veían amenazados sus ingresos y prerrogativas apelaron a la Diputación planteando el problema de la tasa de rentas como un ataque a los fueros y libertades del país, acusando al Ayuntamiento de atribuirse facultades propias del Corregidor y solicitando se ordenase al Ayuntamiento suspendiese las gestiones iniciadas. Esta solicitud fue desestimada y se siguieron manteniendo las tasas. a pesar de la oposición de los propietarios que vieron decrecer sus ingresos y la antigua libertad de que disfrutaban.

A punto de decidirse el proyecto definitivo de la ciudad, unas pocas parcelas lograron la licencia de construcción lo que como un espejismo hizo que bajaran las rentas temporalmente, lo que aumentó la presión de los propietarios al Ayuntamiento para que solicitara del gobierno la eliminación de las tasas. El Ayuntamiento, fiel a su misión de regular con justicia las relaciones vecinales, pidió el 28 de octubre del 1816, al Consejo la anulación de la anterior Real Orden “mandando que no rija la tasa de rentas ordenada en la que se sirvió librar con fecha de 15 de abril de 1815, sino que los propietarios de casas puedan arrendarlas libremente o por las rentas en que convinieren con los que quieran pasar a ocuparlas”.

A principios del 1817, el Consejo de Castilla resolvió “que hasta tanto que los propietarios de casas de la ciudad de San Sebastián no se edificasen setenta habitables, estén sujetos a la tasa acordada por el Consejo en 12 de abril de 1815. El Ayuntamiento nombró una comisión para controlar esa situación y verifica que para el día 15 de diciembre alcanzaban ya el número de 102 casas habitables, cifra más que suficiente para retornar a la libertad de alquileres por todos deseada”.

La escasez de viviendas y locales, al igual que hoy en día, hacía subir los precios, y las medidas para limitarlos, las Tasas, tenían sus opositores, al igual que hoy en día. La falta de suelo disponible era el problema, pues, aunque todo el suelo de la ciudad pertenecía a no muchos propietarios que querían construir a gran velocidad, no se daban las circunstancias de aprobación de licencias a falta de la definición definitiva del modelo de ciudad. Hoy, 210 años después, los intereses de los constructores, propietarios e inquilinos siguen siendo los mismos que antaño pero existe una gran diferencia con ese tiempo pasado, hoy la vivienda es un derecho, lo dice la Constitución, que corresponde asumir a la Autoridad competente en su ámbito, municipal, Provincial, o Comunitario.

Para ello debe promover suelo libre para edificación libre y, crear suelo público para edificación pública, donde construir vivienda pública en alquiler. En relación con este segundo supuesto, se deberá tener en cuenta, varios factores, a saber: 1.- El suelo público no podrá estar ubicado en zonas urbanas tensionadas sino en espacios limítrofes a los centros urbanos. Caso de que en ellos surjan espacios óptimos para viviendas, se deberá proceder a su venta para financiar la vivienda en alquiler en otros espacios. 2.- Se deberá favorecer la edificación en poblaciones de baja densidad para evitar la saturación de los grandes núcleos urbanos y la ya constatable “Euskadi vacía”. 3.- Se trata de construir viviendas dignas que satisfagan las necesidades básicas, nº de habitaciones, superficie, garaje, trastero, etc., que se ajusten a las necesidades particulares de los diferentes destinatarios y no viviendas equiparables a las libres a precio protegido. 4.- Obviamente estamos hablando de un uso temporal, limitado, pactado inicialmente y que revierta en el fondo habitacional una vez superada la situación del necesitado que motivó la adjudicación de la vivienda, en definitiva, más suelo público, alquiler regulado y duración preestablecida.

Todo da a entender que el Gobierno vasco ha adoptado acertadamente medidas legales en esa vía. Se aprecia interés político y voluntad, hay capacidad suficiente, solo falta analizar, decidir correctamente y echar a andar. Ánimo y suerte.

Ingeniero industrial