Lo más típico para iniciar un escrito sobre la burocracia sería traer a colación alguna cita de Kafka. De esta manera, el lector podría hacerse una idea de lo absurdo e ininteligible que resultan muchos de los trámites que la todopoderosa Administración Pública nos obliga a realizar. Sin embargo, creo que la maraña administrativa supera incluso a Kafka y sus laberínticos bucles.

Hemos llegado a esta situación poco a poco, bajo una retahíla de procedimientos perfectamente justificados, cada uno de ellos. No obstante, al observar el panorama general, nuestra relación con la Administración se ha convertido en una fuente de tensión y amargura. Algunos podrían argumentar que la ventanilla del funcionario siempre ha sido una experiencia vejatoria, pero en la actualidad, queda más en evidencia que nunca, puesto que cualquiera puede comunicarse con el resto del mundo de manera rápida y ágil a través del móvil.

El resultado global de esta burocracia desbordada confirma lo que Balzac nos recordaba: que la Administración está gobernada por pigmeos. Los funcionarios, más que los políticos, inventan a diario nuevos requisitos y sus correspondientes procedimientos.

Al lector se le ocurrirán muchos ejemplos y habrá ocasión de discutir de otras obligaciones administrativas, pero me quiero referir a una en particular que roza lo absurdo tanto por su finalidad como por sus exigencias, se trata de la comunicación preceptiva para la salida de menores al extranjero.

Esta obligación tiene su origen en Europa, específicamente en el Reglamento (UE) 2016/399 del 9 de marzo de 2016, conocido como el Código de Fronteras Schengen. En su Anexo VII.6, esta regulación establece normas que afectan directamente a los menores, sometiéndolos a los mismos controles de entrada y salida que los adultos. Además, se establece un mandato específico para los menores que viajan solos: los agentes fronterizos deben realizar una inspección para asegurarse de que no están abandonando el territorio contra la voluntad de las personas que ejercen la patria potestad.

Vale, no nos pongamos estupendos. La normativa lo establece así y se interpreta de manera estricta. Por lo tanto, aceptemos que el control debe llevarse a cabo, aunque su eficacia sea más que dudosa. Tendría su lógica en un viaje de larga estancia. Sin embargo, el gran problema radica en que esta normativa se aplica incluso a una simple excursión escolar que cruza la frontera por unas pocas horas. No existe ningún matiz, lo que significa q*ue es obligación de todos los responsables legales el tener que presentarse ante la Ertzaintza para cumplir con esta exigencia.

Este procedimiento implica que obligatoriamente debemos dirigirnos a Comisaria, completar un formulario, presentar nuestros DNIs y el libro de familia, rezando para no haber olvidado ningún documento, ya que en caso contrario, tendríamos que regresar con toda la documentación necesaria. Ah, y si hay más de un progenitor, ambos deben presentarse simultáneamente. Después, hay que esperar pacientemente a que se revise la documentación y se actualicen los registros correspondientes. Estimo, sin temor a equivocarme, que este trámite supera en todos los casos los 45 minutos.

Claro que se podría hacer electrónicamente, “o eso dicen” los agentes de autoridad, mientras también critican lo absurdo de esta autorización frente a decenas de ciudadanos indignados. Todos saben que es una pérdida total de tiempo que solo afecta a las personas con menores a su cargo.

Uno se pregunta si no sería posible encontrar una solución que permita recoger esta autorización directamente en los Centros Educativos, los cuales ya gestionan las autorizaciones para excursiones o viajes escolares. En la era en la que se puede abrir una cuenta bancaria con el móvil y los mensajes de WhatsApp son válidos como prueba en procesos judiciales, ¿por qué no podría ser válido un correo electrónico? No sería descabellado permitir, al igual que sucede con Osakidetza, autorizar a través de un simple SMS o una llamada telefónica. Incluso, si fuera necesario, no se podría considerar una autorización grabada por teléfono. Estoy seguro de que la inteligencia, ya sea artificial o no, será capaz de idear soluciones más efectivas.

Estamos ante tantos requisitos que nos muestran la verdadera naturaleza de nuestra relación con la Administración. En lugar de servir a la ciudadanía, a los ciudadanos nos convierte en siervos de su burocracia. Como se decía antaño, “a quién corresponda”. Profesor de Derecho UPV/EHU