La sentencia por agresión sexual contra el futbolista Dani Alves contiene argumentos que constituyen una enmienda a la totalidad al trato innoble que decenas de jueces y juezas han dado a presuntas víctimas de estos delitos durante décadas de democracia –antes, sencillamente, no había ni caso– .

Yo no sé si el paso dado por el tribunal a la hora de convertir en práctica jurídica lo que se recoge en la tan debatida y rebatida ley de garantía integral de la libertad sexual habría sido posible en el marco anterior a la ley de septiembre de 2022, reformada en abril del año pasado. Lo que tengo claro es que demasiados tribunales, en demasiadas ocasiones han argumentado ideológicamente en sentido contrario para no amparar a una víctima.

Sentencias de no hace demasiado tiempo permiten comprobar que a sus señorías no les parecía suficiente el nivel de resistencia física esgrimido por una víctima para considerar que no quería mantener relaciones sexuales, si no había cardenales o algo peor que lo atestiguara; o que el grado de provocación atribuible a sus movimientos o su modo de vestir constituían bien un atenuante, bien una eximente de responsabilidad de su agresor. Y que eso de cambiar de opinión en pleno jugueteo sensual no era suficiente para pretender que la pareja contuviera su instinto animal. El pobre.

La decisión de la Audiencia de Barcelona coge por la pechera de la toga a quienes han firmado hasta la fecha sentencias con esos argumentos y les planta ante su cara la miseria de su falsa moralina. Grandes aplausos. Pero, ay, reduce su condena a cuatro años y medio –que yo no sé si es mucho o poco y en comparación con qué– porque el multimillonario acusado dejó en depósito 150.000 € para indemnizar a su víctima. El atenuante, que no es por arrepentimiento, puesto que ha mantenido hasta el final que la relación fue consentida, ha reducido tan fuertemente una condena que, en atención a los hechos considerados probados, podría haber alcanzado los 8, 9 o 12 años. Deja el desagradable regusto de que violar es un delito penalmente más grave entre pobres que para los ricos.