Compartimos esta reflexión al hilo de la manifestación que Sare convocó el pasado día 13 de enero en Bilbao, bajo el lema Llaves para la resolución. Empezaremos recordando algo que los que se consideran defensores de los presos de ETA suelen omitir: cuando ETA existía, ella misma imponía las condiciones en las que sus presos y presas debían permanecer en la cárcel. El control sobre los suyos era férreo, despiadado. Porque acogerse a las medidas de reinserción para progresar de grado o disfrutar de permisos estaba prohibido, por lo que el preso de ETA tenía restringida su libertad por partida doble: al tiempo que cumplía pena por haber cometido un delito, ETA le obligaba a acatar una disciplina estricta, impidiendo que progresara humana y penitenciariamente. Pero desde la izquierda abertzale solamente nos han contado la mitad de esta película.
Desde el momento en el que empezó a haber presos de ETA comenzaron las reivindicaciones en favor de sus derechos y por la amnistía. Aunque siempre se ha evitado y se evita verbalizar, de forma medida y cuidadosa, cuál es el delito o los delitos que han cometido estas personas –para así reforzar la idea de que es injusto que estén encarcelados–. Se evita decir que bastantes presos cumplieron íntegras sus penas porque la propia ETA les prohibía entrar en procesos de reinserción y progresar de grado. Y se evita decir que muchos no disfrutaron de permisos por esta misma razón. A esto habría que añadir la asfixiante presión social que se ejercía sobre los presos que no acataban la disciplina de ETA, a los que se les tachaba de traidores, a la par que se les aislaba socialmente.
Afortunadamente ETA ya no existe, pero la huella que ha dejado en esta sociedad es nefasta. A día de hoy son 150 los presos que permanecen en la cárcel, todos cerca de su lugar de residencia. Un tercio de ellos ha decidido seguir el camino que establece la legislación penitenciaria, y desde el 1 de octubre de 2021 51 de ellos solicitaron la concesión del tercer grado. 40 ya lo disfrutan de manera firme.
En este contexto Sare celebró su manifestación anual. En esa convocatoria hacen alusión a los derechos de los presos vascos. Algo inexacto e impreciso, porque en realidad se refieren sólo a los presos de ETA; siguen calificando como políticos a presos que están en la cárcel por haber atentado o haber ayudado a atentar gravemente contra la vida y la integridad física de otras personas; aunque oficialmente aseguran no pedir la amnistía, todos sabemos de lo que hablamos; y en estos momentos propugnan el fin de la excepcionalidad legislativa defendiendo la supresión del requisito del arrepentimiento y la petición de perdón a las víctimas (requisito legal que debería ser abordado en las Cortes).
No cualquier reivindicación es un derecho, y si es un derecho humano, en principio debería ser reclamado para todas las personas. No arrepentirse por asesinar a alguien es una opción, no un derecho, y que la ley penitenciaria recoja que, para obtener un beneficio la persona en cuestión, deberá hacer una revisión crítica de los crímenes que ha cometido es una condición que no parece injusta. Por el contrario, marcar desde fuera una línea roja para que estos presos no se arrepientan es cruel e inmoral, se mire por donde se mire.
Es evidente que en amplios sectores de nuestra sociedad ha existido y sigue existiendo un silencio sepulcral a la hora de arropar a las víctimas o deslegitimar la violencia de ETA, al mismo tiempo que muchos y muchas se han manifestado en favor de sus victimarios. No es tarde para expresar la solidaridad hacia ellas, es una de nuestras asignaturas pendientes. Y sigue siendo absolutamente necesario que cada uno de los miembros de esta sociedad exprese que la violencia de ETA fue injusta y cruel, ya que el resto de las violencias ya las condenamos, y hacemos bien. Están en juego nuestros valores y nuestro futuro.
En esas manifestaciones se sigue presentando como víctimas-mártires a quienes han cometido gravísimos delitos. Es una trampa ética, porque ese victimismo camufla las responsabilidades de los presos de ETA y de quienes les apoyaron en su estrategia político-militar terrorista
Aprovechamos para referirnos a la polémica surgida a raíz del llamamiento al boicot hacia una persona por haber participado en la citada manifestación. Pedimos que se respete su libertad de expresión y su derecho a trabajar y desarrollar su talento sin que sea víctima de ninguna campaña de boicot en su contra. Pero es indecente que desde un ámbito como el de la izquierda abertzale, que junto con ETA impulsó durante años duras y despiadadas campañas de boicot contra personas, productos y empresas –campañas que tuvieron en muchos casos unas consecuencias devastadoras– se atrevan a denunciar eso mismo que ellos hicieron sistemáticamente, ahora que las víctimas del boicot se encuentran entre ellos, sin haber hecho previamente el más mínimo ejercicio de autocrítica. No queremos vivir en una sociedad en la que a quien piense diferente se le señale, se le acose, se le corten las alas y se le haga la vida imposible. Eso mismo hicieron ETA y su entorno durante décadas y fue horrible. Aún estamos sufriendo sus consecuencias.
Por una memoria deslegitimadora de la violencia y el terrorismo. l
También firman Joseba Eceolaza Latorre, Fabián Laespada Martínez, Maite Leanizbarrutia Biritxinaga, Amagoia L. de Larruzea Zarate, Xabier Mugarza Ayastuy, Lourdes Oñederra Olaizola, Pello Salaburu Etxeberria, Iñaki Uribarrena Ibarguengoitia y Sabin Zubiri Rey, miembros de Gogoan-Por una Memoria Digna
