La pobreza infantil, la violencia contra la infancia o la salud mental de niños y niñas son temas de los que pocas veces hemos oído hablar a lo largo de este año electoral. Sin embargo, son los principales problemas que afectan a un colectivo, la infancia y adolescencia, que representa el 18% de la población a nivel estatal y cuyos intereses deberían formar parte del debate electoral y de las propuestas de los partidos políticos que concurren en los próximos comicios.
En nuestra sociedad, el desafío principal para la infancia es la vulneración de sus derechos, ya que todos los niños y niñas deben poder ejercerlos plenamente, incluida la participación en todos los ámbitos y decisiones que les afecten.
En este sentido, Unicef ha trasladado a todos los partidos políticos una serie de propuestas a incluir en sus programas electorales para avanzar en materia de derechos de infancia; primero, con las elecciones municipales y forales en Euskadi, y, ahora, con la vista puesta en las elecciones generales, que están ya a la vuelta de la esquina y que marcarán la línea a seguir en políticas de infancia en los próximos cuatro años.
Es una oportunidad para que las fuerzas políticas refuercen su compromiso por la infancia y, sobre todo, no olviden aquellas iniciativas que se han quedado pendientes y que pueden marcar un cambio sustancial en la vida de miles de niños y niñas, como son la ampliación de la deducción fiscal reembolsable por hijo o hija menor de tres años hasta los 18 años de forma progresiva, o la universalización del primer ciclo de educación infantil de 0-3 años, entre otras.
En un contexto de policrisis en el que convergen los efectos derivados de la pandemia, el desafío medioambiental y el impacto de la guerra de Ucrania, es necesario dibujar a grandes rasgos la situación que viven los niños, niñas y adolescentes, ya que se trata de una realidad que no acapara grandes titulares, pero que nos deja datos preocupantes.
El crecimiento de la pobreza y la desigualdad se ha agudizado en los últimos años: uno de cada tres niños y niñas en España está en riesgo de pobreza o exclusión social (32,2% según la ECV 2022), el tercer peor dato de toda Europa. En Euskadi, la cifra asciende al 27,4% (según umbral autonómico). Esta desigualdad en la infancia afecta a sus vidas y a su desarrollo, pero también impacta y compromete el bienestar de toda la sociedad a medio y largo plazo. Según la OCDE, los costes de la pobreza infantil en la edad adulta suponen una pérdida del 4,1% del PIB.
Asimismo, los datos de acoso escolar (el 33,6% lo ha sufrido alguna vez), ciberacoso (22,5%) o violencia sexual (entre el 10 y el 20% de los niños, niñas y adolescentes han vivido algún tipo de violencia sexual) también merecen una reflexión sobre la necesidad de crear entornos seguros y protectores, sin olvidar la situación de la infancia migrante no acompañada que se enfrenta a riesgos añadidos, tales como las devoluciones automáticas, la estigmatización o los ataques de odio.
Por otro lado, ha comenzado una conversación pública sin precedentes sobre salud mental, liderada por adolescentes y jóvenes que alertan sobre este problema, que cada vez toma mayor visibilidad y que requiere de mayores medidas en materia de prevención, detección precoz, promoción y atención, desde una perspectiva multisectorial, comunitaria y psicosocial.
Los retos se amplían en educación, con tasas de abandono escolar temprano muy elevadas, siendo el Estado español quien ocupa el segundo peor puesto de la UE con un 13,9%. Retos que solo podrán atajarse desde una firme apuesta por una educación inclusiva y de calidad, que permita que todos los niños y niñas tengan un acceso equitativo a todos los servicios que ofrece el sistema, incluidos aquellos relacionados con el entorno digital. En este sentido, la falta de un consenso político y social sigue justificando la necesidad de un pacto por la Educación que permita consolidar los avances y ponga a los niños y niñas en el centro.
Sin embargo, para atajar todos estos desafíos, es fundamental contar con una inversión suficiente y con verdaderas políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia. La inversión en infancia genera beneficios para toda la población promoviendo el desarrollo, y aumenta la productividad, el crecimiento económico y los niveles de cohesión social. España no puede seguir invirtiendo únicamente la mitad que la media de la UE en protección social de las familias y la infancia, 1,6% del PIB frente al 2,5% de la media de los 27.
Por todo ello, creemos que es fundamental que haya una voluntad y compromiso político firme y real para proteger de forma colectiva a la infancia y adolescencia, cuya atención debe ser prioritaria por encima de las ideologías, y cuyo bienestar debería asumirse como tarea conjunta de toda la sociedad. Porque la principal oportunidad que tenemos delante como sociedad es la propia infancia y juventud. Siguiendo esta premisa, otros países han conseguido modelos económicos y sociales más justos, sostenibles y exitosos. Esa es la dirección en la que debemos mirar.
