Este año 2023 coincide con la renovación electoral de nuestras Juntas Generales de Gipuzkoa y con el 44º aniversario de la celebración el 22-4-1979 del primer Pleno de las mismas en Arrasate, tras la restauración foral largamente reclamada desde la abolición foral en 1876. Nada menos que 107 años de abolición de nuestras libertades políticas. Cabe subrayar en este proceso la consolidación de las Juntas Generales como Parlamento Foral de Gipuzkoa, tal y como pusieron de manifiesto diferentes autores en el libro coordinado por los profesores Ugartemendia y Zelaia en 2006.
Este aniversario, así como el final de legislatura, es un buen punto de referencia para reflexionar sobre el tránsito del concepto histórico de fueros al de Derechos Históricos de Euskal Herria. En este contexto, es útil una breve referencia al potencial político de nuestros Derechos Históricos mediante actualizaciones.
Las Juntas Generales y sus Derechos Históricos reflejan en el ordenamiento su propia naturaleza constituyente para el pueblo vasco. Esto supone subrayar el potencial y la naturaleza que caracteriza a los Derechos Históricos, incluso para garantizar una relación bilateral con el Estado y un sistema de cumplimiento de nuestros pactos. Una lectura similar está presente en el caso alemán en las relaciones de Alemania con Baviera, donde rigen cláusulas de asunción de figuras parecidas a los Derechos Históricos en el artículo 79.3 de la Constitución alemana y en el artículo 178 de la Constitución bávara. El caso de Escocia también es significativo con su proceso de “Devolución de poderes” de Londres a Edimburgo más allá del Tratado de la Unión de 1707.
Miguel Herrero de Miñón, Derechos Históricos y Constitución (1998), dota a los Derechos Históricos de la sustantividad derivada de su ubicación, formando un “grupo normativo” que, reconociendo derechos preexistentes, goza de un valor jurídico con plena validez, incluso de reconocimiento de esa identidad nacional vasca advertida por el Lehendakari Urkullu en el concepto de “nación foral” cuyos derechos pueden y deben ser actualizados mirando a la UE.
El primer libro mencionado, publicado por el IVAP y las Juntas Generales de Gipuzkoa en 2006, aborda con destreza el papel de las Juntas Generales y su naturaleza parlamentaria de democracia representativa y participativa, según los profesores Jauregi y Saiz.
Un elemento central del ámbito competencial de las Juntas Generales es el desarrollo normativo del Concierto Económico, también como eje central de nuestro sistema fiscal y financiero, incluso ante la UE, como subrayan los profesores Razquin, Castells y Bengoetxea. Cabe recordar que, en materia de Normas Forales fiscales, su control jurídico se realiza ante el Tribunal Constitucional desde la reforma pactada en 2010, aspecto que refuerza la naturaleza parlamentaria de las Juntas Generales. La figura de las Juntas Generales en relación con las competencias de la Comisión Arbitral es también una cuestión relevante, aspecto tratado por el profesor Cobreros en la misma publicación.
Es significativa la cita rescatada por J. M. Castells, en palabras de Pi i Margall (Las Nacionalidades, 1877, pág. 229) sobre la foralidad vasca: “Se administran y gobiernan aún por sí mismas las provincias vascongadas y Navarra. A excepción de la última (que también tuvo Cortes propias hasta su abolición en 1841)… celebraban todas periódicamente, Juntas Generales en que bajo una u otra forma, estaban representados sus pueblos y se trataban y resolvían los más arduos negocios”.
Las Juntas Generales desarrollan hoy un notable papel en materias centrales de nuestro día a día, para definir normativas y políticas de fiscalidad, promoción económica, protección social, medio ambiente y medio rural, movilidad, carreteras, euskara, igualdad, participación ciudadana, memoria histórica y cultura, entre otras de importancia, junto a la propia designación del Diputado o Diputada General, el control e impulso de la Diputación Foral y la aprobación anual del presupuesto de Gipuzkoa. En esta legislatura, condicionada por la pandemia y la invasión de Ucrania, no supondrá sorpresa alguna subrayar el protagonismo de las políticas de protección social en Gipuzkoa que representan más del 50% del presupuesto foral anual y que, previsiblemente, deberán seguir fortaleciendo su importancia.
Además de lo anterior, en el tránsito de la reivindicación foral hasta hoy, destaca una lectura moderna de la institución de los Derechos Históricos y de las propias Juntas Generales como Parlamentos Forales que impulsan y garantizan la democracia representativa y participativa.
Los Derechos Históricos de Euskal Herria y el papel de las Juntas Generales son bastante más que un sistema bilateral de fiscalidad y financiación pública. Su importancia política merece un quehacer constante para el reconocimiento democrático de nuestra identidad nacional en la UE. Es un reto y una tarea de nuestras instituciones y de la sociedad en su conjunto.
Presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa
