ace poco más de un mes, el periodista vasco Pablo González fue detenido en Polonia, mientras cubría el éxodo de ucranianos tras la invasión rusa, acusado de espiar para el país de Vladímir Putin. Palabras mayores. Pero, desde entonces, ni su mujer, ni su familia, ni sus amigos han podido hablar ni contactar con él, tal y como lamenta su esposa, Ohiana Goiriena, en el vídeo que han publicado con el propósito de conocer la situación en la que se encuentra y exigir su liberación. Por supuesto, un flagrante despropósito en pleno siglo XXI, aunque, visto todo lo que está pasando en Ucrania, ya no sorprende nada. En el caso de Pablo, que seguirá encarcelado al menos hasta el 29 de mayo, se han vulnerado 18 artículos de la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según denuncian, y solo ha tenido contacto con el cónsul español en Polonia. Y lo peor de todo, las autoridades polacas le han apresado sin poner de momento ninguna prueba fehaciente sobre la mesa. Hay muchas incógnitas por resolver en este truculento e intolerable caso por el que, además, el Gobierno español está pasando de puntillas. Y su familia, además de respuestas, necesita verle para saber que está bien... Por la libertad de prensa, por la libertad de Pablo.