Cinismo versus estado de derecho

El caso Bateragune se basó en la Ley de Partidos de 2002, bajo la premisa del famoso "todo es ETA", que supuso uno de los desarrollos del Pacto Antiterrorista entre PSOE y PP, aquel que aludía a "la estrategia promovida por el PNV y por EA" de "imposición de la autodeterminación". Llegado 2009, cuando la izquierda abertzale trabajaba por un cambio estratégico y por la famosa "acumulación de fuerzas" -por cierto, recuerdo que Xabier Arzalluz definió gráficamente aquella "indar metaketa": la izquierda abertzale como palo del almiar y los demás, refiriéndose a EA, etc., en el papel de hierba-. Pérez Rubalcaba, a la sazón ministro de Interior de Zapatero, el mismo Zapatero que hace un par de días, no sin cinismo, ha afirmado que "Otegi apostó decididamente por el fin de la violencia", mandó detener y encausar a Otegi, Rodríguez, Díez, Zabaleta y Jacinto. Tras ello vino la sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada después por el Supremo y el Constitucional. Los encausados cumplieron íntegras sus condenas, seis años de prisión. Pero en 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos enmendó la plana a todos los tribunales españoles y declaró que los acusados no tuvieron un juicio justo.

Ahora, el TS de Marchena, con poderío, considera que la nulidad del proceso Bateragune obliga a sentar de nuevo en el banquillo a los que en su día fueron condenados. Y lo hace con un argumento que exuda cinismo: "el Estado de Derecho no puede permanecer impasible ante una privación de libertad cuya justificación final se ignora". ¿Cómo puede el mismo TS que ratificó la condena de la AN decir ahora que ignora la justificación de la condena que validó? El argumento del TS sitúa el Estado de Derecho español en el mismo nivel de calidad que el de Polonia o el de Hungría, como mucho, porque la evidencia de falta de imparcialidad del Poder Judicial y de su politización resulta aplastante. Para adornarla, hagamos referencia al tuit de Macarena Olona, hasta no hace mucho Abogada del Estado en Euskadi -por cierto, no olvidamos su montaje por las obras de la lonja del Puerto de Pasaia, ni que entonces contó con la colaboración de LAB y el aplauso de EH Bildu y Podemos- y ahora diputada de Vox, en cuanto conoció la resolución de Marchena: "GRACIAS. Gracias por tanto. Hoy será un honor volver a defender la independencia del Poder Judicial desde el Congreso. Ni un paso atrás".

Es muy posible que la Sala II del TS esté pretendiendo poner en un brete al gobierno de Pedro Sánchez, echando leña al fuego de la acusación de toda la derecha española de "las cuentas de ETA". Pero es muy posible que Marchena esté jugando taimadamente a más largo: que esté preparando el terreno para cuando el Tribunal Europeo anule previsiblemente el despropósito perpetrado por su propia Sala contra los independentistas catalanes, condenados y encarcelados por un delito de sedición inexistente en base a argumentos tan exóticos como aquel de que las manifestaciones pacíficas a favor de la independencia resultaron ser "alzamientos tumultuarios". Al fin y al cabo, si la sentencia del procés coló, ¿por qué no va a colar volver a sentar en el banquillo a los de Bateragune? Y, ya puestos, si se puede devolver el caso Bateragune a la Audiencia Nacional, ¿qué impedirá, existiendo un precedente, volver a encausar a los soberanistas catalanes? Total, si sale el Ministro de Justicia del PSOE y se pone de perfil como, por otra parte, siempre hace el PSOE en estos casos, y se limita a decir que "en España los Tribunales actúan para cumplir la ley", ¿qué pueden temer los ilustres magistrados? Pues nada.

Antes, estas cosas se consideraban parte de la Estrategia de Estado pero ahora se ha puesto de moda acusar al "Estado profundo" -hay que entender que el concepto hace referencia a los Poderes del Estado controlados por la derecha- para, así, salvar al Gobierno del Estado de tener ninguna responsabilidad. Se está estableciendo una dicotomía que facilita en parte los posicionamientos políticos -Arkaitz Rodríguez: "el Estado profundo intenta que descarrile la mayoría de la investidura"- pero que no deja de tener líneas difusas que pueden acabar resultando incómodas. Si se piensa bien, no todas las actuaciones de ese supuesto "Estado profundo" son mal recibidas por el "otro" Estado. Aquí van unos cuantos ejemplos, pero son legión: el PSOE votó a favor del 155 en Catalunya; el PSC pidió la retirada de una iniciativa sobre el derecho de autodeterminación en el Parlament "porque el Tribunal Constitucional lo prohibía"; nunca se ha oído al PSOE criticar ni el juicio ni la sentencia contra los catalanes; no hace tres meses que el Presidente Sánchez responsabilizó cínicamente, al legítimo y depuesto President Torra, nada menos que de "judicializar el conflicto catalán"; con un evidente afán de venganza, el TS ha retirado el tercer grado a los presos del Procés y Pablo Iglesias no quiso entrar a valorar "la calidad jurídica de una decisión judicial". En todo esto es fácil ver una única Estrategia de Estado, más allá de la del llamado "Estado profundo".

El mismo lunes, el TS dictó otra resolución que contraviene toda la doctrina previa y su propia jurisprudencia: a partir de ahora las indemnizaciones a pagar a las víctimas de un delito no prescriben. Y no es descabellado pensar que esa decisión tenga que ver con que la Audiencia Nacional ordenara el pasado febrero el embargo de los bienes de Gonzalo Boyé, condenado en 1996 por el secuestro de Emiliano Revilla. Boyé, que niega su participación en aquel secuestro, estuvo 6 años en la cárcel y se le condenó solidariamente al pago de 1,2 millones de euros. Hasta ahora, los tribunales, siguiendo la opinión del TS, consideraban que pasados 15 años desde la sentencia prescribía la posibilidad de reclamar esas indemnizaciones. Desde el lunes, el Supremo ha cambiado de criterio, de modo que la Audiencia Nacional dispone de tranquilidad para la ejecución de los bienes de Boyé. Paralelamente, la misma Audiencia mantiene una extravagante acusación de colaboración con el narco contra el abogado. Y Gonzalo Boyé no es un abogado cualquiera. Es el abogado del President Puigdemont, el mismo que ha puesto en evidencia ante Europa tanto a la AN como al propio TS. ¿Casualidad o derecho penal del enemigo?

La tercera resolución que dio a conocer el TS este lunes anunciaba que abre causa penal contra Manu Ayerdi, consejero de Economía en el Gobierno de Nafarroa, y miembro del PNV, atendiendo a la querella presentada, con secreto y alevosía, por Javier Esparza. Si con el tema de Bateragune el TS ha hecho feliz a Vox, con lo de Ayerdi ha hecho lo propio con UPN. El TS parece dispuesto a encausar por malversación a Ayerdi por un crédito concedido en su día mediante Sodena, la Sociedad de Desarrollo de Navarra, a la empresa Davalor. Finalmente el proyecto empresarial resultó fallido. Este tema da para muchas preguntas. La primera, hasta qué punto se ha convertido la vía judicial en una manera de ejercer la venganza política y desprestigiar al contrincante político. La segunda, hasta qué punto medidas adoptadas por las instituciones con una visión digamos que "buenista" para el control de la peste de la corrupción política, como el famoso artículo 68 de la Ley del Gobierno de Nafarroa que obliga a cesar a cualquiera por la sola imputación de un delito, no neutraliza el derecho a la presunción de inocencia. La tercera, atendiendo a la nula calidad del Estado de Derecho español y analizando la descarada arbitrariedad con la que actúa el TS, hasta qué punto podemos creer que los derechos de Manu Ayerdi vayan a estar garantizados. Como bien dijo la parlamentaria del PNV María Solana: "Edozer gauza espero dezakegu Auzitegi Goren horretatik". Halaxe.

Burukide del EBB de EAJ-PNV. Portavoz en JJGG de Gipuzkoa