Todos los años por estas fechas la Unión Europea reparte las TAC (total admisible de capturas) bajo la presión de los lobbys de la industria pesquera (incluida la nuestra). Una vez más, hemos observado que no se han respetado las recomendaciones del CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del Mar). De hecho, las cuotas asignadas han sobrepasado en general más del 26 % de las recomendaciones científicas avaladas por ese órgano. Como ejemplo, en las especies más importantes, las recomendaciones científicas aconsejaban en el caladero del Atlántico Norte que el TAC para la merluza disminuyera en un 36% y ha quedado en un 1,4%. El bacalao en algunas zonas se autoriza el 96% más que el propuesto. El merlán, el 57%. El abadejo del norte, el 198%. El lenguado, el 10%. Para el chicharro se proponía una reducción del 54% y ha quedado en 23%... Inadmisible.

Es obvio que las últimas décadas han sido años de grandes capturas en zonas del Golfo de Bizkaia y sobre todo en los caladeros del Cantábrico. Ello ha generado una grave pérdida de la biodiversidad y la biomasa de muchas de las especies tales como el besugo, palometa.., etc. Es tan grave el impacto que estamos generando que la Unión Europea ha puesto en marcha una nueva política pesquera (PPC) que entró en vigor a primeros del 2015. Los puntos más importantes de esta nueva política se concretan en: un Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) para el año 2017 (a más tardar para el 2020), y la obligación de hacer una gestión sostenible de las pesquerías. Prohibiendo los descartes (en algunos caladeros el 50% de las capturas se tiran al mar con los peces ya muertos). Se busca, además, priorizar la gestión de los recursos por artes artesanales y sostenibles, mejorar en la información y en la comercialización de las capturas, etc.

Pero todos estos planes y proyectos no gustan a la industria pesquera. La industria pesquera actual huye de la regulación, es caótica, la gestión se basa en la captura de especies sin ninguna regulación y lo capturado está controlado por exportadores y conserveras que pagan en la lonja al precio que les da la gana, originando ganancias cada vez más ridículas a los arrantzales. ¿Cómo es posible que estemos exigiendo más cuota, más posibilidades de captura, cuando en nuestras lonjas cada vez el pescado capturado se paga más barato? ¿Por qué no ponemos precios mínimos a las especies y compensamos los beneficios por las capturas?¿Es posible argumentar que las cuotas son pequeñas para garantizar la mejora económica y social de los arrantzales, cuando estamos tirando pescado al mar porque no se ha vendido? ¿Qué futuro estamos proponiendo ante esta situación, la de “sálvese quien pueda” y vaciar los caladeros a límites de agotamiento de un ecosistema sin posibilidades de regeneración?

Es hora de parar esta locura. Urge la constitución de una mesa sectorial para proponer alternativas hacia una gestión sostenible y responsable de los recursos marinos con vistas a recuperar los caladeros y a esta industria, antaño generadora de riqueza económica, social y cultural. Vivimos una crisis ecológica global con grandes desafíos como la contaminación o el calentamiento de las aguas marinas. No acentuemos lo que de por sí ya es grave.