El Arope

Este indicador proyecta de forma mucho más ajustada que la propaganda gubernamental la evolución de los indicadores macroeconómicos, la exacta fotografía de la situación económica del Estado.

El PP resume con frecuencia el perfil de la anterior legislatura, la suya, en la pretendida eficiencia de sus políticas económicas, llegando a reflexiones hiperbólicas como las consistentes en afirmar que el Estado español ha pasado de ser el problema de Europa a convertirse en la locomotora de su crecimiento; modesto el presidente en funciones.

Crecimientos nominales que superan el 3% del PIB y que han constituido el señuelo de muchos de sus votantes en las pasadas elecciones estallan cuando comparamos los datos de empleo de 2011 con los de 2016: en 2011, la población ocupada ascendía a 17.907.500 personas; en la última EPA de 2015, la población ocupada asciende a 18.094.000 personas. Es decir, el empleo neto generado se corresponde con la cifra de 150.000 personas, cifra muy alejada del 1.200.000 empleos creados por la propaganda gubernamental.

Los datos que proyecta el Ministerio de Empleo no consideran la disminución de la población activa, que aproximadamente coincide con el empleo generado, ni considera la brutal degradación de las condiciones contractuales que se concretan en la concertación de nueve contratos temporales por cada diez realizados; la existencia de contratos de un día de duración o de una semana de duración o de un mes de duración, dado el carácter estacional de la empleabilidad del Estado español y la multiplicación de contratos a tiempo parcial a los que se añaden fraudulentamente horas extraordinarias.

Y lo hace considerando las siguientes situaciones: pobreza, ausencia de bienestar, bienestar mínimo y pleno bienestar. Estos conceptos se refieren a personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo (menos del 20% de su potencial de trabajo en el año anterior), carencia o privación material severa (con carencias en al menos cuatro dimensiones graves de precariedad en el acceso a bienes, servicios o recursos de seguridad).

En virtud de los Estudios sobre Pobreza Nacional en el Estado español podemos observar que la población del Estado en riesgo de pobreza y exclusión social se aproxima al 30% de los ciudadanos.

Afortunadamente Euskadi se encuentra en una situación de menos desventaja, puesto que según el Arope en nuestro país la pobreza alcanza al 13,9% de la población, 1,45 puntos menos que la media europea.

Junto al Arope, podemos considerar otro elemento relevante, cual es el umbral técnico de la pobreza definido por Eurostat, que en Euskadi alcanzaría los 811 euros/mes, dada la superior media retributiva de nuestro país, y en el resto del Estado sería de 663,3 euros/mes. También la diferencia entre los perceptores de cantidades iguales o inferiores al umbral técnico de la pobreza es de 14 puntos menos entre Euskadi y el Estado español, considerando además la superior cuantía de este parámetro en Euskadi.

Cuando el ministro de Economía y Competitividad en funciones y otros glosan “los grandes éxitos de sus políticas económicas y sociales” se olvidan de carencias materiales tan severas como tener retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, no mantener encendida la calefacción, no hacer una comida de carne, pollo o pescado cada tres días, no tener vacaciones de una semana al año, o una lavadora, o un coche o un teléfono. Alguna o todas ellas han afectado prácticamente al 49% de la población del Estado español en el año 2015. El Estado español, además, ve agravada esta situación al no poseer una renta de carácter universal como la Renta de Garantía de Ingresos de Euskadi, renta que responde de forma universal y razonablemente suficiente todas las situaciones de emergencia y exclusión de los 64.335 perceptores de la misma, a la que destinan las instituciones vascas 521 millones de euros.

Nos podríamos preguntar por qué los portavoces del Partido Popular no se refieren nunca a los 2.540.763 personas que viven en hogares con renta inferior a la renta media; a los 1.307.868 niños y niñas que se sustentan con menos del 40% de la renta media; a los 791.385 niños y niñas cuyos padres no pueden pagar el alquiler o sufren pobreza energética o no pueden afrontar gastos imprevistos, no pueden comer carne, pollo o pescado una vez a la semana y padecen cualquiera de las características que configuran las carencias severas.

Si pretendemos obtener la radiografía de la situación económica de un país, constituye un auténtico fraude democrático ponderar la evolución de parámetros macroeconómicos que proyectan la ficción de que ese país avanza en la buena dirección y que es posible alcanzar las cotas de bienestar que deberían corresponderse con lo que pretendidamente constituye la cuarta economía de la Unión Europea y el décimo país más industrializado del mundo. Este tipo de datos los oímos recurrentemente en declaraciones de distintos portavoces gubernamentales ante una atónita audiencia que sigue sufriendo los rigores de la crisis.

A modo de resumen de las reflexiones anteriores, podemos concluir que existe una forma honesta de ejercer la actividad política en la que la promoción de los logros u objetivos conseguidos resulte simétrica con la enunciación de los problemas con los que las instituciones públicas tienen que confrontar. Cuando las cosas no se hacen así, la credibilidad de los representantes políticos se resiente, lo que provoca que algunos, particularmente desorientados, sigan buscando las razones que han provocado lo que consideran “injusta desafección de la política”. Vuelvan a leer la alegoría de la caverna en la República de Platón.

Constituye un auténtico fraude democrático ponderar la evolución de parámetros macroeconómicos que proyectan la ficción de que el país avanza en la buena dirección

En virtud de los Estudios sobre Pobreza en el Estado podemos observar que la población en riesgo de pobreza y exclusión social se aproxima al 30% de ciudadanos