De la EPA 14-4 a la EPA 15-1: el milagro español

y sobre todo, se han destruido empleos de alta cualificación: se han suprimido 147.000 empleos de directores y gerentes en las empresas y en la Administración pública, 50.000 de profesores, 45.000 de ingenieros, 23.000 empleos de profesionales de la salud o 13.000 de profesionales de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Gobierno prefiere no hacer balance y sí fijarse en la mejora de los datos del último año. O, mejor dicho, hacer propaganda de los datos que mejoran y silenciar los que no. Entre el primer trimestre de 2014 y el primero de 2015 se crearon medio millón de empleos. Más de la mitad de los empleos creados son de camarero (41.000), vendedor en tiendas (56.000) y comerciales (53.000), de recepcionista y trabajador de centros de llamadas (83.000) y peones sin cualificar en la industria (24.000).

Casi uno de cada cuatro empleos se han generado en el sector de la construcción, donde además de 1,3 millones de empleos perdidos por el estallido de la burbuja y la política de ajuste del PSOE, el Gobierno actual consiguió destruir otros 230.000 empleos, de los que en el último año ha recuperado 119.000.

En la industria, el Gobierno pude presumir de que ha recuperado todos los empleos que ayudó a destruir (143.000) pero los 700.000 que se perdieron entre 2008 y 2011, ni están disponibles ni se les espera en el inmediato futuro.

Aunque los puestos de ingeniero regresan casi al nivel anterior al tsunami pepero, en este año 2015, primero de la Gran Recuperación y de la creación de empleo, se han seguido destruyendo 19.000 empleos de profesor de enseñanza obligatoria y otros tanto de técnicos en tecnologías de la información; han disminuido en más de 10.000 los cargos directivos y solo se han creado medio millar de empleos en el sector sanitario. Seguro que muchos de los titulados universitarios que no encuentran empleo en el mercado de actividades inexistentes de alto valor añadido se han podido colocar de pinches de cocina, de recepcionistas o de vendedores.

Tal parece que todo se orienta a intentar recuperar el modelo de acumulación tradicional de la economía española implantado por las grandes potencias capitalistas en pleno franquismo hace 50 años: sol, playa y gastronomía, construcción y automoción. La única innovación productiva del largo ciclo de la transición política -el desarrollo de la Administración y los servicios públicos, y con ellos la demanda de empleo altamente cualificado- se ha abandonado y seguirá deteriorándose en los próximos años, tal como anuncia el Gobierno a sus socios y a los burócratas comunitarios, pues a los ciudadanos de su país se les cuenta el asunto a medias y de tapadillo: en la revisión del Programa de Estabilidad para 2018 se prevé que haya una reducción en los servicios públicos de policía, protección medioambiental, vivienda y servicios comunitarios y actividades culturales y un estancamiento en los servicios de salud. Aunque se anuncia un aumento del gasto en Defensa, Educación y Protección Social, la demanda de trabajadores cualificados por parte del sector público será muy escasa. En un país con un sector empresarial potente, eso no sería tan grave. Pero en España, mientras más de la mitad de los empleos en el sector público requieren estudios superiores, solo uno de cada cuatro en el sector privado tiene las mismas exigencias.

Al tiempo que se reitera hasta la saciedad los centenares de miles de empleos creados en el último año, casi ha pasado desapercibido que en el primer trimestre de este año se ha logrado un nuevo récord en la promoción de la miseria: 770.000 hogares carecen de ingresos procedentes de salarios, de jubilaciones o de subsidios de desempleo. Cuando el PP llegó al gobierno, eran 140.000 hogares menos los que carecían de ningún tipo de rentas laborales. Más de 5 millones y medio de hogares (un 30% del total) tiene a todos sus miembros en paro. 388.000 hogares más de los que se encontró el PP cuando llegó al gobierno. Y en el año de la gran creación de empleo, solamente en 21.000 de esos hogares alguno de sus miembros ha encontrado trabajo.

La segmentación del mercado de trabajo no ha sido reducida por la reforma laboral, sino que tan solo ha cambiado de contenido. Hasta ahora, se definía sobre todo por el tipo de contrato, 11 millones de contratados indefinidos frente a 3,4 millones de temporales, siendo temporales un 38% de los contratos del último año. Desde mediados de 2008, han desaparecido un millón largo de contratos indefinidos, frente a 1,6 millones de contratos temporales. Durante el periodo de gestión de la crisis por el Partido Popular, por el contrario, la desaparición de empleos para contratados indefinidos (400.000) ha sido superior a la de los temporales (360.000), un dato concluyente de cómo la precarización es uno de los objetivos centrales de la reforma estructural.

Ahora la segmentación se establece también, y cada vez más, por el tipo de jornada (14, 6 millones a tiempo completo versus 2,8 millones a tiempo parcial; uno de cada seis nuevos empleos forma parte de este tipo de empleo precario). El crecimiento del trabajo a tiempo parcial ha sido muy elevado; antes de la crisis, solo el 12% de los trabajadores estaban parcialmente ocupados; hoy son un 16%. Esto significa que los 504.000 empleos creados equivalen a 486.000 a tiempo completo; pues los 2,8 millones de empleos a tiempo parcial equivalen a solo 1,3 millones de empleos en equivalencia a tiempo completo.

Pero, cada vez más, las situaciones más dramáticas de la segmentación laboral vienen dadas por la situación que se ocupa en el ejército industrial de reserva: por un lado, los trabajadores flexibles y dispuestos a transitar permanentemente del paro a la ocupación y viceversa, a los cuales se mantiene en una tensión permanente, culpabilizándoles de no haberse formado lo suficiente, o por no haberse arrastrado lo suficiente ante el empresario de turno para obtener el contrato siguiente. Aquí tenemos a unos 3 millones de personas, que van encadenando periodos de ocupación y periodos de paro de forma regular, si trabajan sobre todo en actividades estacionales, o de forma irregular. También se puede considerar dentro de esta categoría al millón de parados jóvenes de larga duración.

Y, por otro lado, los parados estancados, los parados de larga duración, cuyas posibilidades de encontrar empleo son casi nulas cuando se tiene más de cuarenta años. Para estos 1.300.000 trabajadores de más de cuarenta años que llevan más de dos años en el paro, el nuevo periodo del crecimiento creador de empleo no les permite abrigar ninguna esperanza: si en el último año 40.000 parados jóvenes de larga duración encontraron empleo (2% del total), los de más de 40 años aumentaron en 67.000. Para estos, la condición de parado ha dejado de ser una situación contingente en su calidad de trabajadores para transformarse en el elemento central de su vida social y personal.

Por encima de la evolución cuantitativa del mercado de trabajo, es la ausencia de expectativas de mejora lo que nubla el horizonte de la esperanza social. Los ciudadanos saben que la precariedad ha venido para quedarse y extenderse. Y que en el improbable regreso a escenarios anteriores, habrá burbujas, pero los trabajadores no estarán ya invitados al festín, salvo para servir el champán a los especuladores de turno. Sometidos a discursos ridículos, como que el crecimiento es necesario para crear empleo (algo así como decir que el sonido de la música es condición necesaria para la aparición del violinista) o que el empleo cutre de hoy en un chiringuito es un primer paso para que el licenciado que lo ocupa encuentre mañana un empleo ajustado a su cualificación y con alta remuneración, el milagro español no es que se cree empleo. El milagro es que la gente resista, con todo lo que le está costando.