Grecia y su circunstancia
Tras muchos años de utilizar el presupuesto del Estado para generar un sistema clientelar, la deuda pública griega se elevaba en 2007 a 240.000 millones de euros, un 103% del PIB. La crisis financiera aceleró el déficit fiscal, que superaba el 6% del PIB en los años previos a la crisis, hasta el 9,9% en 2010, 15,2% en 2009 y 11,1% en 2010, elevando la deuda hasta los 330.000 millones de euros, un 146% del PIB. En ese momento, la UE interviene el país, concediendo un crédito de 110.000 millones de euros a tres años, no para aliviar la carga de la deuda griega, sino para financiar la transformación de la deuda privada en manos de los bancos en deuda pública. Los bancos alemanes, franceses y británicos, entre otras cosas, habían financiado las compras de material de defensa por parte del gobierno griego, que dedicaba más del 3% del PIB a estos menesteres, unos 6.000 millones de euros al año, y a cambio de suculentos intereses habían facilitado crédito a los bancos griegos para que estos comprasen la deuda emitida por el gobierno.
Pero la crisis financiera anuncia que la época del crédito ilimitado entre bancos se ha terminado. Los bancos extranjeros reducen su exposición a la deuda privada griega de más de 120.000 millones de euros en 2010 a menos de 45.000 en 2014, y a la deuda pública de 65.000 millones a 3.500 millones de euros. El dinero del rescate sirve para liquidar esa deuda de los bancos y el gobierno griegos con la banca europea. Hoy, ocho de cada diez euros de deuda pública griega está en manos de la Troika, es decir, los estados de la UE (60%), el Banco Central Europeo (8%) y el FMI (10%). Los bancos europeos solo retienen actualmente menos de un 14% de la deuda pública griega; y los norteamericanos, un 8%.
Con el préstamo, la Troika impone un plan de ajuste que pretende reducir la deuda pública al 125% del PIB en 10 años, a base de generar el ahorro suficiente en el presupuesto para financiar los intereses anuales y reducir progresivamente el principal. El resultado, sin embargo, es el contrario, un aumento de la deuda pública griega a 356.000 millones de euros (171% del PIB) en un año, y la necesidad de un nuevo rescate, antes de acabar el anterior, por importe de 130.000 millones a cuatro años. Gracias a este nuevo rescate y a una quita del 53,5% de la deuda privada restante, en 2013 y 2014 la deuda se mantiene en torno al 175% del PIB, el pago de intereses se reduce de más de 11.000 millones a 7.000 millones, un 4% del PIB, y se logra el equilibrio fiscal, pero no el ahorro necesario para reducir el peso de la deuda.
Eso sí, el equilibrio fiscal, mantener el nivel de deuda y pagar los intereses se consigue a base de destruir 1,2 millones de empleos y en consecuencia reducir el valor de la producción en la cuarta parte, el cierre del 30% de las empresas, una contracción salarial del 40%, una reducción de las pensiones a la mitad respecto al valor de 2009, una tasa de desempleo del 27% y un incremento de la pobreza que duplica la tasa de cinco años atrás, con más del 41% de los niños viviendo por debajo del umbral de pobreza, cerca de 250.000 licenciados buscando trabajo en el extranjero y con una creciente concentración de la renta y de la riqueza, que lleva a que el 10% más rico de la población posea el 56% de la riqueza nacional.
Que la deuda griega no hay forma de amortizarla es una evidencia para todos los economistas serios, como para el propio pueblo griego, cuya lucha contra las medidas de la Troika y de los gobiernos anteriores ha sido épica. Que la deuda griega hay que reestructurarla mediante una quita sustancial de la deuda en manos de la Troika es una conclusión lógica de cualquier análisis técnico responsable.
De hecho, el programa de reformas de Syriza no aspira sino a frenar el desastre impuesto por la política de ajuste, fijando un nivel de deuda sostenible, hacer una quita hasta ese nivel, y a recibir apoyo de la UE para lograr que el servicio de la deuda (intereses y amortización) se financie con el valor obtenido con el crecimiento económico y no con la presión insostenible que se ha aplicado estos años al gasto y al patrimonio público griego.
A falta de cerrar las negociaciones, la posición de la UE consiste en aceptar cierto relajamiento en el rigor del ajuste, pero manteniendo la orientación general de gestión de la crisis: devaluación salarial general y permanente en todos los países y ajuste fiscal en los que mantienen niveles de deuda y déficit por encima de los limites acordados en la Eurozona, 3% del PIB de déficit fiscal y 60% de deuda.
La política económica aplicada mantiene que lo más importante es mantener un sistema financiero fuerte, a costa de lo que sea. El caso más claro y dramático de lo que significa ese “lo que sea” es Chipre: desde finales del año pasado, el FMI retiene el desembolso de la ayuda prometida y el BCE chantajea al país con no comprar bonos chipriotas hasta que el Parlamento no apruebe una ley que permita expulsar de sus casas con rapidez a las familias insolventes y pobres. La Troika promete ayuda a cambio de desahuciar de sus viviendas a la población. La pregunta entonces es: ¿para qué sirve esta ayuda? La respuesta es: para financiar el saneamiento de los bancos, que estos paguen a sus bancos acreedores griegos (11.000 millones de dólares) y alemanes (4.500 millones), y a su vez los griegos paguen? a los bancos acreedores alemanes y británicos de Grecia (13.500 millones de dólares cada uno).
En este escenario tan difícil para el gobierno de izquierdas de Syriza, la geopolítica añade una nueva dimensión a lo que está en juego en el tablero griego. Acaso la posición del FMI en Chipre refleje el castigo por el reforzamiento de las relaciones con Rusia, a quien se ofreció el mes pasado construir bases militares en suelo chipriota, y un firme candidato a explotar los yacimientos de gas de la isla. Por el contrario, el propio ministro de hacienda griego, Yanis Varufakis, reconoce que el apoyo principal a sus posiciones le viene no de una socialdemocracia europea subordinada al neoliberalismo, sino del propio FMI, un acreedor menor, pero que representa los intereses del capital norteamericano. Obama es el jefe de gobierno que más está presionando a los dirigentes europeos Merkel y Hollande para evitar la salida de Grecia del euro, lo que pondría en cuestión su continuidad en la UE, reforzaría las tendencias muy fuertes en Grecia a buscar una alianza con Rusia y debilitaría la posición geopolítica de la OTAN, el instrumento militar del poder político norteamericano en el mediterráneo oriental.
No es del todo evidente que Rusia apueste tampoco a la salida de Grecia de la Eurozona o de la UE, por la prioridad que concede en estos momentos a las relaciones con Turquía, histórico rival de Grecia y país a través del cual se prevé construir el gaseoducto que llevará gas ruso al sur de Europa, ante la negativa incomprensible de la UE a construir el gaseoducto South Stream proyectado directamente desde Rusia a Bulgaria y el resto de Europa sudoriental.
Sin embargo, el dominio absoluto del capital financiero sobre las decisiones de las autoridades europeas puede facilitar una alternativa de financiación a Grecia vía el nuevo banco de desarrollo de los BRICS, que comenzará a desarrollar sus actividades a finales de este año, mejorando la posición geopolítica de China y Rusia en esa región del mediterráneo, que depende además de cómo transcurra la situación política en Turquía y Siria.
Está por ver si la presión norteamericana es suficiente para facilitar un acuerdo en abril entre Grecia y sus acreedores que rompa con la estrategia del ajuste permanente. El desarrollo de los acontecimientos en Grecia posiblemente va a permitir evaluar hasta qué punto la Eurozona es o no un espacio político de independencia frente al poder político norteamericano o si el euro se va a revelar solo como un instrumento para la estabilización del capital financiero europeo a costa de las rentas de los trabajadores activos e inactivos. Todo un examen para la política interior y exterior comunitaria.