Se supone, e incluso puede ser cierto, que las leyes obligan a toda la ciudadanía. Pero singularmente son los poderes públicos los que están sometidos al imperio de la ley.

Si alguien debe ser especialmente respetuoso con la ley son los jueces y tribunales. Y también la Policía, en la medida en que con su actuación puede limitar e incluso cercenar derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la libertad.

Viene esto a cuento de la última razzia realizada por la Guardia Civil con amparo judicial, que se ha llevado como detenidas a dieciséis personas, doce de las cuales tienen la condición de abogados en ejercicio.

Lo primero que llama la atención es la forma en que se han producido las detenciones. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “La persona a quien se impute un acto punible deberá ser citada sólo para ser oída”. En el presente caso, el procedimiento penal se venía tramitando hace muchos meses en la Audiencia Nacional. No sólo eso. Los abogados que podrían estar afectados por dicha causa, al conocer por una filtración del ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, la existencia de tal procedimiento, comparecieron ante el Juzgado manifestando su voluntad de comparecer ante el mismo cuando fueran requeridos para ello. Aún más. Por vía del Colegio de Abogados, comunicaron al juzgado su disposición a comparecer ante él.

Si lo que buscaban es el escándalo como acto de propaganda, si querían ofrecer a la clientela política del Gobierno español una nueva demostración de fuerza y represión, con más motivo su actuación se aparta de los parámetros del derecho y pone en evidencia a sus autores.

Es tan ridícula la situación que varias de las personas detenidas iban a iniciar el día de la detención una vista oral ante la propia Audiencia Nacional que ha ordenado su detención. ¿Tan difícil era citarles para declarar? El resultado de la detención en el momento en que escribo estas líneas, abunda en lo que estoy escribiendo. Todos los abogados y abogadas en libertad provisional, tras pasar por dependencias policiales y declarar ante el Juez. ¿Para qué entonces el numerito organizado? Porque si pueden estar en libertad sometidos al procedimiento, no tiene explicación actuar como se ha actuado.

Dice también la ley que “La detención? deberá practicarse de la forma que menos perjudique al detenido? en su persona, reputación y patrimonio”. Detener para nada, con los medios de comunicación fotografiando y filmando las actuaciones policiales, no es precisamente cumplir este mandato legal. Las policías lo saben, los jueces y fiscales lo consienten y los medios de comunicación, con su lógica, se regodean en escenas de personas esposadas, forzadas a agachar la cabeza?

Pero aún hay más. Dice también la norma procesal que “cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados”. Es notorio que el juez del caso no ha cumplido con este mandato legal. Antes ya de la filtración ministerial a la que nos hemos referido, debió haber citado a los presuntos afectados por el procedimiento.

Curioso, insisto, que se detenga a un grupo de personas a las que se identifica con la defensa de esos presos y presas. Cuando la actuación policial o judicial obedece a criterios de oportunidad, no estamos hablando de justicia y derecho. Estamos hablando de política. De intereses ajenos a la ley. Y esto califica a los autores de tal actuación.

Al principio de este artículo he utilizado el término “razzia”. En su etimología tiene la connotación de las palabras “ghaziya” y “maghazi”, que en tiempos preislámicos se refería a las incursiones organizadas por los guerreros beduinos nómadas con el propósito de saquear a tribus rivales o a vecinos sedentarios y más adinerados.

La actuación de este pasado lunes ha terminado con unos guardias civiles enmascarados, llevándose en bolsas los billetes y monedas que decenas de miles de personas habían aportado el sábado anterior en la manifestación de Bilbao.

La sensación de robo que han transmitido las imágenes publicadas, se ha dejado sentir por toda la sociedad vasca. Falta sólo imaginar la jaima de la calle Prim llena de bolsas con el botín logrado en la brillante actuación policial. ¿En qué fase de la historia están el gobierno del Partido Popular y algunos jueces de Madrid?

Para todos aquellos a los que se les llena la boca afirmando que hay que cumplir la ley, una humilde recomendación: lean un poco esa Ley de Enjuiciamiento Criminal que es del año 1882. Y a cumplirla.