los aficionados al fútbol lo entenderán muy bien. Imagínense a su equipo en vísperas de una gran final cuando se descubre que el árbitro designado ha sido socio durante años del equipo rival. Para los aficionados al fútbol es una situación inaceptable. La imparcialidad e independencia que se le suponen al árbitro quedan automáticamente bajo sospecha y los responsables de su designación rápidamente tendrán que buscar una alternativa para restablecer la noción de justicia. De hecho, para evitar este tipo de situaciones, en la Liga los árbitros no pueden dirigir los partidos de aquellos equipos a cuyo territorio pertenecen. Pues bien, acabamos de saber que este criterio básico para la confianza en un asunto tan irrelevante como el fútbol no ocurre en los órganos del Estado español encargados de dirimir conflictos en los que entra en juego la Constitución. El recién nombrado presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha sido hasta ayer militante del PP. Lo fue mientras era magistrado de esta institución. No dice cuándo se dio de baja pero sí defiende su doble condición de afiliado y miembro del tribunal argumentando que la ley no se lo impide. ¿Qué tipo de afiliado era Pérez de los Cobos, de esos que ocupan las primeras filas de los mítines agitando banderas y aplaudiendo fanáticamente a su líder, o de los que ponen distancia y los juzgan críticamente? Con la que está cayendo poco nos puede escandalizar y ya sospechábamos que contra el criterio del PP no ha llegado a la cima del Constitucional. Ahora sabemos algo que clarifica todo mucho más.
